Impacto España Noticias
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, ha presentado este martes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo un nuevo escrito relacionado con la denuncia formulada el pasado 3 de agosto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su actuación ante los recientes acontecimientos ocurridos en Ceuta.
En el escrito, Bernad sostiene que los nuevos datos conocidos después de presentar aquella denuncia refuerzan su acusación de que los responsables gubernamentales conocían con antelación el riesgo existente y, pese a ello, no adoptaron las medidas necesarias para impedir la entrada masiva registrada en Ceuta.
La denuncia inicial atribuye a Sánchez, Robles y Marlaska un presunto delito de imprudencia grave relacionado, según la tesis de Manos Limpias, con la falta de actuación para impedir unos hechos que la organización considera atentatorios contra la independencia y soberanía de España.
El nuevo escrito presentado ante el Tribunal Supremo se apoya especialmente en las informaciones publicadas durante los últimos días acerca de los avisos que habrían recibido las autoridades españolas antes de los acontecimientos.
Bernad recoge expresamente la afirmación, difundida por diversos medios, de que «Moncloa desoyó todos los avisos que alertaban del asalto a Ceuta».
Según expone Manos Limpias, Frontex había emitido ya en junio un informe en el que advertía de una presencia migratoria significativa. A este aviso, sostiene la organización, se habrían sumado las advertencias procedentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y del presidente de Ceuta.
La cuestión resulta fundamental para la argumentación de Bernad: si esas advertencias existieron, llegaron a los órganos competentes y describieron con suficiente precisión el peligro que se avecinaba, la controversia deja de girar exclusivamente en torno a si el Gobierno pudo prever los acontecimientos y pasa a centrarse también en qué información recibió, cuándo la recibió y qué hizo después de conocerla.
El escrito es especialmente tajante respecto de la información que, según Bernad, habría proporcionado el CNI.
«El CNI informó con tiempo suficiente. Se sabía por completo lo que iba a pasar», afirma el secretario general de Manos Limpias.
Bernad recuerda además que los servicios de inteligencia españoles actúan tanto dentro como fuera del territorio nacional y considera que las informaciones conocidas contradicen las declaraciones de Grande-Marlaska acerca de su desconocimiento previo de lo que iba a suceder.
De acreditarse judicialmente la existencia, contenido, destinatarios y fechas de esos avisos, esos extremos podrían adquirir especial importancia para determinar qué conocían realmente los responsables gubernamentales antes de los acontecimientos y si las decisiones adoptadas fueron adecuadas a la información de la que disponían.
Manos Limpias va mucho más lejos en su valoración.
A juicio de Bernad, los nuevos datos «avalan de manera irrefutable, incontestable, la imprudencia grave de los denunciados», a quienes reprocha su «inacción» y no haber tomado las medidas necesarias para impedir lo que califica como un «delito de invasión contra la soberanía de España».
Se trata, por ahora, de la tesis sostenida por el denunciante, cuya existencia y eventual alcance penal corresponde determinar a los tribunales.
El escrito incorpora además una cuestión procesal de considerable importancia.
Bernad señala que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional está instruyendo diligencias relacionadas con los hechos denunciados.
Sin embargo, Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska tienen la condición de aforados.
Por esta razón, Manos Limpias solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que requiera al juzgado de la Audiencia Nacional para que se inhiba en favor del alto tribunal respecto de las actuaciones que afecten a las personas aforadas.
La petición pretende, en consecuencia, que sea el Tribunal Supremo el que examine las posibles responsabilidades de los tres miembros del Gobierno denunciados.
El nuevo escrito desplaza buena parte del interés hacia una cuestión que puede resultar decisiva: qué sabía el Gobierno antes de los acontecimientos de Ceuta.
Manos Limpias sostiene que no existió un único aviso aislado, sino varias advertencias procedentes de organismos distintos: Frontex, CNI, CIFAS y la propia Presidencia de Ceuta.
Si la documentación aportada o recabada durante una eventual investigación confirmara esos extremos, habría que determinar con precisión las fechas de los avisos, su contenido, las autoridades que tuvieron acceso a ellos y las medidas adoptadas tras recibirlos.
Bernad considera que esas informaciones contradicen la versión de que el Gobierno carecía de conocimiento previo suficiente.
El Tribunal Supremo deberá decidir ahora qué curso corresponde dar al escrito presentado y, en particular, si concurren los presupuestos necesarios para asumir actuaciones relacionadas con los miembros del Gobierno aforados.
Por el momento, las imputaciones contenidas en el escrito constituyen acusaciones formuladas por Manos Limpias y no hechos declarados probados judicialmente.
Lo que sí plantea el nuevo escrito es una pregunta concreta que previsiblemente estará en el centro de cualquier investigación sobre lo ocurrido:
¿Qué sabía el Gobierno antes de los acontecimientos de Ceuta, desde cuándo lo sabía y qué medidas adoptó para impedirlos?
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