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La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que las denuncias de Víctor de Aldama sobre el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública "se han visto corroboradas por otros elementos probatorios", según el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. La trama Koldo-Ábalos suma así una nueva ramificación que apunta directamente a una de las grandes constructoras españolas.
La empresa señalada es Grupo Azvi, la constructora que participó en la reforma de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, incluidas las obras a su paso por Adamuz (Córdoba). Al frente de la compañía figura Manuel Contreras Caro, presidente de Azvi, que intentó sin éxito presentar una querella contra Aldama por injurias y calumnias. El Tribunal Supremo le negó la autorización necesaria para seguir adelante con esa acción judicial.
El fiscal jefe Alejandro Luzón ha dejado claro en su escrito que las pruebas recabadas no respaldan la versión de que las acusaciones de Aldama contra Azvi fueran falsas. Además, remarca que Contreras "de momento" no ostenta la condición de investigado, una coletilla que, según fuentes judiciales consultadas, deja la puerta abierta a que esa situación cambie en las próximas semanas.
Según la tesis que maneja la Fiscalía, varias empresas adjudicatarias de obra pública habrían pagado comisiones a cambio de contratos y, para compensar ese sobrecoste oculto, habrían recurrido a materiales de peor calidad que los presupuestados inicialmente. Un mecanismo que, de confirmarse judicialmente, afectaría a la seguridad de infraestructuras críticas como la línea de alta velocidad.
La investigación ha rescatado anotaciones de la agenda de Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, en las que aparece el nombre de la constructora en dos ocasiones: el 28 de mayo de 2021 ("Juan Carlos y Sevilla/AZBI") y de nuevo el 15 de junio de ese mismo año. Las fechas coinciden con momentos clave de la tramitación del contrato: el 26 de abril de 2021 se cerró el plazo de presentación de ofertas y el 31 de mayo se produjo la apertura de la oferta económica dentro de una tramitación de urgencia.
A esas anotaciones se suman conversaciones grabadas en las que Koldo García pregunta explícitamente por "facturas de 6.000 euros de Azvi", un detalle que la Fiscalía considera parte del entramado probatorio que sostiene la versión de Aldama. La instrucción también señala a Javier Herrero, extitular de la Dirección General de Carreteras, por mantener una relación estrecha con la cúpula de Azvi durante la tramitación del contrato.
El caso salpica igualmente a otras empresas del sector, como Obras Públicas y Regadíos (OPR), Áridos Anfersa o Levantina, Ingeniería y Construcción, todas ellas relacionadas con la Administración a través de ADIF. Grupo Azvi, por su parte, contrató posteriormente a Koldo García como consultor para sus operaciones en Latinoamérica, entre ellas el Tren Maya en México, un dato que refuerza para la Fiscalía la relación de confianza entre el exasesor y la constructora.
El PSOE ya arrastra un año entero de escándalos ligados al caso Koldo, con Ábalos y su exasesor como protagonistas de una trama que no deja de crecer. Aldama ya había admitido ante el Supremo el pago de comisiones y su colaboración con Ábalos y Koldo, y ahora la Fiscalía Anticorrupción respalda con pruebas materiales lo que el propio empresario llevaba meses denunciando.
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