Impacto España Noticias
La transparencia institucional vuelve a quedar en entredicho en el departamento que dirige la comunista Mónica García. Lejos de abanderar la rendición de cuentas que tanto proclamaba desde la oposición, el Ministerio de Sanidad ha decidido pleitear en los tribunales para mantener bajo llave el destino del dinero público gastado durante la pandemia.
El departamento ministerial ha recurrido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le ordenó entregar los contratos de compra de antivirales orales contra la covid.
Entre estos expedientes figura el acuerdo para adquirir 344.000 tratamientos de Paxlovid, que firmó en marzo de 2022 la entonces ministra Carolina Darias, y cuya solicitud de información exigía conocer el precio por tratamiento, el importe total y el reparto por comunidades autónomas.
Esta ofensiva legal contra el derecho a saber de los ciudadanos evidencia una preocupante continuidad en las prácticas de ocultación administrativa. El Consejo de Transparencia recoge esta impugnación en su listado de recursos de 2026 bajo la referencia RCA 432. La resolución que el equipo de Mónica García intenta tumbar, rubricada originalmente el 24 de julio de 2023, establecía un plazo de dos meses desde la notificación para acudir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Aunque la ficha pública señala sin rodeos a Sanidad como parte recurrente, el registro omite todavía la fecha exacta de interposición, la sección judicial correspondiente y el número de procedimiento.
Según consta en la documentación, el ciudadano solicitante reclamó inicialmente a Sanidad «una copia de todos y cada uno de los contratos suscritos por el Gobierno, cualquier ministerio o el organismo que haya firmado con la farmacéutica Pfizer o cualquier otra empresa u organismo para la compra de medicamentos orales contra la covid-19 como el Paxlovid». Asimismo, la petición abarcaba los contratos de la píldora similar comercializada por MSD/Merck.
Más allá de los documentos contractuales, el peticionario exigía detallar la fecha de compra, la fecha de llegada, el fármaco concreto adquirido, el proveedor exacto, el precio total desembolsado, el número de unidades, el coste unitario y el reparto territorial entre las distintas comunidades, organismos o administraciones.
Resulta llamativo observar cómo una administración que presume de defender lo público antepone el blindaje corporativo de las grandes farmacéuticas al control democrático del gasto sanitario. Tras trasladar la solicitud a Pfizer —compañía que manifestó de inmediato su oposición—, el Ministerio de Sanidad cerró filas con la multinacional y denegó el acceso a los datos.
El departamento justificó su negativa alegando que difundir esa documentación «podría perjudicar a los intereses económicos y comerciales» de Pfizer, al revelar información sobre costes de producto, costes comerciales, previsiones de ventas o cuotas de mercado que, según sostiene su escrito, «son datos de conocimiento reservado y que, además, están amparados por el secreto profesional».
Para blindar su postura, Sanidad invocó el artículo 14.1.k) de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, precepto que protege la confidencialidad de los datos técnicos, económicos y financieros que los laboratorios entregan durante la fijación de precios.
Ante semejante bloqueo institucional, el solicitante acudió al Consejo de Transparencia denunciando una obstrucción absoluta: «[…] Sanidad no entrega nada de lo solicitado alegando principalmente la confidencialidad del precio de compra. [El Ministerio] olvida así que se pedía también el desglose de su distribución por comunidades u organismos, cosa sobre la que no alegan nada pero que tampoco entregan».
El reclamante subrayó además una distinción elemental que el equipo de Mónica García prefiere ignorar: mientras los datos previos que negocian las farmacéuticas gozan de reserva, los contratos ya firmados con dinero de todos los contribuyentes deben transparentar cuánto pagó el Estado, cuántas unidades adquirió y en qué fechas lo hizo, pudiendo tachar únicamente los datos estrictamente protegidos.
El organismo supervisor desmontó con contundencia las excusas del departamento sanitario. El Consejo estimó parcialmente la reclamación y dictaminó que la justificación ministerial para retener los papeles «no resulta suficiente», pues «no se ha concretado el daño que produciría la divulgación ni se ha realizado una ponderación entre los intereses en conflicto o considerado la posibilidad de proporcionar un acceso parcial». El fallo dio la razón al ciudadano al precisar que la confidencialidad cubre exclusivamente la documentación previa de negociación, pero jamás el precio final que abonó la Administración en el contrato de compra.
Para mayor bochorno del Ministerio, el Consejo recordó que ya existen precedentes claros sobre el acceso a contratos farmacéuticos y precios en el Sistema Nacional de Salud. Concretamente, citó las resoluciones R/299/2022, de 12 de septiembre, y RCTBG 55/2023, de 3 de febrero —relativa al coste de las vacunas contra la covid—, donde la Agencia Española del Medicamento sí facilitó tanto el volumen de dosis adquiridas como su importe.
Por ello, el Consejo ordenó entregar los contratos de antivirales junto con su desglose territorial, «omitiendo la información confidencial y cuya divulgación causaría un perjuicio a los intereses económicos y comerciales, previa y expresa justificación». Sin embargo, lejos de acatar la resolución 0596/2023 y rendir cuentas, el Ministerio de Sanidad ha preferido llevar el asunto a la vía contencioso-administrativa para prolongar el secretismo.
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