La fiscalía tapo el caso Koldo antes de las elecciones del 23J para no perjudicar a Sanchez

 Luis Pastor, fiscal Anticorrupción a cargo del caso Koldoesfera, presentó una primera querella contra Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, y los principales implicados socialistas de la trama el 28 de junio de 2023, apenas un mes antes de las elecciones generales del 23-J, según THE OBJECTIVE.

Fuentes judiciales de la Fiscalía confirmaron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estaba al tanto de esta investigación. Sin embargo, la Fiscalía optó por detenerla durante el periodo electoral, en el que el PSOE estaba en juego para mantenerse en el Gobierno.

El fiscal Pastor se vio obligado a redactar otro informe con fecha del 6 de septiembre, un mes y medio después de las elecciones, que acabó siendo la querella que finalmente presentó ante la Audiencia Nacional.

El caso Koldo se centra en la presunta recepción de comisiones ilegales en las adjudicaciones gubernamentales lideradas por el Gobierno de Sánchez para la adquisición de mascarillas, PCR, y material sanitario durante la pandemia, tal y como destapo este medio en el año 2022.

En junio, el fiscal siguió el protocolo estándar y presentó el borrador ante su superior jerárquico, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para su "visado", es decir, para obtener su aprobación y proceder con la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional. Según indican las fuentes, este proceso normalmente no lleva más de dos o tres semanas.

Después de las elecciones, la Fiscalía consideró oportuno presentar la querella, por lo que el fiscal Luis Pastor redactó un segundo informe con fecha del 6 de septiembre. Las diferencias entre ambos escritos no se limitan únicamente a los dos meses y medio que los separan temporalmente, sino que el primer borrador tiene una extensión mayor de nueve folios.

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El primer documento, compuesto por 37 páginas, incluye la solicitud de diligencias de investigación, la interceptación de las comunicaciones telefónicas del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, así como de los presuntos cabecillas de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto, junto con el empresario Iñigo Rotaeche.

Del mismo modo, se solicitan dispositivos de seguimiento y localización para dos vehículos y dos motocicletas registrados a nombre de Koldo García y su esposa Patricia Úriz, dos todoterrenos a nombre de Juan Carlos Cueto, otro todoterreno propiedad de Víctor de Aldama, un automóvil perteneciente a Iñigo Rotaeche y otro asociado a José Luis Rodríguez García, registrado a nombre de Comercializadora Pizarras Santa Barbara SL.

Sin embargo, en la querella formalmente presentada después del verano de 2023, y tras las elecciones generales, desaparece el apartado cuarto que detallaba las diligencias de investigación solicitadas, concluyendo en el apartado tercero que describe una "relación circunstanciada de los hechos" sobre los individuos bajo investigación.

La segunda querella, fechada el 6 de septiembre, consta de 26 páginas y omite la solicitud de interceptación de los teléfonos móviles de los investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según fuentes, esto se debe a que dicha solicitud al juez instructor se realizó en un documento separado para prevenir filtraciones.

En consecuencia, la querella se centra en siete de los 20 individuos detenidos por la UCO: Koldo García y su esposa Patricia Úriz, su hermano Joseba García, y los empresarios Víctor Gonzalo de Aldama, Juan Carlos Cueto, Íñigo Rotaeche y José Luis Rodríguez García.

Tapar la investigación en las elecciones del 23J
Fuentes de Anticorrupción hablan de un intento del fiscal general del Estado de "tapar la investigación" que implicaba a ciertos miembros del actual Gobierno, quienes recientemente habían sido protegidos en las listas al Congreso y al Senado el pasado 28 de junio. Entre ellos se encontraban la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el exministro y número dos por Valencia al Congreso, José Luis Ábalos, estos casos de presunta corrupción fue destapado por Impacto España Noticias en el año 2022.

Álvaro García Ortiz estaba al tanto de esta investigación, la cual se detuvo hasta después de los comicios. De hecho, desde la Fiscalía General del Estado se emitió una circular hace más de un año, en la cual se estableció la obligatoriedad de que se documentara una comunicación sobre asuntos de especial trascendencia.

Esta determinación se basa en "la gravedad, alarma social y/o relevancia política de los hechos investigados, así como en la notoriedad pública de la persona sospechosa o su condición de aforados".

Según la Circular 2/2022 de 20 de diciembre, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, "la comunicación de los asuntos de especial importancia y trascendencia deberá realizarse siempre antes de desarrollar actuación alguna".

Esta comunicación puede consistir en la incoación de diligencias de investigación, en su archivo, en la interposición de denuncia o querella, o en su caso, en un decreto de propuesta de imposición de pena. Este mandato imperativo se establece en aras del principio de unidad de actuación para el fiscal general del Estado, quien deberá canalizarlo a través de la Secretaría Técnica.

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