Impacto España Noticias
La cifra de fallecidos por el accidente de tren ocurrido en Urda (Toledo) ha aumentado hasta las 74 personas, según el último balance conocido. El recuento incorpora cinco víctimas mortales más respecto a las 69 notificadas anteriormente por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La tragedia mantiene movilizados a los servicios de emergencia y ha abierto interrogantes sobre el funcionamiento de los sistemas de protección ferroviaria.
El anterior balance se conoció después de una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), en la que participaron García-Page y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante aquella jornada, el presidente autonómico confirmó que una persona había fallecido en el hospital de Ciudad Real, elevando entonces el recuento de 68 a 69 muertos.
La nueva actualización sitúa el total en 74 víctimas, aunque no aporta información sobre las circunstancias de los últimos cinco fallecimientos. Los datos difundidos tampoco permiten establecer si esas personas permanecían ingresadas en centros sanitarios o si sus muertes responden a otras circunstancias relacionadas con el siniestro.
La atención sanitaria continúa siendo otro de los aspectos centrales de la emergencia. Según las cifras facilitadas anteriormente por el Gobierno castellanomanchego, 110 heridos habían necesitado ingreso hospitalario, de los cuales 60 recibieron el alta médica. Los otros 50 permanecían hospitalizados en diferentes centros de la comunidad autónoma.
García-Page indicó que los pacientes presentaban ‘distintos niveles de preocupación’, aunque no detalló cuántos se encontraban en estado grave. El último incremento de víctimas mortales no ha venido acompañado de un nuevo desglose sanitario, por lo que se desconoce cómo ha evolucionado la situación de los heridos.
Más allá del balance de víctimas, el accidente ha puesto el foco en el sistema LZB, utilizado para supervisar y proteger la circulación de los trenes. Su caída figura entre los elementos señalados en las primeras explicaciones sobre lo sucedido, aunque las causas concretas todavía deben esclarecerse.
El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, ha defendido que el problema no tiene por qué estar relacionado con la antigüedad del dispositivo.
‘Creo que el sistema LZB no falla por ser obsoleto, sino porque no está suficientemente mantenido o testado’, ha manifestado el especialista. También ha advertido de que, cuando un sistema registra fallos frecuentes, las condiciones de circulación deben adaptarse para reducir los riesgos.
Trigueros ha mostrado su desconcierto ante las circunstancias del accidente y ha considerado difícil explicar técnicamente un siniestro de esta magnitud en la red de alta velocidad española.
‘Esto no puede pasar en el siglo XXI, no puede pasar en nuestra red de alta velocidad. No encuentro explicación por más que le dé vueltas’, ha señalado.
El sistema LZB tiene prevista su sustitución por el ERTMS, el modelo europeo de gestión y protección de la circulación ferroviaria. Sin embargo, Trigueros sostiene que la tecnología actualmente instalada podría continuar funcionando durante décadas si recibe una conservación adecuada.
El ingeniero ha insistido en que todavía no conoce las causas exactas del accidente. Pese a ello, considera necesario analizar tanto el funcionamiento del LZB como el de los mecanismos complementarios que deberían actuar ante una incidencia.
En sus declaraciones, ha utilizado la expresión ‘desastre sistémico’ para referirse a lo sucedido. Según su interpretación, el alcance de la tragedia obliga a revisar si los diferentes niveles de seguridad respondieron correctamente.
Estas apreciaciones corresponden a la valoración del especialista y no constituyen conclusiones oficiales sobre las responsabilidades del siniestro.
Trigueros también ha recordado que el centro de control de Atocha dispone de herramientas para interrumpir el suministro eléctrico en determinados sectores ferroviarios. Asimismo, ha señalado que los datos almacenados en las cajas negras resultarán fundamentales para reconstruir la secuencia de acontecimientos.
El experto ha reclamado una mayor atención política a la conservación de las infraestructuras y una revisión del funcionamiento de Adif. A su juicio, los Presupuestos Generales del Estado deberían concretar con mayor claridad las inversiones destinadas al mantenimiento ferroviario.
La respuesta al accidente ha requerido la movilización de numerosos profesionales de emergencias, sanitarios y miembros de los cuerpos de seguridad. A este despliegue se han incorporado 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las operaciones de rescate.
La Academia de Infantería del Ejército de Tierra, situada en Toledo, se ha convertido en una instalación de apoyo para organizar parte de la intervención militar. Su proximidad al escenario del accidente facilita la distribución de recursos y la coordinación del personal desplazado.
El Ministerio de Defensa ha destacado su papel como ‘epicentro de gestión y aportación de personal y ayuda en el accidente’, subrayando la importancia de estas instalaciones en la respuesta a la catástrofe.
Entre las tareas asignadas a los militares figuran la búsqueda de posibles personas atrapadas y la retirada de estructuras que dificultan el acceso a determinadas zonas. También colaboran en la apertura de pasos para los equipos especializados y en el acondicionamiento del entorno.
La presencia de grandes elementos ferroviarios obliga a utilizar maquinaria específica y extremar las precauciones durante las operaciones. Por este motivo, los trabajos requieren una coordinación constante entre los diferentes servicios que participan en la emergencia.
La UME aporta personal y medios especializados para reforzar las actuaciones que desarrollan los equipos de rescate desde el accidente. Su intervención permite distribuir las tareas y mantener la asistencia en los puntos donde resultan necesarios más recursos.
Paralelamente, las investigaciones deberán determinar qué provocó el siniestro y establecer si existieron deficiencias en los sistemas de protección o en su mantenimiento. Las conclusiones técnicas serán determinantes para esclarecer las circunstancias de una tragedia que ya contabiliza 74 víctimas mortales.
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