Impacto España Noticias
Manos Limpias ha presentado una denuncia contra el Defensor del Pueblo, el excandidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo, por haber cometido una presunta prevaricación administrativa al elevar el caso de la Ley de Nietos al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.
Gabilondo interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías contra el auto del Tribunal Supremo que suspendía cautelarmente las altas en el censo electoral de aquellos que recibieron la nacionalidad acogiéndose a la Ley de Nietos. Gabilondo quiere que se adopten medidas urgentes para que las personas afectadas puedan ejercer el sufragio activo en las elecciones del 29 de noviembre, si así lo desean. Como adelantaba este diario, este recurso era la última bala del Ejecutivo de Pedro Sánchez para intentar que los nacionalizados pudiesen votar.
En la denuncia a la que ha tenido acceso IEN, la asociación critica que "el Gobierno de España, en el caso que nos ocupa pretende utilizar la figura del Defensor del Pueblo para BURLAR una resolución judicial y para ello utiliza torticeramente la interposición de un recurso de amparo, con claro abuso del derecho, con claro fraude de ley y además incurriendo en un delito de prevaricación administrativa".
Según su planteamiento, la elevación del recurso rompe las reglas del ordenamiento jurídico incurriendo en la citada prevaricación administrativa. En primer lugar, aseveran que el Defensor del Pueblo "omite" que en ningún momento existe vulneración de derechos fundamentales "puesto que los afectados que demuestren que su expediente de nacionalización es correcto, entonces tendrán el derecho a votar".
DENUNCIAN LA SITUACIÓN A LA QUE SOMETEN A NIÑOS VULNERABLES EN APANID, UNA ENTIDAD FUNDADA EN GETAFEAsimismo, el recurso de Gabilondo no se habría interpuesto conforme a derecho porque, mientras que es necesario agotar la vía judicial antes de acudir al TC, la Abogacía del Estado —en representación de la Junta Electoral Central, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Justicia— no ha interpuesto el incidente de nulidad de las actuaciones pertinente. La denuncia cita la jurisprudencia del Constitucional, que en varias ocasiones se ha pronunciado en contra de admitir un recurso de amparo por no haberse agotado la vía judicial.
"La resolución del Defensor del Pueblo, además de vulnerar el principio de separación de poderes, supone de alguna manera, acusar a los magistrados del Tribunal Supremo de prevaricadores. Es un auténtico escándalo que se utilice no ya solo al Tribunal Constitucional, para vulnerar sentencias del Tribunal Supremo, sino que ahora también se utiliza la figura del Defensor del Pueblo (afín al PSOE y al Gobierno) para vulnerar de manera flagrante una resolución judicial", asevera el escrito antes de calificar su resolución como "manifiestamente temeraria"; "claro abuso del derecho y fraude de ley"; "burda, indecente y sectaria"; y "presuntamente prevaricadora".
"Por todo ello, el recurso no solo debe ser inadmitido de plano por parte del Tribunal Constitucional sino que también debe de darse traslado de esta denuncia al propio Tribunal Constitucional para que quede constancia de que ese recurso está contaminado por un presunto delito de prevaricación administrativa", sentencia la denuncia.
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