Impacto España Noticias
El gobierno consuma una nueva traición a la soberanía nacional mediante la aprobación de normativas que destruyen el control de las fronteras. El Ejecutivo de Pedro Sánchez redobla su apuesta por la promoción de la inmigración masiva y el efecto llamada en el momento más crítico para la integridad territorial, en especial, de las ciudades autónomas.
Esta sumisión legislativa ante la inmigración masiva e ilegal confirma la hoja de ruta de un gabinete que otorga más privilegios, ayudas y derechos a los recién llegados que a los propios españoles.
El último Consejo de Ministros escenificó esta provocación institucional contra el sentido común de los ciudadanos. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sacó del cajón dos anteproyectos de ley que difícilmente lograrán luz verde parlamentaria, pero que retratan a la perfección la ideología de un ministerio que premia el asalto violento a las vallas fronterizas mientras desatiende las necesidades de las fuerzas de seguridad del Estado.
La reforma del derecho de asilo reduce de manera drástica los plazos de respuesta de la administración para legalizar la estancia de miles de inmigrantes ilegales de forma exprés. La nueva normativa introduce criterios profundamente ideológicos y sectarios basados en las agendas de género para facilitar la obtención de la condición de refugiado en cuestión de minutos.
Si un solicitante alega problemas por su orientación sexual, el engranaje burocrático de la Moncloa le concede el amparo de manera exprés. Por el contrario, los cristianos y católicos perseguidos sufren el desprecio institucional de unas oficinas que someten sus solicitudes a filtros eternos y desconfianzas sistemáticas. Esta discriminación legal convierte el derecho de asilo en un coladero masivo que colapsa los servicios sociales nacionales.
La reforma de los derechos y libertades de los extranjeros profundiza en la desprotección de los ciudadanos nacionales frente al incremento de la delincuencia y la ocupación ilegal. El enfoque que defiende el ministerio funciona como un escudo jurídico para quienes vulneran la ley penal y administrativa del país.
Los nuevos textos legales potencian de forma directa la vía de los menores no acompañados y los procesos de reagrupamiento familiar posteriores, las herramientas preferidas de las mafias marroquíes para instalar comunidades enteras en el territorio peninsular.
El Gobierno central amplía este coladero en el perímetro de Ceuta precisamente cuando las calles de la ciudad autónoma sufren una presión migratoria insostenible. La condescendencia del sanchismo desarma a la Policía Nacional y a la Guardia Civil frente a unas oleadas humanas que desbordan los centros de acogida y los presupuestos públicos. La sumisión del presidente ante los intereses de Marruecos convierte a España en el destino predilecto de la inmigración ilegal del continente africano debido a la impunidad jurídica que ofrece el Código Penal español.
Las prioridades de la Moncloa se centran exclusivamente en garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en el poder a costa de desmantelar el Estado de derecho y regalar la soberanía nacional a las redes internacionales de la inmigración ilegal.
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