El TC ve infracciones sancionables en donaciones recibidas por Vox, En Comú y Sortu en 2020
Estos posibles incumplimientos están relacionados con la falta de identificación de los donantes, la recepción de donaciones finalistas y de cuotas, aportaciones y donaciones en efectivo
El último informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de los partidos políticos correspondiente a 2020 pone el foco en Vox por ocultar la identidad de sus donantes. De hecho, puede abrir un proceso sancionador por vía administrativa, aunque antes habrá una fase de información previa para que el partido de Santiago Abascal pueda hacer alegaciones.
Pero no solo no identifica a sus donantes sino que, además, esta formación ha recibido donaciones finalistas y otras en efectivo, lo que prohíbe la ley, al tiempo que se crítica su "falta de colaboración" con el órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos.
Además de Vox, también Catalunya en Comú y Sortu, partido coaligado en Bildu, han ocultado la identidad de sus donantes privados. Por otro lado, ni Izquierda Unida ni Nueva Canaria han reflejado adecuadamente su situación financiera y patrimonial.
Tampoco ha incluido IU en sus cuentas la totalidad de la actividad de las organizaciones locales, situación que afecta también a PSOE, Bildu y PNV y, además, tiene un patrimonio neto negativo de 1,1 millones de euros
El Pleno del tribunal ha aprobado esta semana el informe de fiscalización de los partidos, correspondiente al 2020, año de la pandemia del Covid.
La complejidad del proceso y, no pocas veces, el retraso con que las propias fuerzas políticas presentan sus números provoca, una vez más, que dicho informe se refiera a ejercicios económicos muy superados. Los partidos políticos ingresaron ese año 245 millones de euros, de los cuales 179 millones, esto es, el 73 por ciento, provinieron de la financiación pública y los restantes 66 de la privada.
En total se fiscalizó a 25 formaciones políticas que recibieron subvenciones del Estado y de las Comunidades Autónomas "para atender sus gastos de funcionamiento y de seguridad", según una nota hecha pública por este órgano fiscalizador.
La principal fuente de ingresos fueron las aportaciones de los grupos institucionales (58 por ciento), seguidas de las subvenciones estatales (31 por ciento) y, en lo referente a los recursos privados, las aportaciones de cargos públicos y las cuotas de afiliación representaron el 44 y 42 por ciento, respectivamente.
3 de los 25 partidos "no reflejan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial"
Esta nota preliminar destaca que 3 de los 25 partidos "no reflejan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial",
17 de ellas presentan salvedades y las restantes 5 tienen opinión favorable. "Además, hubo cuatro partidos políticos que no incluyeron en sus cuentas anuales la totalidad de la actividad de las organizaciones locales o de algunos partidos federados o coaligados, como es obligatorio desde el año 2017", denuncia.
El informe recoge determinados incumplimientos "susceptibles de sanción" vía administrativa por el propio Tribunal. "Estos posibles incumplimientos están relacionados con la falta de identificación de los donantes, la recepción de donaciones finalistas y de cuotas, aportaciones y donaciones en efectivo, así como por faltas al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas", explica la misma nota.
Además, el Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, reprocha que 14 de las 25 formaciones fiscalizadas no cumplía entonces con la obligación de aprobar un sistema de prevención de riesgos penales, que pasa por nombrar un órgano de vigilancia, un mapa de riesgos, un canal ético o de denuncias y un código de conducta, entre otros.
También ha aprobado la declaración sobre la cuenta general del Estado, correspondiente a un año más reciente, 2022. Lo más destacable es el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, por sexto año consecutivo, que asciende a casi 89.000 millones de euros.
El Tribunal propone al Parlamento que se adopten medidas para resolver esta situación. Asimismo, la deuda pública en la Administración General del Estado ascendía a final del ejercicio a 1.333 millones. Y un último apunte: el informe destaca la existencia de pagos a justificar por un importe de 1.143,7 millones de euros que han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos.
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