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La frase de Pepe Álvarez tiene fuerza. El secretario general de UGT reivindica así su condición de trabajador, su trayectoria y su voluntad de seguir al frente del sindicato. Pero precisamente porque Álvarez lleva décadas ocupando la máxima responsabilidad de una de las organizaciones sindicales más importantes de España, hay una pregunta que resulta inevitable y que debería responder sin rodeos:
¿Dónde está el sindicalismo combativo de UGT cuando el Gobierno de Pedro Sánchez toma decisiones que afectan directamente al bolsillo de los trabajadores?
No es una cuestión de simpatías políticas. Tampoco se trata de exigir a Pepe Álvarez que haga oposición al PSOE. UGT no es un partido político y su función no es derribar gobiernos.
Pero tampoco es función de un sindicato convertirse en un compañero cómodo del Ejecutivo de turno.
Y ahí es donde la trayectoria reciente de Pepe Álvarez merece una crítica severa.
El Gobierno de España está presidido por Pedro Sánchez. Y cuando hablamos de fiscalidad, impuestos y buena parte de las decisiones que repercuten sobre la economía doméstica, hoy el responsable político que corresponde señalar es Arcadi España, ministro de Hacienda desde marzo de 2026, después de que María Jesús Montero abandonara el Gobierno para asumir el liderazgo del PSOE andaluz.
Por tanto, la pregunta que debería plantearse Pepe Álvarez es muy sencilla:
¿Qué está haciendo UGT para presionar a Pedro Sánchez y a Arcadi España cuando los trabajadores soportan una presión creciente sobre su economía familiar?
Porque los trabajadores no viven de comunicados.
Viven de sus nóminas.
Y esas nóminas tienen que hacer frente a impuestos, alquileres, hipotecas, electricidad, carburantes, alimentación, seguros y todo tipo de gastos cotidianos.
Existe además otra cuestión que merece ser debatida: la dependencia de las organizaciones sindicales de los recursos públicos. UGT y otras centrales reciben subvenciones y fondos públicos para distintas actividades. Eso no demuestra por sí mismo que exista subordinación política, pero sí plantea una pregunta legítima sobre la independencia y la capacidad de confrontación.
Cuando una organización sindical mantiene una relación económica e institucional estrecha con las Administraciones, resulta razonable preguntarse si dispone del mismo margen para enfrentarse públicamente al Gobierno que tendría una organización completamente independiente de esos recursos.
Y ahí aparece la sospecha que Pepe Álvarez debería despejar con hechos: ¿las subvenciones públicas contribuyen a que UGT sea menos contundente con Pedro Sánchez y menos proclive a sacar a los trabajadores a la calle?
La mejor manera de despejar esa duda no son las declaraciones de independencia, sino la movilización: criticar al Gobierno cuando corresponda, exigirle responsabilidades y demostrar que ningún recurso público puede comprar el silencio sindical.
Durante los últimos años, una parte importante del debate económico se ha centrado en la evolución de los salarios. Pero existe una realidad que no puede ignorarse: no importa únicamente cuánto gana un trabajador, sino cuánto puede comprar con lo que gana.
Un salario puede aumentar nominalmente y, al mismo tiempo, perder capacidad adquisitiva si los precios y los impuestos crecen más deprisa.
El trabajador lo nota cuando llega al supermercado.
Lo nota cuando recibe la factura de la electricidad.
Lo nota cuando llena el depósito del coche.
Lo nota cuando busca un piso de alquiler.
Lo nota cuando intenta comprar una vivienda.
Y lo nota especialmente cuando llega final de mes y descubre que la nómina desaparece cada vez más deprisa.
Ante esta realidad, cabría esperar una respuesta sindical mucho más contundente.
No una protesta simbólica.
No únicamente un acto institucional.
No solamente una declaración.
Una campaña sostenida de presión al Gobierno.
Esta es probablemente una de las preguntas más incómodas para Pepe Álvarez.
Pero la cuestión es otra:
¿Dónde está una gran campaña nacional y sostenida de movilización contra el Gobierno por el deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de la vida?
¿Por qué no existe una presión callejera permanente de la dimensión que hemos visto en otros momentos de la historia sindical española?
¿Por qué no se señala directamente a Pedro Sánchez?
¿Por qué no se exige a Arcadi España una política fiscal más favorable para las familias trabajadoras?
¿Por qué el sindicato no convierte el coste de la vida en una batalla nacional?
Son preguntas legítimas.
Y son especialmente legítimas cuando proceden de ciudadanos que recuerdan perfectamente la contundencia con la que los sindicatos se movilizaron contra gobiernos de signo contrario.
Hay algo que debería estar por encima de cualquier consideración política: la factura de la luz.
La electricidad no es de izquierdas ni de derechas.
El trabajador necesita electricidad independientemente de a quién haya votado.
