Impacto España Noticias
El Gobierno de Pedro Sánchez ha despejado una de las grandes incógnitas de la crisis migratoria de Ceuta: la mayoría de los menores extranjeros no acompañados (menas) llegados durante la entrada masiva no tiene previsto regresar a Marruecos.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que la mayoría «se quiere quedar en España y se va a quedar», mientras el Ejecutivo prepara su traslado a distintos puntos de la Península.
La declaración de Rego supone un giro especialmente relevante en una crisis que comenzó con la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos. El Gobierno asegura que está trabajando en expedientes de reagrupación familiar, pero la propia ministra reconoce que la respuesta de las autoridades marroquíes no suele ser «fluida», lo que dificulta el retorno de los menores a sus familias.
La cifra que maneja oficialmente el Ejecutivo también resulta significativa. El 15 de septiembre, Ángel Víctor Torres cifró en 1.612 los menores filiados en Ceuta tras la entrada masiva, aunque precisó que entre 700 y 1.000 podían continuar en las calles. De esos 1.612, el Gobierno había señalado anteriormente que 1.129 habían sido registrados después de la entrada del 30 y 31 de julio.
Ahora, la estrategia de Moncloa pasa por evitar que Ceuta siga soportando en solitario la presión asistencial y repartir la acogida por la Península. Rego ha defendido que 500 menores sean trasladados mediante entidades especializadas y ha reclamado al Gobierno de Juan Vivas que firme el acuerdo planteado por el Ministerio. El departamento de Rego sostiene que «solo falta la firma» de Ceuta para poner en marcha esas plazas.
El problema es que trasladar a los menores a la Península no equivale a reunirlos con sus familias. Y precisamente ahí se encuentra uno de los principales puntos de fricción: mientras el Ejecutivo insiste en sus derechos y en su protección dentro de España, desde Ceuta se reclama que se explore con mayor firmeza la vía del retorno familiar cuando sea posible.
Rego ha defendido que la legislación española protege a todos los menores con independencia de su nacionalidad y ha rechazado que la política del Gobierno responda al «buenismo». A su juicio, se trata de cumplir la legislación vigente.
El Ejecutivo también ha destinado 63 millones de euros adicionales para atender a los menores llegados a Ceuta, después de otra partida de 25 millones aprobada previamente.
Así, casi dos meses después de la entrada masiva, la solución que plantea el Gobierno no pasa fundamentalmente por devolver a los menores a sus familias en Marruecos, sino por mantenerlos bajo protección española y trasladar parte de ellos a la Península. Una decisión que mantiene abierto el enfrentamiento con el Ejecutivo ceutí y convierte la gestión de los menores en uno de los principales focos de la crisis migratoria.
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