Vox logra que cinco comunidades den la espalda a las clases de árabe y cultura marroquí en los colegios españoles después de convertir la eliminación del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en una de sus exigencias dentro de distintos acuerdos autonómicos con el Partido Popular.
Murcia, Madrid, Aragón, Extremadura y Andalucía han anunciado o pactado la retirada de este programa en distintos momentos y con calendarios diferentes. El movimiento comenzó en Murcia y Madrid y posteriormente se extendió a otras autonomías donde Vox ha condicionado acuerdos presupuestarios o de gobierno.
La decisión afecta al conocido como PLACM, un programa de cooperación educativa entre España y Marruecos que lleva décadas funcionando en centros españoles y que está impartido por profesores funcionarios marroquíes.
El propio Ministerio de Educación explica que el programa está coordinado por personal de la Embajada de Marruecos y por el departamento educativo español, mientras que su gestión corresponde a las comunidades autónomas. Las clases son impartidas por profesorado funcionario marroquí.
La formación de Santiago Abascal lleva tiempo cuestionando este programa educativo.
Uno de sus principales argumentos es que los centros educativos españoles no deberían acoger enseñanzas vinculadas a otro Estado sin un control suficiente de los contenidos, materiales y profesores.
El programa tiene su origen en los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos. El convenio estratégico firmado entre ambos países establece expresamente el apoyo a la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en España, incluyendo la posibilidad de facilitar aulas en los centros educativos españoles y la participación de docentes marroquíes.
Precisamente ese diseño es uno de los elementos que Vox ha situado en el centro de su crítica.
La formación sostiene que la educación impartida en colegios públicos españoles debe quedar bajo control efectivo de las administraciones educativas nacionales y autonómicas.
La Región de Murcia fue una de las primeras autonomías en dar el paso.
La eliminación del programa se incluyó en el pacto presupuestario alcanzado entre el Gobierno autonómico y Vox.
La retirada afectaba a unas enseñanzas impartidas en diez centros y a cerca de 300 alumnos.
Desde el Ejecutivo murciano se defendió que los contenidos escolares debían desarrollarse dentro del currículo español.
Vox, por su parte, puso el foco en el nivel de supervisión existente sobre el programa y sobre el profesorado enviado por Marruecos.
El movimiento murciano marcó el camino para otras comunidades.
Poco después llegó la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció también su salida del programa alegando dudas sobre el control efectivo de los docentes y los materiales utilizados.
La Comunidad sostuvo que cualquier actividad desarrollada dentro de los colegios públicos debía quedar sometida a la supervisión de la administración educativa española.
Ese argumento reforzó una crítica que hasta entonces había sido impulsada principalmente por Vox.
La combinación de ambas decisiones convirtió el PLACM en un asunto nacional.
La presión política del partido de Santiago Abascal continuó posteriormente en Aragón y Extremadura.
En Aragón, la eliminación del programa fue incorporada al acuerdo presupuestario alcanzado entre PP y Vox.
En Extremadura, la supresión también quedó incluida dentro de los pactos políticos entre ambas formaciones.
La posición defendida es que el aprendizaje de la lengua y cultura de origen puede realizarse fuera de los colegios públicos sin necesidad de integrar programas vinculados al Gobierno marroquí dentro de los centros.
La ofensiva encaja además con otras decisiones educativas impulsadas recientemente por Vox en autonomías donde tiene capacidad de negociación.
VOX pone fin al menú halal y priorizará los productos nacionales en los colegios públicos de Comunidad Valenciana, una medida introducida durante la negociación presupuestaria autonómica.
La incorporación de Andalucía tiene una relevancia especial.
Se trata de una de las comunidades donde el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí tenía una implantación considerable.
Durante el curso 2024-2025, el programa estuvo presente en 95 centros educativos andaluces y contó con alrededor de 1.810 alumnos. La Junta señaló entonces que el profesorado estaba gestionado y financiado por Marruecos y que la Administración autonómica no asumía ese coste.
Ahora el escenario político ha cambiado.
Andalucía ha acordado no renovar el programa a partir del curso 2027-2028 dentro del pacto alcanzado entre PP y Vox.
