La Policía recibe la primera denuncia de agresión sexual de una ceutí

Todas las violaciones y agresiones sexuales denunciadas han sido perpetradas por inmigrantes marroquíes, tanto menores como adultos, que en su mayoría atacan a sus víctimas en grupo
Inmigración Ilegal20 de agosto de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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Pedro Sanchez, Begoña Gomez

Una joven sudamericana residente en Ceuta ha presentado la primera denuncia de agresión sexual por parte de inmigrantes que accedieron a la ciudad autónoma durante la invasión del pasado 30 de julio, según  fuentes policiales. Esta joven es la primera vecina ceutí que ha presentado una denuncia en la Policía Nacional por un delito contra la libertad sexual a manos de los ilegales del asalto.

Según la denuncia, la agresión fue perpetrada por inmigrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta. No hay detenidos. Se trata de un rasgo común en otros casos pues, tras cometer las agresiones y violaciones, los inmigrantes se dan a la fuga y no pueden ser identificados.

Hasta el momento, en la Policía Nacional hay constancia de 19 de denuncias por agresión sexual y violación. Hay que tener en cuenta, además, que no todas las agresiones están siendo denunciadas.

Las víctimas son en su mayoría niñas y jóvenes marroquíes, además de una joven subsahariana –de Costa de Marfil– y esta vecina de Ceuta. Un joven marroquí también sufrió una agresión sexual con penetración a manos de sus compañeros de asalto. Todas las violaciones y agresiones sexuales denunciadas han sido perpetradas por inmigrantes marroquíes, tanto menores como adultos, que en su mayoría atacan a sus víctimas en grupo.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, conoce estos datos, así como otros delitos registrados desde la invasión, pero sigue sin hacer pública la estadística.

Los vecinos avisan a la Policía

En algunos casos son los propios residentes quienes alertan a la Policía de que se está cometiendo una violación. Eso ocurrió, por el ejemplo, la semana pasada, en la Avenida de Lisboa, una de las arterias de la ciudad. Según el relato de una ceutí, una joven fue violada por un grupo de marroquíes en un descampado.

A raíz del aviso, efectivos de la Policía y de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar, pero los agresores se dieron a la fuga. La requiriente aportó a los agentes varios vídeos que recogen los hechos, si bien la víctima huyó y no denunció. Se produjo una detención, pero los agentes desconocen si está relacionada.

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«El detenido fue un marroquí que se rebotó porque pensaba que lo iban a echar, pero como la víctima no fue localizada y, por lo tanto, no ha dado características de los agresores, no se le puede imputar el delito», precisan las fuentes policiales consultadas.

Condenados y con requisitoria judicial

Ente los invasores hay condenados por delitos en España que ya habían sido expulsados del país y ahora han vuelto a ingresar en prisión. Se trata de marroquíes que tenían prohibición de entrada en territorio español y la han quebrantado, por lo que ahora pasarán a disposición judicial por la comisión de un nuevo hecho delictivo. Todos ellos son hombres y muy jóvenes, de unos 20 años.

Este miércoles también ha sido detenido un invasor marroquí que tenía una requisitoria judicial pendiente en Ceuta por un delito de agresión sexual a una menor cometido en 2019. Ha sido interceptado por la Guardia Civil cuando trataba de acceder a una embarcación para abandonar la ciudad rumbo a la península. Al ser identificado, los agentes han descubierto sus antecedentes, poniéndolo a disposición de la Justicia.

De los 80.000 ilegales del asalto todavía permanecen en la ciudad autónoma entre 8.000 y 11.000, según el gobierno ceutí. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denuncia que la situación sigue siendo «absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable», y reclama un refuerzo de las áreas de Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía.

El Gobierno lo oculta

El Ejecutivo se afana en vender que en la ciudad autónoma hay «normalidad» y que niñas y mujeres están «seguras», algo muy alejado de la verdadera situación. Y son los propios policías quienes están poniendo luz sobre lo que está ocurriendo, alertando de que «a diario se producen violaciones» a manos de ilegales marroquíes y que las agresiones son cometidas en manada.

Pese a la gravedad de la situación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no ha visitado la ciudad autónoma. La semana pasada, en su visita a un «punto violeta» durante las fiestas patronales de Cabezón de Pisuerga, en su Valladolid natal, afirmó que las niñas inmigrantes «no están deambulando» por Ceuta «sino en espacios seguros y atendidas».

Varias niñas y jóvenes habían instalado un campamento improvisado, al lado de los furgones de la Policía, por miedo a ser violadas. Los agresores cometen las violaciones en los montes cercanos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

El sindicado Jupol, mayoritario de la Policía Nacional, ha denunciado públicamente que se producen a diario violaciones a jóvenes y niñas en la ciudad autónoma.

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Su portavoz, Laura García, fue testigo de cómo una joven subsahariana acudía a la Jefatura Superior de Policía a denunciar la violación sufrida a manos de un grupo de marroquíes. Desde el sindicato denuncian que el Gobierno esté «ocultando esta situación, en vez de alertar a la población».

Otra muestra de que Ceuta está lejos de recuperar la normalidad son las agresiones a los propios policías. Algunos agentes han sufrido lesiones de consideración, como fracturas en los dedos. También se ha detectado la okupación de viviendas públicas.

Los jueces piden refuerzos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó este martes refuerzos en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta para hacer frente a la gran cantidad de casos que están ingresando desde la invasión de delitos cometidos por los ilegales.

El órgano de gobierno de los jueces destaca que el asalto masivo ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de Justicia, especialmente a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia y, particularmente, a la prestación del servicio de guardia.

Según informa el CGPJ, en la semana comprendida entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos esos días, mientras que en la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto se han recibido 72 atestados con detenidos o citados.

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