Pedro Sánchez ha decidido imprimir un nuevo giro a su política migratoria con la reforma de las leyes de Asilo y Extranjería. La modificación, presentada por el Ejecutivo como una adaptación necesaria al nuevo marco europeo y acompañada por el compromiso de mantener las garantías de protección internacional, ha provocado, sin embargo, el malestar de buena parte del tercer sector. Las ONG consideran que algunas de las medidas escogidas van más allá de lo estrictamente exigido por Bruselas.
La controversia llega además en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, después de la crisis migratoria vivida en Ceuta y de la presión política que ha recibido el Gobierno durante las últimas semanas. El debate sobre cómo gestionar las llegadas irregulares se ha endurecido en toda Europa y España no es una excepción. Sánchez trata ahora de combinar el control de las fronteras con la defensa de los derechos de las personas migrantes, pero las organizaciones especializadas advierten de que el equilibrio se está inclinando demasiado hacia la primera de esas prioridades.
La principal organización que ha elevado la voz es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que considera que la reforma resulta «regresiva» y se sitúa en la línea de los países europeos que mantienen las políticas migratorias más restrictivas. Su preocupación no se centra tanto en que España adapte su legislación al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, como en la manera concreta en la que el Gobierno ha decidido hacerlo. El nuevo marco comunitario deja diferentes márgenes de aplicación y, según las ONG, el Ejecutivo ha elegido en varios casos la opción más severa.
Uno de los cambios que más inquietud genera afecta precisamente a los procedimientos para solicitar protección internacional. Hasta ahora, las personas que llegaban de forma irregular a Ceuta y Melilla podían acogerse al procedimiento ordinario de asilo. La reforma extiende a estas entradas, así como a las llegadas en patera, el denominado procedimiento fronterizo, concebido para resolver las solicitudes en un periodo mucho más reducido. El objetivo oficial es acelerar unas tramitaciones que en España han llegado a prolongarse durante años.
La nueva fórmula establece un horizonte de apenas doce semanas para completar el proceso, incluyendo seis semanas para la fase administrativa y otras seis para los recursos judiciales. Sobre el papel, la medida pretende acabar con una situación de atasco que tampoco beneficia a los propios solicitantes de protección. En la práctica, las organizaciones especializadas temen que esa velocidad dificulte analizar correctamente cada caso, especialmente cuando se trata de personas que llegan después de trayectos traumáticos y necesitan asistencia jurídica, traducción o tiempo para explicar las razones por las que solicitan protección.
La diferencia con el sistema anterior es considerable. Aunque la legislación establecía un plazo administrativo de seis meses, la tramitación podía prolongarse de facto durante mucho más tiempo, con una media que las fuentes citadas sitúan en torno a los 18 meses. La reforma pretende reducir radicalmente ese periodo, pero lo hace suprimiendo además la posibilidad de presentar un primer recurso administrativo contra determinadas decisiones. Para las ONG, la rapidez no debería convertirse en un objetivo por encima de la calidad de las resoluciones.
Otro de los puntos controvertidos es el derecho de permanencia en España mientras se tramita una petición de asilo. Hasta ahora, el solicitante podía permanecer provisionalmente en territorio español durante el procedimiento. Con la nueva regulación se establecen excepciones para determinadas personas que hayan entrado de manera irregular a través de Ceuta y Melilla, por vía marítima o por puestos fronterizos sin cumplir determinados requisitos, así como para quienes hayan incumplido previamente una prohibición de entrada.
Desde el Gobierno se defiende que estas modificaciones forman parte del nuevo marco europeo y buscan ordenar un sistema sometido a una presión creciente. Las organizaciones sociales, en cambio, consideran que algunas de las interpretaciones escogidas no eran obligatorias. Elena Muñoz, abogada especializada en derecho de asilo de CEAR, ha definido la aplicación planteada como una «interpretación muy restrictiva» del pacto europeo, precisamente porque Bruselas no habría obligado a España a adoptar todas estas limitaciones.
La reforma también introduce la posibilidad de establecer un listado de países considerados seguros. El Pacto Europeo de Migración y Asilo permite utilizar esta herramienta para acelerar determinados procedimientos, pero no obliga a todos los Estados a disponer de una lista nacional. España contempla incorporarla a su sistema, lo que permitirá tramitar con mayor rapidez las solicitudes procedentes de países incluidos en esa categoría.
