El caso Plus Ultra vuelve a situar bajo el foco el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según una información el 24 de octubre, la documentación aportada por Roberto Roselli, exconsejero delegado de la aerolínea, recoge varias transferencias internacionales realizadas después de recibir financiación estatal, con movimientos hacia entidades de Puerto Rico y Venezuela que suscitaron alertas de cumplimiento normativo.
La operación adquiere especial relevancia porque se trata de una compañía que recibió una inyección millonaria de dinero público durante la crisis provocada por la pandemia. La investigación busca aclarar el recorrido de los fondos y la naturaleza de determinadas operaciones financieras.
Entre los movimientos documentados figura una transferencia de 5 millones de dólares a AndCapital Bank, en Puerto Rico, en septiembre de 2021, dividida en dos envíos de dos y tres millones. La información señala que la operación quedó bloqueada por el departamento de cumplimiento normativo de la entidad.
También se recoge una operación posterior con Commonwealth Bank, igualmente en Puerto Rico: en enero de 2022 se transfirieron 1,1 millones de dólares y se cerró una cuenta para constituir un depósito a plazo de 3.933.351 dólares.
El recorrido documentado incluye además una transferencia de 4.072.653,24 dólares a Banca Amiga, en Venezuela, realizada el 31 de enero de 2023. Según la explicación recogida en la documentación, el dinero se destinó a cubrir arrendamientos de aeronaves y otros gastos operativos locales. Otra operación identificada corresponde a Modus Securitisation, en Luxemburgo, por 522.372 dólares.
Estas cantidades describen operaciones distintas y no deben sumarse automáticamente como si todas representaran fondos independientes.
El rescate de Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021, sigue rodeado de interrogantes sobre su tramitación, las relaciones empresariales vinculadas a la compañía y el destino del dinero. La información también recupera mensajes y comunicaciones anteriores a la concesión de la ayuda que están siendo examinados en el marco de las pesquisas.
La investigación presta atención a la cronología de los contactos y de las gestiones relacionadas con el rescate, así como a posibles pagos e intermediaciones. La documentación conocida, sin embargo, no permite concluir por sí sola que las transferencias internacionales fueran ilegales ni acredita que José Luis Rodríguez Zapatero ordenara o se beneficiara de esos movimientos.
La cuestión de fondo sigue siendo la misma: ¿se utilizaron los recursos públicos conforme a la finalidad y las condiciones del rescate? La respuesta dependerá del análisis de la documentación financiera y de lo que determinen los investigadores y los tribunales.
La aparición de nuevas operaciones y alertas bancarias añade elementos al caso y refuerza la necesidad de esclarecer, con pruebas, el recorrido del dinero público y las responsabilidades que pudieran derivarse.
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