Financiacion ilegal del PSOE

 También pretenden identificar a las personas que realizaron las aportaciones y comprobar si disponían de recursos económicos suficientes para justificar las cantidades entregadas

Antes de todo esto, el magistrado ya pidió información a 12 entidades bancarias de alrededor de 80 cuentas bancarias en las que figuran como intervinientes el mismo PSOE y los investigados Ismael Oliver, Gaspar Zarrías y Jacobo Teijelo, entre otros

La propia demanda da por hecho que el sobre existe y que Aldama lo ha entregado a la Justicia, mientras circunscribe expresamente la supuesta falsedad denunciada a la identidad de la persona que se lo hizo llegar

La causa investiga además posibles maniobras orientadas a entorpecer procedimientos judiciales que afectan tanto al partido como al propio Gobierno, en un caso que se suma a la larga lista de frentes judiciales abiertos contra el entorno socialista en los últimos años

Moreno y Pedraz investigan el posible uso de fondos de Ferraz para presunta financiación ilegal y el sufragio de maniobras contra la UCO y la Fiscalía

«Es una orden directa del Secretario de Organización. No sé más. Por favor emite en cuanto tengas la autorización»

La UCO detecta al menos 52 'tickets' con cantidades redondas y bloques de cargos por 120, 300 o 210 euros

La UCO ha detectado 52 facturas que considera relevantes dentro de la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE

La UCO investiga una presunta trama de financiación irregular del PSOE que desviaba fondos a medios afines mediante agencias de publicidad, rastreando movimientos bancarios y cuentas fiscales desde 2022

Entre el material, se cuentan estados contables, contratos y facturas y gastos de propaganda y publicidad electoral. Sea como sea, la formación asegura que ha "respetado en todo momento la legislación electoral y actuado con total transparencia"

El comportamiento registrado en 2020 resulta especialmente llamativo al situarse en pleno contexto de pandemia, un periodo en el que gran parte de organizaciones y entidades privadas experimentaron una reducción de ingresos y actividad económica