Aquí aparece una de las principales preocupaciones de las organizaciones de defensa de los refugiados. Que un Estado sea considerado seguro no significa que todas las personas que proceden de él estén necesariamente a salvo. Un ciudadano puede sufrir persecución política, pertenecer a una minoría perseguida o enfrentarse a amenazas por su orientación sexual o identidad. Por eso, las ONG reclaman que la consideración de un país como seguro no termine convirtiéndose en una vía para denegar solicitudes sin estudiar suficientemente las circunstancias individuales.
El caso de Marruecos ilustra la complejidad del asunto. La consideración de este país como seguro podría permitir agilizar las peticiones de sus ciudadanos, pero la propia regulación contempla excepciones cuando existan circunstancias personales que justifiquen la protección. El reto estará precisamente en garantizar que esas excepciones sean detectadas y estudiadas antes de que una resolución rápida se convierta en una expulsión.
Otro aspecto que preocupa al tercer sector es el papel de embajadas y consulados. Las organizaciones sociales habían reclamado que se reforzaran las vías para que determinadas personas pudieran solicitar protección desde las representaciones diplomáticas españolas y evitar así que tuvieran que recurrir a rutas irregulares para llegar a territorio europeo. La nueva regulación no amplía esta posibilidad como reclamaban las ONG y deja una mayor capacidad de decisión a las propias representaciones diplomáticas.
La cuestión de las detenciones añade otro elemento de tensión. La reforma mantiene en 60 días el límite actual de internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pero contempla que una persona pueda volver a ser internada, hasta un máximo acumulado de 120 días, en determinadas circunstancias relacionadas con una solicitud de protección internacional. También se amplían los periodos de privación de libertad durante las primeras fases de identificación y triaje.
El Gobierno justifica estas medidas por la necesidad de gestionar de manera más eficaz las entradas irregulares y determinar rápidamente quién necesita protección y quién puede ser devuelto a su país de origen. En este punto, la discusión no es sencilla. España afronta una presión migratoria que requiere mecanismos administrativos capaces de responder con rapidez, pero las entidades sociales recuerdan que la eficiencia de las expulsiones no puede convertirse en el único indicador para medir el éxito de la política migratoria.
La decisión del Ejecutivo se produce, además, después de un verano marcado por la crisis de Ceuta. La llegada masiva de personas a la ciudad autónoma ha colocado de nuevo la inmigración en el centro de la agenda política y ha obligado al Gobierno a gestionar simultáneamente la presión sobre los servicios públicos, la situación humanitaria de quienes permanecen en territorio español y las relaciones con Marruecos. La respuesta migratoria se ha convertido así en una cuestión de seguridad, gestión administrativa y derechos humanos al mismo tiempo.
El cambio no significa necesariamente un abandono de la política migratoria desarrollada por Sánchez durante sus años de Gobierno. Más bien refleja la dificultad de mantener una posición propia en un contexto europeo que está endureciendo progresivamente sus mecanismos de control. El Ejecutivo intenta presentar la reforma como una adaptación al nuevo escenario comunitario, manteniendo al mismo tiempo referencias explícitas a los derechos humanos y a la protección de colectivos especialmente vulnerables.
De hecho, el nuevo sistema contempla determinadas salvaguardas para situaciones concretas, entre ellas las relacionadas con mujeres víctimas de violencia de género o personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. El problema para las organizaciones sociales está en que estas excepciones conviven con un modelo general que, a su juicio, reduce los tiempos y amplía las posibilidades de expulsión antes de que puedan analizarse adecuadamente todas las circunstancias de cada solicitante.
CEAR considera que España se está aproximando a los modelos más restrictivos de la Unión Europea cuando habría margen para aplicar el pacto comunitario de una manera más garantista. El Gobierno, por su parte, deberá defender que la reforma no supone un retroceso en derechos, sino una actualización de los mecanismos existentes ante una realidad migratoria cada vez más compleja.
El giro de Sánchez llega, en definitiva, en un momento en el que la inmigración ha dejado de ser una cuestión exclusivamente humanitaria para convertirse también en un asunto de seguridad y gestión territorial. La crisis de Ceuta ha acelerado una decisión que llevaba tiempo sobre la mesa y que ahora enfrenta al Ejecutivo con una parte de las organizaciones que tradicionalmente han defendido sus políticas migratorias. El desafío para Moncloa será demostrar que reforzar el control de las fronteras no implica rebajar las garantías de quienes llegan a España buscando protección.
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