Impacto España Noticias
El departamento segundo de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, dirigido actualmente por la consejera Elena Hernáez, ha notificado a los denunciantes y a la Diputación de Badajoz el trámite de personación previo a la apertura de diligencias.
Ese paso activa el procedimiento que puede acabar con la recuperación de dinero público cobrado de forma irregular por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y por su amigo Luis María Carrero.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas no se ha opuesto a esta primera fase. Sí lo ha hecho la Diputación de Badajoz, pese a ser la supuestamente perjudicada. Su presidenta, la socialista Raquel del Puerto, no ve justificación para que el caso se ponga en marcha, y es la única instancia en contra. El diputado provincial del PP Juan Antonio Barrios anuncia: «Vamos a solicitar todos los informes en que se basa la Diputación para no querer recuperar el dinero».
El PP, Vox y las asociaciones Iustitia Europa y Hazte Oír, que participaron en el juicio penal, se han personado también ante el Tribunal de Cuentas. Quieren que la Diputación recupere el dinero tras las condenas por prevaricación dictadas en julio por la Audiencia Provincial de Badajoz. Esta se declaró incompetente para fijar la responsabilidad civil, pero apuntó que podría actuar el Tribunal de Cuentas. Todos los condenados han recurrido el fallo.
Según los datos oficiales, David Sánchez recibió 340.572,36 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025, y Carrero, 86.988,76 euros. Los denunciantes buscan la devolución de al menos 427.561,12 euros más intereses. Iustitia Europa precisa que esa cifra no incluye las cotizaciones sociales asumidas por la Diputación, indemnizaciones, dietas y desplazamientos, ni el coste de que otros empleados públicos asumieran funciones de los puestos investigados.
La sentencia penal considera acreditado que los condenados «estaban concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial». Según el tribunal, el entonces presidente de la Diputación, el exlíder socialista Miguel Ángel Gallardo, y otros subordinados simularon un proceso de selección inexistente.
El siguiente paso será nombrar un delegado instructor que decida si hay responsabilidad contable. De haberla, se abriría un enjuiciamiento que podría llevar al embargo preventivo de bienes de los responsables y, si son declarados culpables, a la devolución del dinero, quiera o no la Diputación. El caso lo llevará Hernáez, nombrada consejera a propuesta del PP. La presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, fue impulsada por el PSOE.
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