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El Gobierno de Giorgia Meloni ha dado luz verde definitiva a uno de los decretos más contundentes de su legislatura en materia de integración escolar. El nuevo texto aprobado contempla multas de entre 200 y 1.000 euros para los padres extranjeros que rechacen participar en los cursos gratuitos de italiano ofrecidos por los servicios sociales, cuando estos detecten una barrera idiomática grave que perjudique la integración escolar de sus hijos.
La medida se aplicará a partir del curso 2026-2027 y llega después de meses de debate en el país transalpino sobre cómo abordar la creciente presencia de alumnado extranjero en las aulas italianas, que ya alcanza las 900.000 personas, un 12% del total de la matrícula, frente a los apenas 15.000 alumnos extranjeros que había cuando se plantearon medidas similares en 1990.
El decreto establece además un tope máximo del 30% de estudiantes sin un dominio adecuado del italiano en las clases iniciales de primaria y secundaria, una medida que afecta ya a unas 34.000 aulas en todo el país, concentradas sobre todo en regiones del norte como Lombardía y Emilia-Romaña. El Ejecutivo italiano ha destinado 17,5 millones de euros para reforzar la enseñanza del idioma en los centros más afectados.
El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, ha defendido la norma señalando que la implicación de los padres "está relacionada con el rendimiento académico del alumnado", citando estudios de la OCDE en apoyo de esta medida. Los borradores iniciales del decreto contemplaban incluso la posibilidad de retirar la custodia en casos de incumplimiento persistente, una opción que finalmente fue sustituida por el sistema de sanciones económicas.
El paquete de medidas incluye también la prohibición del burka y el niqab en toda actividad escolar, tanto curricular como extraescolar, con sanciones que van de nuevo de 200 a 1.000 euros y que recaerán sobre los padres cuando sea un menor quien incumpla la norma. La prohibición se extiende también a cascos y máscaras que cubran el rostro, salvo por motivos de salud justificados.
Meloni ha defendido las medidas como "herramientas de integración" destinadas a evitar la formación de lo que ha calificado como "clases gueto", mientras que desde la oposición italiana se ha calificado la norma de "vergonzosa" por señalar a las familias más vulnerables.
El nuevo decreto confirma y amplía el anuncio que ya había avanzado semanas atrás el propio Gobierno italiano sobre las multas a los inmigrantes con hijos escolarizados que no aprendan el idioma, que ahora queda convertido en ley con la incorporación adicional de la prohibición del velo integral en las aulas.
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