Impacto España Noticias
El cerco judicial que rodea el entorno directo de Sánchez experimenta un vuelco definitivo. La Audiencia Provincial de Madrid, concretamente la Sección 15, ha desestimado el recurso presentado por los abogados de Begoña Gómez contra la absolución de Pilar Baselga quien, en noviembre de 2022 aseguró, entre otras cosas, que la Complutense la despidió por estar relacionada con una cuestión de narcotráfico en Marruecos.
El varapalo de los magistrados tumba la estrategia de victimización de la esposa del presidente Pedro Sánchez y abre una brecha insalvable en su defensa. Y esto es muy importante porque es uno de los casos más relevantes, pero que no se ha investigado aún: es el caso del África Center.
Baselga realizó estas declaraciones en noviembre de 2022, en el canal de TDT Distrito TV, del empresario y periodista Jesús Ángel Rojo. Unas declaraciones que se viralizaron con rapidez en redes sociales y que provocaron la querella presentada por Begoña Gómez contra Baselga, en febrero de 2023. La esposa de Pedro Sánchez, para quien estas declaraciones son falsas, acusaba a Baselga de injurias y calumnias graves con publicidad, y pedía para ella dos años de prisión, una indemnización de 100.000 euros y una multa de 21.000 euros.
Sin embargo, el intento de silenciar la crítica, el debate público y castigar la disidencia periodística ha fracasado en los tribunales de forma estrepitosa. La tertuliana fue absuelta en primera instancia y ahora, en segunda, por las tres magistradas que integran la Sala número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid. La cuestión es verdaderamente importante.
¿Qué argumenta la Audiencia para justificar este histórico revés a las pretensiones de la Moncloa? Como recoge Hispanidad, los jueces fundamentan su decisión en principios democráticos esenciales que el Gobierno pretende ignorar. En primer lugar, la sala determina «que Begoña Gómez sí debe ser considerada una persona de relevancia pública, a pesar de no ostentar un cargo político ni desempeñar funciones públicas electivas o gubernamentales».
El estatus que ostenta obliga a un escrutinio riguroso por parte de los medios independientes. Y claro, ser un personaje público implica que el ámbito de protección de su derecho al honor, intimidad o propia imagen está más limitado que el de los particulares. Esas críticas o comentarios entran, por tanto, en el ámbito del interés general, donde los límites a la libertad de expresión y de información son más amplios porque contribuyen a la formación de la opinión pública.
La resolución judicial desmantela la opacidad con la que Begoña Gómez pretende tapar sus andanzas internacionales y sus contactos con delegaciones extranjeras. El intento de ocultar su posible relación con oscuros intereses en Marruecos a través del África Center tropieza ahora con el derecho a la información. Los ciudadanos tienen el derecho absoluto a saber si las decisiones estratégicas de la política exterior española coinciden de manera sospechosa con los negocios particulares nacidos al calor del poder gubernamental.
Como decimos, esto es importante porque uno de los casos más relevantes dentro de las tramas que acechan al presidente Sánchez y a la propia Begoña es el caso del África Center, que nunca se llegó a investigar. A lo mejor ahora, tras la contundente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, alguien se anima a tirar del hilo y a levantar las alfombras de una institución bajo sospecha. Los datos objetivos sitúan el foco sobre un entramado de favores cruzados y financiación preferente.
Resumiendo los hechos probados: Begoña dirigió el IE África Center (un centro académico del Instituto de Empresa) entre 2018 y 2022, periodo en el que firmó un acuerdo con Wakalua, filial de Globalia, propietaria de Air Europa, rescatada posteriormente por el Consejo de Ministros con una inyección millonaria de 475 millones de euros.
Las coincidencias temporales resultan ofensivas para la inteligencia de los ciudadanos. El montante económico del acuerdo entre el IE África Center y Wakalua ascendía a 40.000 euros anuales. Las auditorías internas y las investigaciones periodísticas revelan un trato de favor constante que desborda cualquier lógica empresarial de mercado libre.
El proceso que facilitó el desembarco de Gómez en dicha institución carece de la transparencia exigible a cualquier entidad con proyección pública.
Según declaró la directora de RRHH del IE al juez Peinado, recibió órdenes directas de Juan José Güemes, entonces presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE Business School para contratar a Begoña, a pesar de que no constara ningún proceso de selección ni valoración previa de su CV. Los intermediarios actuaron con una sumisión total a los deseos del poder político.
Según declaró la directora de RRHH, la esposa del presidente Sánchez, ni estaba obligada a ir presencialmente a la oficina ni tenía que rendir cuentas a nadie y desveló que el sueldo de Begoña era de 55.000 euros anuales por una jornada de 40 horas semanales.
Unas condiciones laborales de ensueño que ningún ciudadano corriente puede alcanzar sin un currículum sobresaliente. La defensa de Gómez alegó que ese contrato se remonta a 2017, cuando Sánchez aún no era presidente del Gobierno y que su nombramiento respondió únicamente a criterios profesionales y de experiencia. El caso de África Center ha empezado.
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