El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordaba hace unas semanas abrir una “pieza separada económica” para recabar determinada información bancaria en relación con los posibles pagos efectuados por la trama del Caso Leire, investigada por supuestamente intentar desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno en los que intervino la ex militante Leire Díez. Ahora, tras las declaración de Ana Fuentes, gerente del PSOE, en la causa, el juez medita si incluye al partido en la lista de imputados.
Antes de todo esto, el magistrado ya pidió información a 12 entidades bancarias de alrededor de 80 cuentas bancarias en las que figuran como intervinientes el mismo PSOE y los investigados Ismael Oliver, Gaspar Zarrías y Jacobo Teijelo, entre otros.
En su resolución, el instructor ordenaba que los datos sensibles económicos recabados sean utilizados por la UCO para hacer un informe, pero “evitando que el traslado abierto y su integro volcado en las actuaciones permita su pública difusión (que se torna imposible de controlar)”.
Pedraz, según un auto dictado el 1 de junio, «requirió a la unidad (UCO) para que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados».
En el citado escrito el juez dejaba constancia de que Leire Díez habría promovido el pago a estos abogados con cargo a los fondos del partido PSOE, en concreto los honorarios correspondientes a dos letrados: Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova, ambos investigados.
«El primero de ellos, conforme a lo expuesto previamente, habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire, a través de Oliver Gruppe SL. El segundo, Jacobo Teijelo Casanova, habría sido empleado igualmente como instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal», decía el juez.
Ahora parece que el futuro judicial del PSOE se complica tras la declaración de Ana María Fuentes ante el juez Pedraz. Lo que comenzó siendo un interrogatorio dirigido a determinar la responsabilidad de la gerente, que figura como investigada, por la presunta emisión de facturas falsas en favor de estos abogados puede convertirse en el hilo del que Pedraz tire para imputar al partido socialista.
Sobre Ana María Fuentes Pacheco, directora Gerente Federal del PSOE, ya decía la UCO que «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos (Cerdán), de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners SL, vinculado Ismael Oliver Romero y otra con Jacobo Teijelo Casanova.
De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados».
En similares términos se recogía en el informe policial la situación de dos administrativas del partido: «Covadonga San Pedro Pascual en calidad de secretaría y administración del PSOE. Habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada.
Dichas funciones comprenderían, por un lado, la gestión y coordinación de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados; cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político.
Y por otro lado, llevando a cabo gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones por parte de los miembros de la organización». De manera similar la UCO pone el acento sobre Celia Rodríguez «con rol y funciones similares a las de Covadonga». Sin embargo, éstas han declarado como testigos ante Pedraz.
La UCO resumía que «en lo que respecta a estas tres personas, su participación se considera esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE, siendo el objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado».
Además, «todo ello además teniendo en cuenta que de todas ellas existen elementos en la causa de los que se desprende que al menos algunas de las gestiones sobre las que se considera necesario profundizar las habrían desarrollado a través de sus terminales móviles».
La versión de Fuentes siempre ha sido que estos pagos fueron encargados por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y por tanto, su jefe directo. Todos los contratos eran supervisados por el letrado Alberto Cachinero, jefe de la asesoría jurídica del partido.
Habrá que esperar a ver si la Fiscalía Anticorrupción, presente en el interrogatorio, decide interponer una nueva querella o solicita algún informe cuando la UCO entregue su estudio sobre las cuentas del partido socialista.
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