El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se muestra contrario a entregar las investigaciones penales a la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz, y como dijo Sanchez, la fiscalía de quien depende, pues eso: "Es el zorro cuidando a las gallinas".

El ministro de Justicia Félix Bolaños pretende presentar antes del verano en el Consejo de Ministros la propuesta para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Dicha propuesta, que podría llevar aparejada una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, supondría que los fiscales pasaran a dirigir la investigación de los procedimientos penales en sustitución de los actuales jueces de instrucción.

Por su parte, el fiscal general ha convocado este mismo miércoles a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para crear un grupo de trabajo sobre este asunto.

Fuentes del CGPJ consultadas afirman que el informe sobre el anteproyecto de reforma de la LECrim fue encargado a los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández y a las vocales izquierdistas Clara Martínez de Careaga y Roser Bach. El informe estaba prácticamente terminado hace mucho tiempo, pero la entonces ministra de Justicia Pilar Llop pidió que todo se parase tras las críticas efectuadas al proyecto procedentes del Consejo Fiscal".

"La Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) han puesto de manifiesto en diferentes informes que es necesaria una reforma del Estatuto Fiscal para garantizar su autonomía e independencia del Gobierno. Dicha reforma aún no se ha efectuado y hace imposible entregar las investigaciones penales a la Fiscalía, o mejor dicho, a Álvaro García Ortiz ya que el Ministerio Público es una institución jerarquizada", añaden.

En este contexto, el último informe sobre el Estado de Derecho 2023 de la Comisión Europea sobre España destacaba que "no se ha seguido avanzado en el refuerzo del estatuto del fiscal general del Estado".

Las mismas fuentes consultadas apuntan que "el informe del CGPJ sólo es consultivo y puede hacer recomendaciones sobre la reforma de la LECrim. No obstante, es importante plantear una enmienda a la totalidad, es decir, ahora mismo en España no se puede entregar la investigación penal a la Fiscalía, es el zorro cuidando a las gallinas. El informe que elaboren los ponentes podría ser votado y aprobado en un pleno el próximo mes de mayo".

Cabe destacar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido reactivar la reforma de la LECrim justo cuando el PSOE se ha visto salpicado por numerosos escándalos de corrupción como el caso Koldo o el de la propia esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.

"Si el Gobierno se propone llevar a cabo una tramitación exprés, la reforma podría salvar de una investigación a Begoña Gómez. Además, hay que resaltar que una vez se aprobase la reforma, todas las investigaciones penales en curso tendrían que ser entregadas por los jueces de instrucción a los fiscales para evitar que algunas investigaciones fueran efectuadas por fiscales y las anteriores por jueces", concluyen.

La Fiscalía en alerta ante la reforma
Tal y como publicó este diario, la Fiscalía se encuentra en alerta por la eventual entrega de las investigaciones penales al Ministerio Público de Álvaro García Ortiz. Los fiscales denuncian que "otorgar la dirección de las instrucciones penales a la Fiscalía ahora sería gravísimo y apuntalaría la dictadura de Sánchez.

Provocaría la investigación y acusación penal de enemigos políticos y el archivo de los delitos de los amigos. Justo lo que está intentando hacer ahora el Ministerio Público bajo la dirección de García Ortiz, pero además sin el condicionante independiente del juez de instrucción".

"Antes de que se entregue la investigación penal a los fiscales, hacen falta realizar muchas reformas estructurales del Ministerio Público. Desde el Estatuto Fiscal a medidas para garantizar la imparcialidad y la independencia de la Fiscalía frente al Gobierno de turno. Entre esas medidas, se tendría que dar más poder al Consejo Fiscal para ejercer de contrapeso al fiscal general del Estado", apuntan.

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