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El Tribunal Constitucional ha dado este martes el primer paso para permitir el regreso de Carles Puigdemont a España. La mayoría progresista del órgano de garantías ha conseguido imponer la estimación del recurso de amparo de Jordi Turull, en contra de la ponencia redactada por el magistrado José María Macías por la que rechazaba amnistiar el delito de malversación al exdiputado catalán.
La deliberación que se ha resuelto con cinco magistrados a favor de la ponencia y siete en contra, supone el primer paso para que el Tribunal Supremo acuerde levantar la orden de detención que aún pesa sobre el expresidente de la Generalitat. Pese a los contundentes argumentos esgrimidos por el ponente designado por el TC, la mayoría progresista ha conseguido dar la vuelta al resultado, por lo que se tendrá que redactar una sentencia contraria al criterio de la ponencia original.
La redacción elaborada por Macías respalda el rechazo del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a los líderes del procés al considerar que existió un enriquecimiento personal, punto excluido de la ley de amnistía. La ponencia destaca que la interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo "no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación".
Tras la deliberación de este martes, Macías elaborará una nueva ponencia siguiendo el criterio de la mayoría. Sin embargo, el presidente del tribunal Cándido Conde Pumpido, redactará de forma paralela la suya propia en respuesta en este caso al recurso de Dolors Bassa. El bloque conservador lo ve como una estrategia para controlar la forma en la que se fije la doctrina que al final quedará aplicada al expresident catalán.
El magistrado que se mostró en origen en contra en la ponencia descartada, insistía en que no hubo una "arbitrariedad irazonabilidad manifiesta ni error patente" que permita estimar el recurso de amparo de Turull. Tampoco compra el argumento de su defensa de que se vulneraron sus derechos. Sin embargo, los magistrados del bloque progresista no comparten este criterio y se han mostrado en favor de estimar la petición del exdiputado catalán, aplicable al resto de líderes del 'procés'.
El aval del órgano presidido por Cándido-Conde Pumpido acerca el regreso del Carles Puigdemont tras nueve años fuera de España. Un nuevo y definitivo impulso tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al núcleo de la norma diseñada por los socialistas.
El órgano europeo concluyó en su sentencia que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE y, por tanto, que se puede aplicar para exonerar los delitos de terrorismo, siempre que no cubra violaciones graves de derechos humanos y la malversación al considerar que no existe un vínculo directo entre los actos ejecutados por los independentistas y la potencial reducción de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión.
Tras la resolución del TJUE el magistrado del Supremo Pablo Llarena rechazó alzar la orden de detención al considerar que la visión de que existió un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial ha quedado fuera el análisis del tribunal de Luxemburgo. Este ha sido el argumento clave del alto tribunal para bloquear el regreso del líder independentista a España estos últimos años.
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