El acceso a la Moncloa tras las elecciones generales no garantizará el fin de la hegemonía institucional que Pedro Sánchez ha edificado en España. De la Fiscalía a RTVE, pasando por Telefónica, el Banco de España o el Constitucional, el tirano Pedro Sánchez ha colocado a los suyos en cada rincón del Estado; cambiar de Gobierno será más sencillo que desmontar la tela de araña de leyes y enchufados que ha tejido el régimen sanchista en estos nefastos ocho años.
La victoria en las urnas representará apenas el primer paso de una batalla monumental, ya que la estructura del poder actual cuenta con un diseño de resistencia concebido específicamente para maniatar a cualquier alternativa política.
La ocupación del espacio institucional en España ha respondido a una estrategia perfectamente planificada y ejecutada con un furor inusitado. Desde el primer día, Sánchez y su cuadrilla se han dedicado con furor a ocupar instituciones, asaltar organismos públicos y colocar a los suyos en puestos de relumbrón y poder:
de la Fiscalía General a RTVE, pasando por Telefónica, el Ibex 35 y una larga lista de organismos. No es algo que pase desapercibido o un tema menor. Esta red de comisarios políticos garantiza que las directrices del sanchismo continúen vigentes incluso si los ciudadanos expulsan al presidente de las urnas.
La colonización de los organismos reguladores y las empresas estratégicas muestra un patrón repetitivo donde la lealtad al líder cotiza muy por encima de la neutralidad institucional. Siete años dan para mucho. Y el presidente los ha aprovechado con una constancia digna de mejor causa.
Un ministro de Justicia acabó en el Tribunal Constitucional. Un ministro de Seguridad Social, al frente del Banco de España. Su exjefe de gabinete, presidiendo Correos. Una exministra, en Red Eléctrica. Otra, en Paradores. El patrón se repite allá donde se mire. Esta acumulación de cargos distribuye el ADN del régimen por todo el entramado administrativo español.
La Fiscalía General del Estado representa uno de los ejemplos más flagrantes de esta instrumentalización partidista del aparato estatal. En la Fiscalía General, el anterior titular, Álvaro García Ortiz, acabó condenado por el Tribunal Supremo, y su relevo, Teresa Peramato, fue designada en noviembre de 2025.
Al mismo tiempo, el control de la televisión pública sufrió una mutación radical mediante decretos que cercenaron el pluralismo. En RTVE, el Gobierno cambió por real decreto ley, en octubre de 2024, el tamaño del consejo de administración, las mayorías para elegirlo y la duración de los mandatos. La corporación es hoy lo que se llama, con sorna, Telepedro.
Las garras del poder central no se han detenido en las fronteras de lo público, sino que han invadido con descaro el sector empresarial privado de nuestro país. En el sector privado, la mano de Moncloa tampoco se ha cortado. A través de la SEPI, el Estado entró en el capital de Telefónica y en enero de 2025 forzó el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra, hombre de la máxima confianza socialista. Indra, con el Estado como primer accionista, se ha convertido en otra pieza del tablero. Y en el CIS, José Félix Tezanos lleva desde junio de 2018 cocinando encuestas que solo él entiende.
Para PP y VOX, si se confirma la victoria que anticipan las encuestas para las elecciones del 29 de noviembre, desmantelar esa red de nombramientos y puestos que ha tejido el régimen sanchista será imprescindible desde el día siguiente.
La tarea, sin embargo, no será sencilla: el andamiaje está diseñado para sobrevivir a su arquitecto. Un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo podría actuar con rapidez en algunos frentes. El primero, el CIS. Relevar a Tezanos sería cuestión de días. Es un tema menor aunque visible.
El segundo, la Fiscalía General. La ley permite cesar al fiscal general cuando termina el Gobierno que lo propuso, lo que convierte el relevo de Peramato en una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo. El tercero, RTVE. Aquí el reto es mayor. No basta con cambiar al presidente: habrá que reformar el sistema de elección del consejo. Y el PP no lo hará.
El verdadero problema para la regeneración democrática radica en las instituciones cuyos mandatos gozan de una protección jurídica temporal que impide su remoción inmediata. La mayoría están blindados para varios años. El hueso más duro de roer será el Tribunal Constitucional. Un nuevo Gobierno no podrá cambiar esa mayoría a corto plazo, ni anular sus resoluciones por decreto.
Tendrá que esperar a que venzan los mandatos o reformar el sistema de elección, siempre dentro de los límites que marca la Constitución. Será una batalla larga. Lo mismo ocurrirá con el Banco de España, presidido por el exministro José Luis Escrivá, con la AIReF y con varios organismos reguladores. Sánchez ha dejado bien amarrados muchos nombramientos, con mandatos que se prolongan más allá de la legislatura. La independencia de las instituciones, bien entendida, protege del Gobierno saliente y del entrante. Pero cuando la independencia se ha usado para blindar a los afines, el remedio exige cirugía fina.
Por otra parte, Feijóo ha prometido derogar buena parte del legado legislativo sanchista. Pero ya conocemos la historia del PP: cuando está en la oposición promete derogar pero cuando llega al poder, no solo no las deroga sino que las consolida. Eso no quita que algunas leyes menores las quite para hacer ver que hay alternancia.
La paradoja es evidente. Una victoria de PP y VOX el 29-N acabaría con el Gobierno de Sánchez, pero no necesariamente con el sanchismo. Los cargos tienen mandatos, las leyes producen efectos y la deuda tiene mejor memoria que cualquier eslogan. Por eso el nuevo Gobierno necesitará algo más que votos: un plan detallado para ir cesando a todo el aparato sanchista y recuperar la neutralidad de la nación.
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