Agentes de Interpol detuvieron el lunes al empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn, que permanecía huido de la Justicia española en Dubái desde mayo de 2025, según fuentes policiales consultadas. La Audiencia Nacional había ordenado su búsqueda y captura después de que no regresara al país para afrontar los procedimientos judiciales abiertos contra él.
La detención se produjo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en el marco de una investigación por el presunto pago de dinero a un agente de la Policía Nacional a cambio de información extraída de bases de datos policiales restringidas. En esta misma causa, que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, se investiga también un presunto delito de blanqueo de capitales en Estados Unidos. Además, las autoridades han detenido a otro de los investigados, de origen asiático.
Y es que un informe de Asuntos Internos de la Policía, elaborado en 2023 y adelantado por este periódico, apuntó a que el agente de la Policía Judicial Javier Luis Muñoz habría realizado consultas sobre personas y empresas relacionadas con Hafesa, el grupo de Hamlyn, y habría transmitido los datos. Las investigaciones detectaron accesos a fichas policiales, domicilios, antecedentes, datos de controles fronterizos y otra información reservada.
También hallaron comunicaciones entre el agente y responsables de Hafesa. En la documentación analizada aparecen pagos canalizados a través de la esposa del policía. Según un auto adelantado, las cantidades ascenderían a unos 4.250 euros mensuales desde noviembre de 2022 hasta la detención del agente, bajo una fórmula que habría pretendido ocultar la verdadera naturaleza de las contraprestaciones.
La causa investiga posibles delitos de revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y ahora se añade el presunto delito de blanqueo de capitales. Hamlyn fue citado para declarar en este procedimiento, pero tampoco compareció, circunstancia que contribuyó a que se reclamara su detención internacional. La detención de Interpol ha sido comunicada este martes a la Audiencia Nacional y con ella pone fin, por el momento, a una huida de más de un año que comenzó cuando Hamlyn no regresó de Emiratos Árabes Unidos pese a tener que comparecer ante la Justicia española.
Pero su relevancia va mucho más allá de la causa por el presunto fraude de hidrocarburos que afecta a su grupo empresarial. Hamlyn es el empresario al que recurrieron los emisarios vinculados al entorno del PSOE para intentar obtener información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, responsable de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias causas de corrupción que afectan al entorno del Gobierno.
La reunión, celebrada por videoconferencia en febrero de 2025, quedó registrada en un audio de unos 53 minutos. En ella participaron los actuales imputados en el caso de las cloacas del PSOE: la entonces militante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y otros letrados.
Al otro lado de la pantalla estaba Hamlyn desde Dubái. El objetivo que se desprende de la conversación era conseguir información que pudiera comprometer a Balas y, con ello, desacreditar las investigaciones de la UCO. Durante el encuentro, Díez insistió en que no necesitaba información sobre toda la estructura investigada, sino que quería centrarse en el teniente coronel.
«Necesito a Balas», afirmó en la conversación. Hamlyn, que se encontraba ya en una situación judicial delicada, planteó a cambio sus propios intereses. El empresario reclamó garantías sobre su situación procesal y sobre las deudas que mantenía su grupo con las Administraciones. «Quiero un papelito», llegó a reclamar durante la conversación. Según se desprende del audio, la posibilidad de obtener beneficios en su situación judicial formaba parte de las expectativas con las que Hamlyn afrontó aquel encuentro.
La conversación alcanzó uno de sus momentos más significativos cuando el empresario aseguró que podía aportar información sobre Balas. «Tengo una cosa… Con una cosa que te dé [de Balas] ya está, está muerto», afirmó Hamlyn. Díez respondió: «Pues perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones». Hamlyn aseguró también durante la reunión que disponía de información sobre supuestas actuaciones irregulares de miembros de la Guardia Civil y llegó a hablar de contenedores de cocaína.