La decisión tiene un impacto especialmente simbólico porque supone retirar el programa de una de las regiones españolas donde mayor presencia tenía.
El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí no es una iniciativa reciente.
El Ministerio de Educación señala que funciona en España desde 1985 y se apoya en diferentes acuerdos de cooperación entre ambos países.
Su objetivo oficial es enseñar lengua árabe y cultura marroquí principalmente a alumnos de origen marroquí escolarizados en centros españoles, aunque también puede participar alumnado interesado.
El modelo tiene una particularidad importante.
Los profesores son funcionarios marroquíes.
El Ministerio confirma que actualmente el programa sigue funcionando en centros de Primaria y Secundaria de diez comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, La Rioja y Baleares.
Ese listado oficial ya no incluye Murcia ni Madrid.
La relación educativa entre España y Marruecos está regulada mediante acuerdos internacionales.
El convenio bilateral establece que la parte española facilita la enseñanza del programa y las aulas necesarias, mientras que Marruecos participa en la supervisión y aporta al profesorado.
Este punto explica buena parte de la controversia.
Para sus defensores, se trata de un mecanismo de cooperación cultural que favorece la integración y permite a los alumnos mantener vínculos lingüísticos con sus familias.
Para Vox, en cambio, supone permitir una influencia excesiva del Gobierno marroquí dentro del sistema educativo español.
El debate no gira por tanto únicamente alrededor de si debe estudiarse árabe.
La cuestión central es quién selecciona a los profesores, quién supervisa los contenidos y qué papel debe tener Marruecos dentro de los colegios españoles.
La ofensiva contra estas clases coincide además con una etapa de fuerte tensión política alrededor de las relaciones con Marruecos.
Durante las últimas semanas, Vox ha intensificado sus críticas al Gobierno por la gestión migratoria y ha reclamado una política mucho más dura hacia Rabat.
Gavira acusa al Gobierno de Sánchez de no aplicar el acuerdo con Marruecos para el retorno de menas.
También contamos cómo Vox exige el retorno de los menas a Marruecos y planta a Sira Rego durante el enfrentamiento entre las comunidades y el Ejecutivo por el reparto de menores migrantes.
Educación, inmigración y relaciones bilaterales están terminando así dentro de una misma batalla política.
El movimiento también evidencia hasta qué punto Vox está consiguiendo trasladar algunas de sus propuestas a gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular.
La formación de Abascal no gobierna en solitario ninguna de estas regiones.
Sin embargo, su peso parlamentario permite condicionar presupuestos, investiduras o acuerdos de gobierno.
Eso convierte medidas que inicialmente formaban parte únicamente del programa político de Vox en decisiones administrativas concretas.
La eliminación del PLACM es uno de los ejemplos más claros.
Murcia, Aragón, Extremadura y Andalucía vinculan de una forma u otra la supresión del programa con pactos en los que Vox ha participado.
Madrid tomó su propia decisión desde un Gobierno del PP sin depender de Vox, aunque utilizando argumentos similares relacionados con la supervisión de contenidos y profesores.
Por eso atribuir las cinco retiradas exclusivamente a Vox sería excesivo.
Pero tampoco puede ignorarse que el partido ha convertido esta cuestión en una prioridad política y ha logrado introducirla directamente en varios acuerdos autonómicos.
Lo que comenzó como una iniciativa limitada a unas pocas autonomías está transformándose en una tendencia política.
Cinco comunidades han decidido abandonar o dejar de renovar las clases de lengua árabe y cultura marroquí.
En varios casos, la presión de Vox ha resultado decisiva.
El partido sostiene que la integración debe realizarse dentro del marco educativo y cultural español y que Marruecos no debería disponer de capacidad para enviar profesores y participar en programas desarrollados dentro de colegios públicos.
Los defensores del programa responden que se trata de cooperación cultural y lingüística y que facilita la integración de alumnos de origen marroquí.
La polémica, por tanto, está lejos de terminar.
Pero Vox ya ha conseguido algo que hace apenas unos años parecía difícil.
Convertir un programa educativo vigente desde 1985 en una cuestión central de la negociación política autonómica y lograr que varias comunidades comiencen a retirarlo.
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