La UCO prepara un informe que deja a Acciona a las puertas de su imputación

El nuevo oficio de la UCO se remitirá próximamente al juez Ismael Moreno, que instruye la causa sobre presuntos amaños de obra pública. En ella figuran como investigados principales los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, junto a Koldo García, por presuntas mordidas. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas aseguran que Acciona quedaría a las puertas de ser imputada como persona jurídica.

Según esas mismas fuentes, la investigación formal sobre la constructora se plantearía por responsabilidad civil a título lucrativo. Es decir, por haberse podido lucrar con adjudicaciones a las que concurría en UTE con empresas investigadas de la trama, como Servinabar 2000 y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), o con las que mantuvo vínculos a través de exdirectivos, en el caso de Obras Públicas y Regadíos (OPR).

En los sucesivos informes de la UCO, Acciona aparece como «denominador común» de varias de las adjudicaciones investigadas. El auto del juez Leopoldo Puente cifró en 537,2 millones de euros las obras adjudicadas bajo sospecha, muchas de la Dirección General de Carreteras y de Adif, ambos dependientes del Ministerio de Transportes. La UCO elevó esa cifra hasta los 637 millones.

La mayor parte de las sospechas se centra en contratos suscritos con Servinabar 2000, sociedad participada al 45 % por Cerdán según un documento hallado en los registros.

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La Guardia Civil atribuye a Acciona el 87 % de sus ingresos, unos 7,5 millones de euros entre 2015 y 2025, entre ellos los del proyecto de los túneles de Belate y el Puente del Centenario en Sevilla. LIC está investigada por una obra en la N-IV, entre Dos Hermanas y Los Palacios, adjudicada en 2019. Su dueño, Pepe Ruz, fue el principal beneficiario del Ministerio de Transportes en obras de carreteras, con 128 millones, y trabajó como jefe de obras de Acciona en Aragón.

Otro investigado, Fernando Merino, fue gerente de Acciona Construcciones y enlace con la empresa hasta 2019; desde entonces, nexo con OPR. Según un informe de la UCO, mediaba con Koldo García en favor de la constructora de sus cuñados para dar «un empujón» a las obras que querían conseguir.

En junio de 2025, Puente ordenó ocho registros, entre ellos en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, e imputó a tres directivos de la compañía: Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel García Alconchel. Acciona despidió a Pelegrini y suspendió a los otros dos.

 Ya en la Audiencia Nacional, Moreno sostuvo que las UTE con Acciona pudieron servir para canalizar fondos a los investigados, imputó a Merino y amplió el rastreo de cuentas bancarias, cuyo resultado está pendiente de ese informe de la policía judicial.

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