El mayor organismo de investigación de nuestro país sufre una metamorfosis alarmante hacia la ineficacia. La desbocada burocracia en la investigación científica española ha encontrado su máximo exponente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC-, una institución que sustituye el rigor de los laboratorios por la proliferación descontrolada de comités de corte ideológico. El CSIC cerró el ejercicio de 2025 con la escandalosa cifra de 94 comités de Sostenibilidad, tras constituir un ejército de 54 nuevos órganos de este tipo durante el último año.
Estas estructuras burocráticas ya colonizan el 76% de sus institutos, centros y centros nacionales, demostrando que la prioridad de la actual dirección radica en la proliferación de los chiringuitos, la propaganda verde y no en el avance del conocimiento humano.
Los datos de la Memoria Anual 2025 del CSIC desvelan una hipertrofia institucional difícilmente justificable en términos de rendimiento científico real. Bajo el pretexto de coordinar más de 850 actuaciones de sostenibilidad, el organismo gasta recursos ingentes en fiscalizar la movilidad de sus empleados, auditar el reciclaje de las oficinas o imponer directrices sobre alimentación y tecnologías de la información.
Mientras los verdaderos investigadores mendigan becas y arrastran una precariedad crónica, el presupuesto se desvía hacia el sostenimiento de una red de control que poco o nada aporta a la excelencia académica internacional.
El crecimiento de la plantilla del CSIC coincide milimétricamente con el desembarco del actual equipo directivo en la Presidencia en 2022. En apenas tres años, el organismo público aumentó su equipo humano en un 26%, alcanzando las 17.471 personas en plantilla frente a las 13.888 de hace tres ejercicios.
Esta incorporación masiva de 3.583 trabajadores engorda una estructura estatal que maneja una suculenta financiación de 1.381 millones de euros destinados a gestionar 6.300 proyectos. Sin embargo, este aumento de personal se traduce en una preocupante inflación administrativa orientada a justificar subvenciones y mantener la paz interna de las subdirecciones generales.
La obsesión por colgar medallas simbólicas ha llevado a la cúpula a inventar el denominado Distintivo de Sostenibilidad, una suerte de premio político que reconoce el seguidismo de los centros subordinados. El Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea) se alzó con el primer puesto tras amoldar su actividad a 70 acciones alineadas con el Plan de Sostenibilidad del CSIC. Le siguieron el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) y Geociencias Barcelona (GEO3BCN).
El absurdo administrativo alcanza su cénit con la puesta en marcha de las Conversaciones Sostenibles, foros que consumen valiosas horas de trabajo para debatir sobre la huella ambiental de la inteligencia artificial, en lugar de financiar proyectos punteros que compitan en el escenario global con Estados Unidos o China.
Frente al despliegue masivo de comités e informes ecológicos, la producción industrial y tecnológica del CSIC muestra un rendimiento exiguo si consideramos el volumen de su financiación millonaria. Durante todo el ejercicio de 2025, el organismo solo solicitó 145 nuevas patentes prioritarias y fundó apenas 11 empresas de base tecnológica.
Los 2.064 contratos y convenios firmados con entidades públicas y privadas apenas generaron 3,28 millones de euros en concepto de regalías, una cifra ridícula para una plantilla de más de 17.000 personas. El conocimiento generado no logra transformarse en riqueza real para el tejido productivo del país, atrapado en las redes del chiringuito ideológico.
Por el contrario, el CSIC funciona de manera prioritaria como una gestoría al servicio de las necesidades de comunicación de los ministerios del Ejecutivo. El organismo elaboró un total de 9.374 informes durante el año, de los cuales el 90% terminaron en despachos de instituciones nacionales, con especial atención a las carteras de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los científicos se convierten así en redactores de informes a la carta para justificar las políticas gubernamentales, limitando su labor de campo a la asistencia técnica en emergencias puntuales como los incendios forestales de Las Médulas o las inundaciones de la dana.
El modelo actual del CSIC resulta insostenible a largo plazo y la propia dirección del organismo empieza a acusar los síntomas de este colapso organizativo. La presidenta del centro, Eloísa del Pino, reconoce de cara a 2026 la existencia de varios desafíos estructurales profundos, admitiendo textualmente que el organismo convive con varios «retos importantes y numerosos en materia de gestión».
Entre las prioridades que la propia dirección se ve obligada a afrontar debido al malestar interno de los laboratorios reales, Del Pino sitúa la mejora de la carrera del personal técnico y la negociación de un nuevo modelo de productividad que permita atraer y retener talento.
Ningún científico de prestigio internacional deseará desarrollar su carrera en una institución que prima la ideología de los comités sostenibles por encima del impacto de las publicaciones y el éxito de las patentes. El CSIC necesita urgentemente una limpieza profunda que desmantele los 94 comités artificiales creados para el lucimiento político de la presidencia.
España no puede permitirse transformar su principal motor de investigación en un chiringuito burocrático que ahuyenta el talento real y dilapida el dinero del contribuyente en conversaciones vacías sobre el clima.
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