Y cuando la electricidad se encarece, el impacto termina afectando a toda la economía: hogares, empresas, comercios y servicios.
La izquierda salía a la calle con un recibo a 45 euros con Mariano Rajoy, ahora triplica el precio, porque no hacen manifestaciones.
Desde junio de 2026 volvió a aplicarse el IVA general del 21% a la electricidad, después de las medidas fiscales extraordinarias aplicadas durante la crisis energética. El encarecimiento energético ha vuelto a tener peso en la evolución de los precios.
¿Dónde está UGT ante esta situación?
¿Dónde está la exigencia de Pepe Álvarez?
¿Por qué no se reclama al Gobierno una política energética que proteja de manera prioritaria a los hogares con rentas medias y bajas?
Un sindicato que pretende representar al trabajador debería estar dispuesto a convertir esta cuestión en una batalla política y social.
Hay otra cuestión que tampoco se puede esconder detrás de las estadísticas: la cesta de la compra.
Aunque la inflación se modere, los precios no vuelven automáticamente al nivel anterior.
Esta diferencia es fundamental.
Cuando un producto pasa de costar 2 euros a costar 2,50, que posteriormente deje de subir no significa que haya vuelto a costar 2 euros.
Para millones de familias, ese acumulado es determinante.
El trabajador que cobra una nómina sabe perfectamente cuánto cuesta hacer una compra semanal.
Y no necesita que nadie le explique el IPC.
Lo ve.
Lo paga.
Lo sufre.
Por eso resulta incomprensible que el sindicalismo español no haya colocado el coste de la cesta de la compra en el centro de una gran campaña nacional de movilización contra el Gobierno.
La vivienda constituye probablemente el mayor fracaso social para una generación entera.
Un joven puede estudiar.
Puede formarse.
Puede encontrar empleo.
Puede trabajar.
Y, aun así, no puede independizarse.
¿De qué sirve hablar de empleo si un trabajador con nómina no puede pagar un alquiler?
¿De qué sirve presumir de crecimiento económico si una pareja necesita dos salarios para afrontar una vivienda y aun así no llega?
La vivienda debería ser una prioridad absoluta para UGT.
Pepe Álvarez ha hablado de ella en numerosas ocasiones.
Pero hablar no es suficiente.
Un sindicato tiene una herramienta que puede resultar extraordinariamente poderosa: la movilización.
Si el Gobierno no resuelve el problema, se le debe presionar.
Si no construye suficiente vivienda, se le debe exigir.
Si las políticas adoptadas no funcionan, se debe denunciar.
Y si el Ejecutivo no escucha, hay que salir a la calle.
Aquí aparece la cuestión política de fondo.
¿Habría actuado UGT de la misma manera si el presidente del Gobierno fuera Alberto Núñez Feijóo?
Es una pregunta hipotética, naturalmente.
Pero resulta inevitable.
Porque la independencia sindical no consiste en decir que uno es independiente.
Consiste en demostrarlo cuando gobiernan los tuyos.
Es muy fácil ser combativo contra un Gobierno ideológicamente adversario.
Lo realmente difícil es enfrentarse al Gobierno con el que existen coincidencias ideológicas, relaciones institucionales y acuerdos sociales.
Ahí se demuestra la independencia.
Pepe Álvarez no tiene que ser enemigo personal de Pedro Sánchez.
Ni UGT tiene que convertirse en un partido de oposición.
Pero Pedro Sánchez tampoco debería tener un sindicato amigo.
Debería tener delante a una organización que le diga:
«Esto está bien».
Cuando esté bien.
Y:
«Esto está mal».
Cuando esté mal.
Y, sobre todo:
«Si no rectificas, movilizamos a los trabajadores».
Eso es sindicalismo.
La negociación es imprescindible.
Pero la negociación sin capacidad de presión puede convertirse en una simple escenificación institucional.
Un sindicato fuerte es aquel que puede negociar en una mesa por la mañana y convocar una movilización por la tarde.
La llegada de Arcadi España al Ministerio de Hacienda cambia el nombre del responsable de la política fiscal, pero no modifica el problema.
España asumió la cartera tras la salida de María Jesús Montero del Gobierno.
Por tanto, si Pepe Álvarez quiere dirigir una UGT realmente independiente, tiene delante a un interlocutor perfectamente identificado.
Arcadi España.
Y hay muchas preguntas que plantearle.
¿Qué política fiscal se va a aplicar para proteger a las familias trabajadoras?
¿Qué medidas se adoptarán para aliviar el coste energético?
¿Cómo se piensa recuperar poder adquisitivo?
¿Qué se va a hacer para que los salarios no pierdan terreno frente al coste de la vivienda?
¿Qué medidas se adoptarán para que la fiscalidad no termine castigando especialmente a las clases medias y trabajadoras?
UGT debería exigir respuestas.
Y si no las obtiene, debería movilizarse.
El Primero de Mayo es una fecha histórica del movimiento obrero.
