“Epidemia silenciosa” de problemas de salud mental afecta a los residentes de Ceuta tras el aumento de inmigrantes

Ceuta, un enclave español fronterizo con Marruecos, fue golpeada por una oleada masiva de inmigrantes a finales de julio, con informes de alrededor de 72.000 llegadas, casi tantos como la población total de la ciudad, que es de 85.000 habitantes.

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Lo ocurrido en Ceuta a finales de julio no puede despacharse como un episodio más de presión migratoria. Cuando decenas de miles de personas consiguen entrar en territorio español en apenas unas horas, algo ha fallado. Y cuando ese territorio es Ceuta, frontera exterior de España y de la Unión Europea, la responsabilidad última no puede diluirse entre administraciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, terminó elevando a 72.000 el número de personas que entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis. Días después, el propio Gobierno elevó la estimación hasta 80.000. Son cifras que dan la medida de una situación extraordinaria.

Ante semejante escenario, cabe formular una pregunta sencilla: ¿dónde estaba el Estado antes de que Ceuta se viera desbordada?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta junto a Marlaska y defendió la respuesta del Ejecutivo. Pero visitar una ciudad después de que se haya producido la emergencia no sustituye a la obligación de anticiparse a ella. La seguridad de una frontera no puede depender exclusivamente de la capacidad de reacción cuando el problema ya ha estallado.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha sido especialmente contundente. Ha acusado al Gobierno de «pasividad» y ha advertido de que recurrirá al Poder Judicial si en 30 días no se resuelve la situación. Vivas ha planteado incluso la posibilidad de que detrás de la falta de respuesta existan razones relacionadas con la voluntad de no tensar las relaciones con Marruecos.

Y ahí está probablemente la cuestión política de fondo.

¿Hasta dónde está dispuesto Pedro Sánchez a llegar para mantener su actual relación con Marruecos?

Desde 2022, el Gobierno socialista ha convertido la relación con Rabat en una pieza fundamental de su política exterior. Esa estrategia puede tener razones diplomáticas y económicas, pero una alianza estratégica solo es verdaderamente estratégica cuando existe reciprocidad. Y Ceuta tiene derecho a preguntarse qué recibe España a cambio de esa cooperación cuando la frontera se convierte en escenario de una crisis de estas dimensiones.

Más aún cuando el Gobierno ha decidido mantener intacta su estrategia con Marruecos pese a las críticas provocadas por la crisis.

No se trata de demonizar a Marruecos ni de responsabilizar colectivamente a los inmigrantes. Se trata de exigir responsabilidades a quienes tienen la obligación constitucional de proteger una frontera española.

Y el responsable político último es Pedro Sánchez.

El segundo nombre es Fernando Grande-Marlaska. El Ministerio del Interior tiene competencias esenciales sobre el control fronterizo, la Policía Nacional y la Guardia Civil. El propio Marlaska ha enviado refuerzos policiales a Ceuta para acelerar los procedimientos de expulsión y ha aumentado la presencia de unidades de seguridad.

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Pero hay una contradicción difícil de explicar: mientras Interior refuerza ahora el dispositivo, el mismo ministerio ha rechazado por segunda vez el despliegue de Frontex en Ceuta, pese a que la Unión Europea había ofrecido apoyo a través de sus agencias.

Si Europa puede ayudar a España a controlar mejor una frontera exterior, ¿por qué rechazar ese apoyo?

La respuesta del Gobierno es que Frontex no mejoraría necesariamente el control físico de la frontera. Puede ser un argumento técnicamente defendible. Pero políticamente resulta difícil de entender cuando Ceuta acaba de sufrir una crisis sin precedentes.

Mientras tanto, la ciudad sigue pagando las consecuencias.

El Gobierno estima que entre 7.000 y 9.000 personas continúan en Ceuta, entre ellas miles de menores y potenciales solicitantes de protección internacional. El Ejecutivo ha anunciado nuevas instalaciones de acogida con capacidad para 1.500 personas, una medida necesaria pero claramente reactiva.

Y hay otra dimensión que no debería ser ignorada: la población ceutí.

Durante los días más críticos hubo comercios cerrados, miedo e incertidumbre. Profesionales sanitarios y de la salud mental han advertido del impacto que la crisis está teniendo sobre parte de la población.

La solidaridad con quien llega no puede convertirse en indiferencia hacia quien vive allí.

Los ceutíes también tienen derechos.

Tienen derecho a salir de sus casas sin miedo. Tienen derecho a que sus servicios públicos funcionen. Tienen derecho a que sus fuerzas de seguridad dispongan de medios suficientes. Y tienen derecho a saber que el Gobierno de España considera su seguridad una prioridad.

Defender esos derechos no convierte a nadie en xenófobo.

Del mismo modo, exigir una frontera segura no significa negar el derecho de asilo. España debe cumplir escrupulosamente la legislación nacional e internacional y estudiar individualmente las solicitudes de quienes puedan necesitar protección. Pero precisamente por eso resulta imprescindible distinguir entre inmigración regular, protección internacional e inmigración irregular.

Una política migratoria seria necesita control, legalidad, cooperación internacional y humanidad. Las cuatro cosas a la vez.

Lo que no puede existir es una política basada en improvisaciones después de cada crisis.

Pedro Sánchez puede defender su política exterior. Puede defender su relación con Marruecos. Puede defender su actuación durante la emergencia. Pero no puede pedir a los ceutíes que acepten como inevitable que una ciudad española pueda quedar sometida a una presión migratoria capaz de poner en jaque sus servicios públicos y su tranquilidad.

Ceuta no es una ficha diplomática.

Ceuta es España.

Y si esa afirmación es algo más que un eslogan institucional, Pedro Sánchez tiene que demostrarlo con hechos.

El Gobierno debe explicar qué información tenía antes de la crisis, qué falló en la prevención, qué papel desempeñó Marruecos, qué medidas se han adoptado para impedir que vuelva a suceder y por qué se ha rechazado la ayuda de Frontex.

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También debe explicar qué piensa hacer con las miles de personas que permanecen en la ciudad y cómo va a garantizar simultáneamente sus derechos y los de la población ceutí.

Porque una frontera no se protege únicamente cuando aparece el problema.

Una frontera se protege antes de que el problema llegue.

Y si una ciudad española puede pasar de la normalidad a recibir decenas de miles de entradas irregulares en cuestión de horas, la pregunta ya no es si Pedro Sánchez tiene una explicación.

La pregunta es si tiene un plan.

Ceuta no necesita más declaraciones solemnes.

Necesita Estado.

Y necesita que el Gobierno de España, empezando por Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, asuma de una vez que proteger la frontera no es una opción política: es una obligación.

Miles de inmigrantes marroquíes intentaron nuevamente ingresar a Ceuta durante el fin de semana, lo que generó preocupación entre las autoridades locales sobre una nueva ola.

Si bien la mayoría de los inmigrantes que llegaron anteriormente ya han regresado a sus hogares, alrededor de 10.000 permanecen, según cifras oficiales.

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