La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes al ex consejero ‘popular’ de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otros cinco encausados, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos cometidas en el marco del Campus de la Justicia (CJM).

Fue en julio de 2021 cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, acordó sentar en el banquillo de los acusados tanto a Prada como a Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, así como al administrador Félix José García de Castro.

El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata, acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos, señalando que los investigados, liderados por Prada, «se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».

Según explicaba De la Mata, el ex consejero y los directivos investigados «corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, y menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos».

 «En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial», dijo De la Mata.

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HASTA 13 AÑOS DE CÁRCEL
La Fiscalía Anticorrupción acusó a los seis procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, reclamando 8 años de cárcel para Prada y 6 años para los demás, aunque de forma alternativa propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que interesó 4 años y 6 meses de prisión para el ex consejero y tres años para el resto.

Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid apuntó a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos.

 En el caso de los servicios jurídicos de Madrid, plantearon penas más altas. Así, interesaron 13 años y 3 meses de cárcel para Prada; 11 años para los directivos; y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que achacaron solo delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas.

 En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público dejó en manos del Tribunal de Cuentas fijar la cuantía una vez dictada la sentencia del caso, si bien la Abogacía de la Comunidad de Madrid exigió una indemnización conjunta y solidaria por el importe total de los contratos que se habrían adjudicado ilegalmente en perjuicio de las arcas regionales: 40.482.735,78 euros.

En el marco de este juicio, que se extenderá previsiblemente por 12 días en la sede de San Fernando de Henares, deberá declarar en calidad de testigo la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Así constaba en una diligencia de ordenación de 2023 emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Penal.

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