Pero el sindicalismo no puede aparecer con fuerza un día al año y después desaparecer del conflicto cotidiano.
Los trabajadores necesitan que sus organizaciones estén presentes durante todo el año.
Cuando sube la electricidad.
Cuando suben los carburantes.
Cuando aumenta la cesta de la compra.
Cuando se encarecen los alquileres.
Cuando se incrementa la presión fiscal.
Cuando una familia no llega a final de mes.
Ahí es donde se mide la utilidad de un sindicato.
Pepe Álvarez ha construido una relación institucional muy estrecha con los distintos gobiernos.
Eso, en sí mismo, no es necesariamente negativo.
Un secretario general de UGT tiene que hablar con el Gobierno.
Tiene que hablar con los empresarios.
Tiene que hablar con los ministros.
Tiene que negociar.
Pero existe una línea que no debería cruzarse.
La organización sindical no puede acabar pareciendo parte del sistema político.
Porque cuando un sindicato se acerca demasiado al poder, corre el riesgo de perder aquello que constituye su principal activo: la capacidad de movilización.
El Gobierno debe saber que una decisión equivocada puede provocar una reacción sindical.
Si sabe que no habrá reacción, la capacidad de negociación del sindicato disminuye.
Durante años, el sindicalismo español construyó buena parte de su identidad alrededor del conflicto.
Huelgas generales.
Manifestaciones.
Concentraciones.
Negociaciones duras.
Campañas nacionales.
Presión sobre los gobiernos.
Hoy, sin embargo, existe la impresión de que buena parte de ese conflicto se ha trasladado de la calle a los despachos.
Y esa transformación debería preocupar a Pepe Álvarez.
Porque un sindicato puede tener magníficos negociadores, excelentes abogados y grandes equipos técnicos.
Pero si pierde la calle, pierde una parte esencial de su fuerza.
Por eso la frase de Pepe Álvarez debería ser utilizada como punto de partida para una reflexión.
«A mis 70 años sigo siendo un currante nato».
Perfecto.
Entonces hay que preguntarle qué significa eso en términos sindicales.
¿Significa trabajar muchas horas?
¿Significa acudir a reuniones?
¿Significa negociar acuerdos?
Todo eso forma parte del trabajo sindical.
Pero también significa algo más.
Significa estar dispuesto a enfrentarse al poder.
A cualquier poder.
Incluso al poder de Pedro Sánchez.
Incluso al Gobierno del PSOE.
Incluso a aquellos dirigentes políticos con los que UGT pueda tener mayores afinidades.
Porque si el trabajador está pagando más y puede comprar menos, el sindicato tiene que hablar.
Si la electricidad se encarece, tiene que hablar.
Si la cesta de la compra se encarece, tiene que hablar.
Si la vivienda se vuelve inaccesible, tiene que hablar.
Si la presión fiscal aumenta, tiene que hablar.
Y si el Gobierno no escucha, tiene que movilizar.
A los 70 años, Pepe Álvarez puede reivindicar legítimamente su experiencia, aunque no haya trabajado en su vida.
Pero precisamente por esa experiencia debe saber que el sindicalismo no se mide únicamente por los acuerdos firmados.
También se mide por los conflictos que uno está dispuesto a afrontar.
La pregunta, por tanto, no debería ser cuánto trabaja Pepe Álvarez.
La pregunta debería ser:
¿A quién está dispuesto a incomodar?
Porque si UGT es contundente con las empresas, pero prudente con el Gobierno; si denuncia a la derecha pero mide sus palabras ante la izquierda; si protesta cuando gobiernan unos pero negocia permanentemente cuando gobiernan otros, entonces su independencia queda inevitablemente bajo sospecha.
Y esa sospecha no se resuelve con declaraciones.
Se resuelve con hechos.
Pepe Álvarez tiene ante sí una oportunidad.
Puede demostrar que UGT no es el sindicato de Pedro Sánchez.
Puede demostrar que tampoco es el sindicato de ningún partido.
Puede demostrar que su única lealtad política es hacia los trabajadores.
Para ello no necesita romper con el Gobierno.
Necesita hacer algo mucho más sencillo:
exigirle resultados.
A Pedro Sánchez.
A Arcadi España.
Al conjunto del Ejecutivo.
Y si no llegan, movilizar.
No una concentración testimonial.
No una fotografía institucional.
No un comunicado.
Una movilización de verdad.
Porque el trabajador español no necesita que el sindicato le explique que la vida se ha encarecido.
Lo sabe.
Lo paga.
Lo sufre.
Lo que necesita saber es si quien dice representarlo está dispuesto a luchar por él.
Y ahí es donde Pepe Álvarez, a sus 70 años, tiene todavía una asignatura pendiente:
demostrar que ser un «currante nato» también significa estar dispuesto a plantarse delante del Gobierno cuando el Gobierno no cumple con los trabajadores.
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