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El Tribunal Supremo ha confirmado en dos sentencias la obligación de UGT Andalucía de devolver más de 27 millones de euros a la Junta de Andalucía por irregularidades en la utilización de subvenciones públicas destinadas a financiar cursos de formación para desempleados. Las resoluciones judiciales cuestionan que el sindicato cargara a estas ayudas mejoras salariales de sus trabajadores que debían sufragarse con recursos propios de la organización.
Las dos sentencias, fechadas el 5 y el 13 de octubre de 2026, rechazan los recursos presentados por el sindicato contra las reclamaciones de la Administración autonómica. En conjunto, UGT deberá reintegrar 27.115.960,71 euros, una cantidad que incluye tanto las subvenciones reclamadas como los intereses de demora acumulados durante los procedimientos.
La primera resolución obliga a la organización sindical a devolver 18.319.183,71 euros, de los cuales aproximadamente 13,1 millones corresponden al importe principal y otros 5,2 millones a intereses. La segunda sentencia, conocida públicamente el pasado 6 de noviembre, añade otros 8.796.777 euros, repartidos entre 6,6 millones de principal y más de 2,1 millones de intereses.
El origen de las irregularidades se encuentra en la justificación de determinadas ayudas públicas concedidas para desarrollar actividades formativas. UGT incluyó entre los gastos financiados con estas subvenciones complementos y mejoras retributivas pactadas con sus empleados, pese a que superaban las cantidades establecidas en los convenios colectivos aplicables.
El Supremo ha rechazado que las organizaciones beneficiarias puedan emplear libremente el dinero público para incrementar las remuneraciones de su plantilla. Los magistrados establecen que las mejoras salariales voluntarias, aunque puedan considerarse razonables en el mercado laboral, deben financiarse con fondos privados y no con subvenciones destinadas a una finalidad específica.
En este sentido, el alto tribunal recuerda que los gastos subvencionables deben responder directamente a la actividad financiada y resultar estrictamente necesarios para su ejecución. La posibilidad de que una organización acuerde salarios superiores a los mínimos legales no implica que pueda trasladar automáticamente ese coste a las arcas públicas.
Los procedimientos tienen su origen en las investigaciones administrativas sobre las subvenciones concedidas a UGT Andalucía, que desembocaron en reclamaciones de reintegro formuladas por la Junta durante 2015. Tras años de recursos, el Supremo ha respaldado el criterio de la Administración autonómica y ha cerrado la vía de casación en ambos litigios.
Por su parte, UGT Andalucía ha anunciado que acatará las resoluciones judiciales, aunque ha defendido que los hechos investigados no supusieron un enriquecimiento personal de los responsables sindicales. El sindicato también ha señalado que sus servicios jurídicos trabajan para determinar cómo afrontar las cantidades reclamadas.
Estas resoluciones corresponden a procedimientos contencioso-administrativos por la justificación irregular de subvenciones, por lo que no constituyen, por sí mismas, una condena penal por apropiación indebida. No obstante, confirman la obligación del sindicato de reintegrar más de 27 millones de euros de fondos públicos e intereses relacionados con ayudas que debían destinarse a la formación de personas desempleadas.
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