Sin embargo, posteriormente afirmó que buena parte de lo que había contado durante aquella conversación era falso y que había seguido el juego a sus interlocutores. Tras la difusión de los audios, el propio empresario manifestó que no disponía de información sensible sobre los mandos de la UCO y que había exagerado o inventado determinadas afirmaciones.
La trayectoria judicial de Hamlyn está vinculada principalmente a la denominada operación Drake, una investigación de la Audiencia Nacional sobre un presunto fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos. La causa investiga un supuesto fraude de unos 154 millones de euros correspondiente al periodo comprendido entre 2016 y 2019. En este procedimiento están investigados Hamlyn y también Hafesa Energía, una de las principales operadoras del Grupo Hafesa. La Audiencia Nacional propuso juzgar a la compañía como parte de una organización criminal por un presunto fraude fiscal. El procedimiento ha sufrido distintos retrasos.
El juicio, inicialmente previsto para 2024, fue aplazado y posteriormente quedó fijado para mayo de 2025. Pero Hamlyn no llegó a sentarse en el banquillo. El empresario se encontraba entonces en Dubái y no regresó a España. La explicación ofrecida por su defensa fue que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos le habían impuesto una prohibición de salida del país —un denominado travel ban— como consecuencia de una reclamación civil relacionada con una deuda. Hamlyn debía regresar para entregar su pasaporte, pero no lo hizo.
La Audiencia Nacional terminó declarando al empresario en rebeldía y ordenando su búsqueda y captura. El 27 de junio de 2025 se emitió una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión que fue comunicada a Interpol España. Posteriormente se activaron los mecanismos internacionales para intentar localizar al empresario y conseguir su entrega a España. Y este lunes, se ha procedido a la detención del empresario.
El entramado empresarial de Hamlyn también ha quedado bajo el foco político por el tratamiento recibido por varias sociedades del Grupo Hafesa por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, gobernada por el PNV. Según adelantó este periódico, varias empresas vinculadas al grupo pudieron aplazar el pago de impuestos por un importe de hasta 225 millones de euros, entre IVA e impuestos especiales. La situación generó críticas en el sector de los hidrocarburos, especialmente porque Hafesa estaba siendo investigada precisamente por un presunto fraude de IVA.
La compañía continuó además operando en el mercado de hidrocarburos pese a la situación judicial de Hamlyn y de Hafesa Energía. Esta circunstancia ha sido objeto de nuevas críticas y preguntas sobre el mantenimiento de determinadas autorizaciones administrativas.
El nombre de Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, apareció además en la conversación mantenida entre Hamlyn y los emisarios del PSOE. En el tramo final del encuentro, el empresario preguntó expresamente a Díez si tenía amistad con Ortuzar. Tras recibir una respuesta afirmativa, Hamlyn pareció valorar la posibilidad de recurrir a él para tratar cuestiones relacionadas con su empresa.
La detención de Hamlyn se produce además en un momento en el que la Justicia mantiene abierta una investigación sobre las maniobras destinadas presuntamente a obtener información comprometida sobre miembros de la UCO, fiscales y otros funcionarios relacionados con causas sensibles para el Gobierno. La investigación sobre el denominado caso cloaca del PSOE ha avanzado durante 2026.
La Audiencia Nacional ha asumido finalmente la causa que se inició en Madrid a raíz de la reunión con Hamlyn. El juez investiga las actuaciones de Díez y de otras personas por la posible existencia de una estrategia coordinada para conseguir información comprometida de agentes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción.
En ese contexto, la reunión con Hamlyn adquiere especial relevancia. El empresario no era un tercero ajeno a las investigaciones: estaba directamente interesado en su propia situación judicial y buscaba una salida para los problemas que afectaban a su patrimonio y a sus empresas. La detención devuelve ahora a Hamlyn al escenario judicial español. Tras más de un año en Dubái y después de haber sido declarado en rebeldía, deberá afrontar las consecuencias de su ausencia y responder ante los tribunales por las causas que permanecen abiertas contra él.
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