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Europa avanza hacia un modelo migratorio más duro… y España vuelve a quedarse aislada. Los ministros del Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han aprobado este jueves los llamados “centros Meloni”, instalaciones de procesamiento y deportación ubicadas fuera del territorio comunitario para gestionar a los inmigrantes irregulares antes de su entrada definitiva en la UE.
El plan, impulsado por Italia y defendido por varios gobiernos europeos como un instrumento “necesario para recuperar el control de las fronteras”, ha contado con un apoyo prácticamente unánime… excepto por el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido el único que ha expresado un rechazo explícito a la medida.
Los “centros Meloni” forman parte de un paquete legislativo más amplio, aprobado en paralelo, que incluye un nuevo reglamento del ‘tercer país seguro’. Este marco permitirá agilizar deportaciones a países considerados seguros para tramitar solicitudes de asilo, limitando así la entrada de inmigrantes irregulares en territorio europeo.
Mientras Italia, Grecia, Austria, Alemania o Francia han insistido en que la UE necesita mecanismos más estrictos para frenar la inmigración descontrolada, la postura de España vuelve a desmarcarse del consenso europeo.
La negativa de Marlaska ha sorprendido en Bruselas por la unidad casi absoluta de los otros 26 países. En un momento en el que la presión migratoria se intensifica en todas las rutas —Atlántica, Mediterránea y Balcánica—, España mantiene una posición que varios socios consideran “incomprensible” dada la realidad que afrontan Canarias y Andalucía.
Fuentes comunitarias señalan que España se queda “fuera del eje” que se está formando para endurecer la política migratoria y que, previsiblemente, marcará las decisiones europeas de los próximos años.
Los proyectos aprobados permitirán a los Estados miembros externalizar parte de la gestión migratoria:
El modelo se inspira en acuerdos como el de Italia con Albania, que ha sido puesto como ejemplo de cooperación eficaz para reducir la presión migratoria.
Esta no es la primera vez que el Gobierno de Sánchez se aleja del bloque europeo mayoritario en cuestiones de inmigración. Bruselas observa con creciente preocupación que España no apoya medidas de control reforzado, pese a ser uno de los países más afectados por la llegada de pateras.
Con la aprobación del plan, Europa se dirige claramente hacia un enfoque más restrictivo. Y, una vez más, España se ha quedado sola defendiendo una posición distinta a la del resto del continente.
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