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Nuevo golpe de Giorgia Meloni a la inmigración masiva. En esta ocasión, la primera ministra italiana ha puesto el foco en las aulas y ha anunciado una nueva norma que establecerá un máximo de alumnos extranjeros por clase, obligará a aprender italiano a los padres de estudiantes con graves problemas de integración y vetará el uso del burka y el hiyab en los colegios. La iniciativa llegará próximamente al Consejo de Ministros.
Meloni ha avanzado estas medidas durante su intervención en Fenix, la fiesta de Gioventù Nazionale, organización juvenil de Hermanos de Italia, celebrada en Roma. La dirigente ha defendido que los alumnos italianos no deben acabar convertidos en minoría dentro de sus propias clases y ha vinculado las nuevas restricciones a la integración de los estudiantes extranjeros.
El presidente de la Asociación Nacional de Directores, Antonello Giannelli, ha señalado posteriormente que limitar su porcentaje puede plantear dificultades prácticas en barrios donde existe una elevada concentración de población extranjera.
La primera ministra también ha defendido la prohibición de las prendas islámicas anunciada para los centros educativos. Meloni ha sostenido que a la escuela se debe acudir con el rostro descubierto y ha enmarcado la medida en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, que ha calificado como un principio «innegociable» tanto en las calles como en los colegios italianos.
El paquete educativo incluirá además cambios en la enseñanza técnico-profesional. El Gobierno pretende extender la denominación de «liceo» a los institutos técnico-profesionales con el propósito declarado de equiparar el reconocimiento de estos itinerarios al de otras modalidades educativas. Meloni ha defendido que quienes escogen estos estudios deben ser considerados en igualdad de condiciones respecto al resto de alumnos.
La dirigente italiana ha aprovechado su discurso para reivindicar también la cultura del esfuerzo y la evaluación frente a lo que considera una tendencia a igualar las calificaciones. A su juicio, conceder aprobados de manera generalizada no garantiza las mismas oportunidades, sino que impide detectar tanto las carencias de quienes necesitan apoyo como el rendimiento de los estudiantes que destacan. Por ello, ha defendido una escuela que evalúe, corrija los errores y mantenga unas normas claras.
Meloni ha cerrado este bloque de su intervención reivindicando la política universitaria de su Ejecutivo. Según los datos expuestos por la propia primera ministra, el Fondo de Financiación Ordinaria de las universidades alcanza los 9.400 millones de euros, frente a los 8.400 millones que, aseguró, había cuando llegó al Gobierno. La cifra supone, de acuerdo con Meloni, un incremento del 25% respecto a 2019.
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