El PSOE ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas dirigida a su militancia con el objetivo explícito de ejercer "presión" sobre el Tribunal Supremo. La formación socialista busca que los magistrados revoquen de forma inminente la suspensión cautelar que congela el derecho al voto de los ciudadanos que adquirieron o recuperaron la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos.
A través de un correo electrónico enviado este lunes por Ferraz, el partido advierte a sus bases sobre una "amenaza real" para la democracia, asegurando que las maniobras del Partido Popular y Vox han conseguido privar temporalmente de su voz en las urnas a casi 400.000 personas.
El mensaje recalca que la resolución definitiva es inminente y pide unirse masivamente para lograr la restitución de este derecho fundamental "antes de que sea demasiado tarde".
El objetivo de PP y VOX, sostienen, es convertir a estos españoles en «ciudadanos de segunda» para «obtener rédito político despojándolos del derecho constitucional al voto».
Desde Ferraz, por tanto, piden a sus militantes que firmen para «defender el derecho a voto de todos los españoles» y alertan de que las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal ponen en cuestión que ciudadanos que tienen reconocida la nacionalidad española «puedan participar en igualdad de condiciones en la vida democrática de su país».
Esta ofensiva política se produce después de que el Alto Tribunal suspendiera cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nuevos nacionalizados al apreciar un riesgo fundado para la transparencia electoral. La decisión judicial ha provocado un duro enfrentamiento institucional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildó las medidas de "muy graves" durante su intervención en Gavá, mientras que otros ministros y portavoces socialistas han criticado duramente a unos jueces a los que acusan de buscar rédito político para la oposición convirtiendo a este colectivo en "ciudadanos de segunda".
El Alto Tribunal apreciaba un «peligro fundado y real» para el resultado de futuras elecciones y justificaba su decisión por una instrucción del Ministerio de Justicia que eliminó la obligación de demostrar documentalmente la persecución por motivos políticos o ideológicos para obtener la condición de exiliado de las personas que salieron de España entre 1936 y 1955.
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