La tensión entre España e Italia por el control de fronteras dentro del espacio Schengen ha llegado hasta Bruselas, donde se examina si la respuesta de Pedro Sánchez a la suspensión italiana del acuerdo con España se ajusta al derecho comunitario. El origen del choque está en la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta a través del espigón del Tarajal, un movimiento migratorio que Italia teme que pueda derivar en un cruce posterior de personas subsaharianas hacia su propio territorio.
Italia decidió suspender de forma preventiva el acuerdo Schengen con España, alegando la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva el 15 de agosto y esgrimiendo, en palabras de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, una supuesta "amenaza yihadista" vinculada a la población subsahariana que llega a Ceuta.
El Gobierno español respondió reinstaurando controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, una medida que Roma considera claramente punitiva mientras Madrid la presenta como una respuesta simétrica y legal a la decisión italiana.
El propio Tajani ha calificado de desproporcionada la reacción del Ejecutivo de Sánchez, defendiendo que Italia actuó amparándose en las disposiciones del Tratado que permiten suspensiones temporales ante amenazas extraordinarias. Desde el punto de vista italiano, la respuesta española no sería una medida de seguridad equivalente, sino una represalia política disfrazada de reciprocidad técnica.
La Comisión Europea sigue de cerca el pulso entre ambos socios comunitarios, aunque de momento carece de instrumentos claros para forzar una salida, ya que el artículo 25 del Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros suspender de forma temporal la libre circulación por motivos de seguridad.
Esa laguna normativa es precisamente la que ahora se estudia en clave jurídica: si la reacción de Sánchez, más que una medida de seguridad fronteriza, constituye en la práctica una represalia política contra un socio europeo, algo que el derecho de la UE no contempla como uso legítimo de ese artículo.
El 15 de agosto, señalado por Italia como el día en que podría producirse un nuevo intento de entrada masiva, se ha convertido en la fecha que determinará si la tensión escala todavía más o si ambos países encuentran un margen de rebaja diplomática. Mientras tanto, ni España ni Italia han dado señales de retirar sus respectivas medidas, lo que mantiene bloqueada la libre circulación entre ambos países en un momento en el que la Unión Europea necesitaría mostrar unidad frente a la presión migratoria.
Que Bruselas tenga que estudiar si el propio Gobierno de España se ha saltado el espíritu de las normas europeas para golpear a otro socio comunitario retrata, una vez más, el estilo de gestión de Pedro Sánchez en política exterior: reaccionar con contundencia política antes que buscar una solución negociada.
El resultado es un choque abierto con Italia que ya ha llegado hasta las instituciones europeas y que deja a España señalada, no como víctima de la crisis migratoria, sino como parte del problema diplomático.
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