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Así lo expuso en un escrito, en el que se mostró a favor de que los juzgados ceutíes remitieran a la Audiencia Nacional, que instruye la causa central sobre la entrada masiva de inmigrantes, las diligencias abiertas por la actuación de Pérez Triano tras denuncias de Manos Limpias y Hazte Oír.
Días antes de que los juzgados ceutíes finalmente se inhibieran, el Ministerio Público hizo hincapié en que "las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".
"La investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes, la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección", señaló.
Según indicó, las denuncias presentadas contra Pérez Triano apuntan a su "eventual responsabilidad" por las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la "presunta omisión de medidas" que, añadió, "pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo".
EVITAR DUPLICIDADES
La Fiscalía apostó por investigar en los mismos juzgados, por un lado, "la actuación de quienes promovieron o facilitaron la entrada masiva" que, a su juicio, "constituye el presupuesto inicial de la secuencia".
Y, por otro lado, "la actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno", que "forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación".
A su entender, si bien las conductas denunciadas pudieron haber ocurrido "en momentos y espacios distintos", todas ellas "se producen sobre un mismo acontecimiento", por lo que no se trata, adujo, "de hechos aislados o independientes", sino de "actuaciones que presentan una unidad de contexto".
Y es que esta conexión --expresó-- "no se limita a la identidad de las personas investigadas, sino que se extiende a la unidad del hecho histórico, la comunidad de prueba y la interdependencia de las conductas".
Por ello, argumentó que la investigación separada "podría impedir valorar adecuadamente el conjunto del engranaje operativo e institucional, producir duplicidad de diligencias y generar resoluciones contradictorias sobre cuestiones esenciales como la previsibilidad del riesgo".
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