La crisis migratoria que atraviesa Ceuta ha colocado a las ONG en el centro de una polémica que trasciende la ayuda humanitaria. Para una parte de los vecinos, el papel que están desempeñando estas organizaciones durante las semanas posteriores a la entrada masiva de migrantes genera preguntas, dudas y una sensación de desconfianza que crece al mismo ritmo que el cansancio de una ciudad sometida a una presión extraordinaria.
Las asociaciones humanitarias defienden que su única función es atender a personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero en determinados sectores de la población ceutí ha comenzado a instalarse otra percepción: la de que algunas organizaciones están adquiriendo un protagonismo que, a juicio de estos ciudadanos, debería corresponder fundamentalmente a las administraciones públicas. La ayuda a los migrantes se ha convertido así en uno de los nuevos focos de tensión social en Ceuta.
La polémica no significa, sin embargo, que pueda atribuirse a las ONG responsabilidad alguna en la entrada masiva. No existen pruebas que permitan sostener que estas organizaciones estuvieran detrás de aquel episodio. Precisamente, los mensajes que las presentan como supuestas «mafias» o como responsables de la llegada han sido señalados como narrativas sin evidencias.
El origen de las sospechas está menos en una prueba concreta que en una sensación que se ha extendido por determinados barrios de Ceuta. Los vecinos que cuestionan el papel de las ONG no entienden por qué organizaciones privadas o del tercer sector han terminado asumiendo funciones que consideran propias del Estado.
La escena cotidiana alimenta esa percepción. Camiones y voluntarios distribuyendo alimentos, organizaciones atendiendo a migrantes instalados en asentamientos improvisados y asociaciones ofreciendo asistencia jurídica o sanitaria forman ya parte del paisaje de una ciudad que lleva semanas viviendo bajo una enorme presión.
El 27 de agosto, centenares de ceutíes llegaron a bloquear durante más de dos horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja que acudía a la playa del Trampolín para repartir alimentos. Los manifestantes reclamaban una solución institucional a la crisis y denunciaban que la situación estaba afectando a su vida cotidiana y aumentando su sensación de inseguridad.
Ese episodio explica mejor que cualquier discurso la profundidad de la fractura. Para las organizaciones humanitarias, impedir la distribución de comida supone atacar una labor básica de asistencia. Para quienes participaron en la protesta, el reparto simboliza precisamente lo contrario: la prolongación de una situación que debería resolverse con retornos, acogida ordenada y decisiones políticas.
El problema es que la actividad humanitaria se desarrolla ahora en un escenario extraordinariamente politizado. Luna Blanca, Cruz Roja, Médicos del Mundo o Save the Children han intervenido para atender a personas que permanecen en condiciones precarias, especialmente menores y familias.
Luna Blanca llegó a preparar miles de raciones de comida durante los primeros días de la crisis, mientras reclamaba una mayor coordinación logística a las autoridades. Médicos del Mundo, por su parte, ha intervenido en asentamientos donde las condiciones de vida son especialmente difíciles.
Pero precisamente esa presencia permanente ha terminado convirtiendo a las ONG en un actor visible de la crisis. Y cuanto mayor es su presencia sobre el terreno, mayor es también la sospecha de quienes creen que su actuación puede estar contribuyendo a consolidar una situación que debería ser temporal.
Es importante separar aquí percepción y realidad. Una organización que entrega alimentos evita una emergencia humanitaria inmediata, pero eso no significa que esté decidiendo la política migratoria. Tampoco que esté promoviendo la permanencia de quienes han entrado irregularmente.
La sospecha adquiere otra dimensión cuando algunos mensajes difundidos en redes sociales presentan directamente a las ONG como responsables de la llegada masiva de migrantes o aseguran que están detrás de las protestas y de las reivindicaciones de asilo.
La realidad documentada es diferente. Las ONG están proporcionando comida, ropa, asistencia sanitaria, apoyo psicológico y orientación jurídica a personas que permanecen en Ceuta. Algunas también han reclamado públicamente una actuación más rápida del Gobierno para resolver la situación.
La propia actividad de estas organizaciones demuestra además una contradicción que alimenta el debate: pueden asistir a los migrantes sin tener capacidad para decidir si esas personas permanecen o abandonan Ceuta. Esa decisión corresponde a las autoridades españolas dentro del marco legal vigente.
La tensión ha llegado incluso a quienes durante años han desarrollado labores de voluntariado y asistencia en la ciudad. Desde algunas ONG se han denunciado amenazas e insultos relacionados con su trabajo. Luna Blanca asegura haber recibido presiones para que dejara de alimentar a los migrantes, mientras mantiene una intensa actividad de reparto.
El conflicto amenaza con adquirir una dimensión mucho más profunda porque la crisis migratoria está poniendo a prueba uno de los elementos que tradicionalmente han caracterizado a Ceuta: su convivencia entre comunidades.
El problema ya no se limita a decidir qué hacer con quienes permanecen en la ciudad. También afecta a la relación entre vecinos, asociaciones, fuerzas de seguridad, instituciones y organizaciones humanitarias. La protesta contra Cruz Roja es solo una manifestación visible de una tensión mucho mayor.
En los barrios más afectados, muchos ciudadanos reclaman que el Estado recupere el control de la situación y deje de descargar sobre entidades sociales una emergencia que consideran esencialmente política. Al mismo tiempo, quienes trabajan con los migrantes advierten de que no atender sus necesidades básicas puede convertir una crisis migratoria en una emergencia humanitaria todavía mayor.
El debate sobre el papel de las ONG en Ceuta probablemente continuará mientras miles de personas permanezcan sin una solución definitiva. Los vecinos tienen derecho a exigir explicaciones, transparencia y una respuesta institucional contundente, pero esas reclamaciones no deberían confundirse con acusaciones que no puedan demostrarse.
Las organizaciones humanitarias también tienen una responsabilidad: explicar con claridad quién financia sus actividades, qué servicios prestan, cuál es su relación con las administraciones y qué protocolos aplican sobre el terreno. Cuanto mayor sea su protagonismo, mayor debe ser también la transparencia.
Porque la verdadera cuestión que queda abierta en Ceuta no es si una ONG reparte comida o presta asistencia. Es quién está tomando las decisiones sobre una crisis que ha desbordado a la ciudad.
El malestar vecinal apunta precisamente hacia ese vacío de autoridad. Muchos ceutíes no quieren que sean las ONG quienes decidan el futuro de los migrantes, pero tampoco quieren que sean ellas las que terminen soportando una responsabilidad que corresponde al Estado.
Entre ambas posiciones queda una ciudad agotada, donde la ayuda humanitaria y la exigencia de control fronterizo han acabado enfrentándose en el mismo espacio. Y donde las sospechas, si no se acompañan de pruebas, pueden terminar alimentando una segunda crisis: la de la convivencia en Ceuta.
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