La lista de imputados relacionados con el PSOE es interminable. Este asunto cobra ahora mayor interés por la convocatoria de elecciones generales Hay dirigentes o ex dirigentes socialistas en el Caso Zapatero o Caso Plus Ultra, financiación del PSOE, Caso Leire, Caso Cerdán, SEPI, Begoña Gómez y lo que queda del Caso Koldo en la Audiencia Nacional.
Históricamente los jueces han procurado que los casos mediáticos que incluían políticos en los sumarios quedasen paralizados o se resolviesen antes de manera que sus resoluciones no coincidiesen en el tiempo con la celebración de elecciones. Habrá que esperar a ver qué ocurre en cada uno de estos casos.
El caso que más daño puede hacer es una causa desgajada como pieza extra dentro del Caso Leire y que afecta a la financiación del PSOE. De momento es una pieza secreta que el juez Pedraz podría alargar porque todavía no ha cumplido los dos años.
El pasado mes de julio el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordaba abrir una «pieza separada económica» para recabar determinada información bancaria en relación con los posibles pagos efectuados por la trama investigada por supuestamente intentar desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, dentro del llamado Caso Leire.
En concreto, el magistrado pidió información a 12 entidades bancarias de alrededor de 80 cuentas bancarias en las que figuran como intervinientes el PSOE y los investigados Ismael Oliver, Gaspar Zarrías y Jacobo Teijelo, entre otros.
En su auto, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia atendía así la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir la pieza separada a raíz de un oficio presentado por la UCO.
En su resolución, el instructor ordenaba que los datos sensibles económicos recabados fueran utilizados por la UCO para hacer un informe, pero «evitando que el traslado abierto y su integro volcado en las actuaciones permita su pública difusión (que se torna imposible de controlar)». El instructor trataba así, en la medida de lo posible, evitar efectos indeseados en la opinión pública por la difusión de los datos contables de un partido político.
Además, una vez elaborado el oportuno informe, indicaba Pedraz, se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa. Una vez finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones.
“Ninguna vulneración al derecho a la defensa de las partes puede suponer esta forma de proceder puesto que cada uno de los afectados por esta medida tienen perfecto conocimiento de la información de sus propias cuentas bancarias y podrá discutir el informe que se elabore por la UCO sin lesión alguna a su legítimo derecho a la defensa”, añadía en su auto.
Dice Pedraz que «se requirió a la unidad para que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. (solicitud inicial obra en el oficio de fecha 01.06.2026 nº 3643/2026 de fecha 01.06.2026).
En el citado oficio se dejaba constancia de que Leire Díez habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de los honorarios correspondientes a dos letrados: Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova. «El primero de ellos habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propio Leire Díez a través de Oliver Gruppe SL.
El segundo, Jacobo Teijelo Casanova, habría sido empleado igualmente como instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal», explicaba Pedraz en un auto.
Sin embargo, el futuro judicial del PSOE, que amenaza con irrumpir en mitad de la campaña electoral se ha complicado tras la declaración de Ana María Fuentes, actual gerente del partido, ante el juez Pedraz. Lo que comenzó siendo un interrogatorio dirigido a determinar la posible responsabilidad de la gerente por la presunta emisión de facturas falsas en favor de estos abogados puede convertirse en el hilo del que Pedraz tire para imputar al partido socialista.
Sobre Ana María Fuentes Pacheco, directora Gerente Federal del PSOE, ya decía la UCO que «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos (Cerdán), de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners SL, vinculado Ismael Oliver Romero y otra con Jacobo Teijelo Casanova.
De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados».
Pero durante su interrogatorio Fuentes optó por señalar a Santos Cerdán, su superior jerárquico como secretario de organización del partido, como responsable de ordenar todos los movimientos de dinero.
En similares términos se recogía en el informe policial la situación de dos administrativas del partido: «Covadonga San Pedro Pascual en calidad de secretaría y administración del PSOE. Habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada.
Dichas funciones comprenderían, por un lado, la gestión y coordinación de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados; cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político.
Y por otro lado, llevando a cabo gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones por parte de los miembros de la organización». De manera similar la UCO pone el acento sobre Celia Rodríguez «con rol y funciones similares a las de Covadonga». Sin embargo, éstas han declarado como testigos ante Pedraz.
La UCO resumía que «en lo que respecta a estas tres personas, su participación se considera esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE, siendo el objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado».
Además, «todo ello además teniendo en cuenta que de todas ellas existen elementos en la causa de los que se desprende que al menos algunas de las gestiones sobre las que se considera necesario profundizar las habrían desarrollado a través de sus terminales móviles».
La versión de Fuentes siempre ha sido que estos pagos fueron encargados por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y por tanto, su jefe directo. Todos los contratos eran supervisados por el letrado Alberto Cachinero, jefe de la asesoría jurídica del partido.
Habrá que esperar a ver si la Fiscalía Anticorrupción, presente en el interrogatorio, decide interponer una nueva querella o solicita algún informe cuando la UCO entregue su estudio sobre las cuentas del partido socialista.
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