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La Comisión Europea coordinó con Newtral, Meta y TikTok una respuesta sobre los contenidos difundidos durante la invasión migratoria de Ceuta, según un informe de Freedom and Sovereignty Initiative Europe, firmado por Jacob Reynolds y fechado el 24 de septiembre. El documento cuestiona que esa colaboración se limitara a desmentir bulos y sostiene que abrió la puerta a intervenir sobre el relato político de las entradas masivas del 30 y 31 de julio.
La investigación se apoya, entre otras fuentes, en el informe de transparencia de la propia Newtral. La empresa fundada por Ana Pastor reconoce que su responsable de verificación asistió a tres reuniones sobre Ceuta, incluida una mesa redonda en Bruselas con unos veinte representantes de instituciones europeas, plataformas y verificadores españoles. Entre los asuntos tratados figuraba cómo abordar contenidos considerados «dañinos» que quedaban fuera de los programas habituales de verificación.
El informe sitúa uno de sus principales reproches en el tratamiento de la expresión «invasión de Europa». Sin embargo, reconoce que varios ejemplos analizados por Newtral contenían falsedades comprobables: vídeos antiguos, imágenes de otros países atribuidas a Ceuta y documentos falsificados. Entre ellos figuraban grabaciones de Libia de 2023 presentadas como actuales. Esos casos acreditan la revisión de publicaciones con material descontextualizado, pero no demuestran por sí solos que se prohibiera utilizar la palabra «invasión».
La financiación europea de Newtral constituye otro eje de las críticas del documento. Reynolds recoge una ayuda de 50.000 euros para un proyecto de verificación automatizada y una aportación de 251.971,20 euros vinculada a HYBRIDS, además de su participación en otras iniciativas comunitarias. También menciona el programa FACTEUR, dotado con cinco millones para el conjunto del proyecto, aunque precisa que no se conoce qué parte corresponde a Newtral. El autor cuestiona la proximidad entre financiadores, verificadores y plataformas, sin aportar pruebas de que esas subvenciones estuvieran condicionadas a retirar opiniones concretas sobre Ceuta.
El propio informe introduce una distinción decisiva sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA): su mecanismo extraordinario de crisis, previsto en el artículo 36, se debatió, pero no llegó a activarse. La colaboración se desarrolló mediante el Código de Conducta y, según la Red Europea de Estándares de Verificación de Hechos, las decisiones de etiquetar, moderar o eliminar publicaciones siguieron correspondiendo a las plataformas.
El documento denuncia un posible sistema de censura, pero no identifica qué publicaciones concretas fueron retiradas por una orden de la Comisión ni acredita una prohibición general de las críticas a la gestión migratoria.
"La Unión Europea está ampliando progresivamente sus competencias para regular la libertad de expresión, especialmente en lo relativo a los procesos electorales y las situaciones de crisis, como la ocurrida en torno a Ceuta. Este ejemplo pone de manifiesto hasta qué punto la UE delega la censura en ONG a menudo partidistas. Al autodenominarse «verificadores de datos» obtienen un acceso privilegiado para señalar y, en última instancia, eliminar contenidos", ha remarcado Jacob Reynolds.
"Es prácticamente seguro que las elecciones generales españolas de 2027 despertarán un gran interés por parte de estos supuestos verificadores de datos. Debemos plantearnos interrogantes serios sobre el papel que desempeñan en la regulación del debate político", ha concluido.
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