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Pedro Sánchez indultará al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y con el Ejecutivo en funciones. El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados y a una indemnización de 10.000 euros que deberá abonar a Alberto González Amador, entonces pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes del entorno del presidente del Gobierno han confirmado que el Ejecutivo acordará la medida de gracia al que fuera fiscal general del Estado tras los comicios porque, de hacerlo antes, temen que le pase factura en plena campaña.
Otras fuentes de La Moncloa precisan que «los gobiernos en funciones pueden conceder indultos» y que, actualmente, están esperando a que «se elabore un informe»: «Cuando esté sobre la mesa, se tomará una decisión». Esa decisión, en todo caso, no llegará hasta después del 29 de noviembre.
El Supremo condenó a García Ortiz en diciembre de 2025 a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y el pago de las costas procesales —39.009 euros sólo al que fuera novio de Ayuso— por un delito de revelación de datos reservados de González Amador. También fijó que pagara una indemnización de 10.000 euros al empresario por daños morales.
El Alto Tribunal consideró probado que el máximo representante del Ministerio Público reveló un mail del abogado de González Amador en el que se ofrecía a firmar un pacto de conformidad con la Fiscalía. Lo hizo para perjudicar políticamente a Ayuso.
En todo caso, la medida de gracia del Gobierno no librará a García Ortiz de pagar los 10.000 euros de indemnización a González Amador porque la responsabilidad civil no puede indultarse.
Esta situación se regula en el artículo 6 de la Ley de Gracia, el cual señala que «el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la Autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la concesión».
«Tampoco se comprenderá nunca en ésta la indemnización civil», establece esta normativa. De lo que sí podría librarse sería de la multa de 7.200 euros, siempre que no esté ya abonada. Si ya ha ingresado total o parcialmente esa cantidad, no se le devolverá aunque sea indultado.
El Supremo ya se pronunció en contra del indulto a García Ortiz después de que lo pidiera la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que llegó a presidir el condenado. El Alto Tribunal consideró en junio que no existen «razones de justicia, equidad o utilidad pública».
La Sala de lo Penal destacó en un informe que «los hechos fueron graves» y produjeron «una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la Justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad».
Añadió que «la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia».
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