Cuando la estupidez y la corrupción se sincronizan: el caso del agua

Ciertamente, son innumerables los temas que podrían tratarse bajo este titular. Es lo que ocurre cuando el relativismo se instala en las coordenadas de lo «políticamente correcto», se apodera de la opinión pública y a la conciencia individual se le chamuscan todos los circuitos neuronales, incapacitándola para razonar con sensatez, con sentido común: esa peculiar capacidad de los individuos racionales que espontáneamente reconocen como verdadero lo obvio.

Recientemente desde esta misma Tribuna subrayábamos el desasosiego que a tantos ciudadanos nos produce la asunción acrítica de los contenidos y modos de aplicar los objetivos de la Agenda 2030, so pretexto de unas afirmaciones incuestionables como la de «Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación y saneamiento sostenible».

Entonces recabamos la información (Dam Removal Progress) de cuántos pantanos y embalses habían sido demolidos en España, subrayando que en este tema nos encontrábamos ampliamente a la cabeza de la UE, y concluíamos con la siguiente pregunta: ¿El Gobierno está pensando en alternativas al desmantelamiento o sólo en las subvenciones europeas?

 En este contexto, hace unos días me mostraron un video promovido por ciudadanos de la asociación civil Aguaiuris, en el que denuncian la demolición –anunciada por parte de Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográficos– de la presa de Toranes (Teruel), situada en un enclave formidable visitada por numerosos turistas.

Presa con pista y factoría, completamente naturalizada, que tiene una lámina de agua imponente y que está siendo utilizada, además de lugar de descanso y ocio, para regadíos, producción de energía hidroeléctrica y abastecimiento de agua para los helicópteros en caso de incendios.

Los promotores denuncian, con sobradas razones, no sólo el daño ecológico que supondría la consecución de este proyecto, sino la corrupción que estas actividades encubren porque mientras unos se interesan por los 250 millones de euros a repartir entre las diferentes confederaciones, otros ponen sus esfuerzos en hacerse con el control del agua, promoviendo su privatización, incrementando los costes, fomentando el lucrativo negocio del agua embotellada y causando un daño irreparable «a los verdaderos guardianes del territorio como son los agricultores y ganaderos».

Con esta denuncia, compartida por muchos ciudadanos, promueven una reacción civil contra el derribo de presas y la mercantilización del agua.

 Según tenemos entendido uno de los principios que guían la gestión política en esta materia se recogen en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea del año 2000, cuyo principal objetivo es lograr un uso eficiente del agua, no la destrucción de las estructuras de abastecimiento de la misma.

Ciertamente, el agua es un recurso natural, aunque no gratuito, de importancia capital necesario en todos los ámbitos, tanto personal como familiar, sanitario, económico, social o medioambiental. Como recordaba el Prof. Juan E. Iranzo, líder de la Comisión de Economía del Foro L&A: «El agua es un bien de titularidad pública, sometido a un régimen especial de utilización y protección».

 Aunque no resulta evidente, en España el agua no es un bien escaso, puesto que el balance global entre oferta y demanda es positivo. Sin embargo, su distribución geográfica es notablemente desigual. Por ejemplo, la disponibilidad en la cuenca hidrográfica del Ebro supera con creces la demanda, mientras que es insuficiente en la cuenca del Segura.

El conocimiento de estas peculiaridades debería obligar a un gobierno responsable a plantear soluciones para lograr el abastecimiento necesario de todas las regiones. Éste y no otro fue el objetivo del Plan Hidrológico Nacional de los gobiernos del presidente Aznar, gestado y gestionado por dos Ministras competentes y eficaces –insuficientemente reconocidas, quizá– Isabel Tocino Biscarolachaga y María Elvira Rodríguez Herrer.

 En este contexto, procede recordar que los serios problemas de sequía que Cataluña sufre actualmente estarían resueltos si el presidente Zapatero, al llegar a La Moncloa, no hubiera abortado el Plan Hidrológico Nacional entonces en marcha y financiado por la UE.

Desconocemos los motivos de esta decisión: quizá, la idea de que el «progresismo» –también el que se alía con Nicolás Maduro– requiere contradecir toda posible iniciativa de los partidos que no comparten las posiciones de las llamadas alternativas «progresistas», que –por cierto– de progreso tienen poco.

En cualquier caso, éstas son las consecuencias de la irresponsabilidad, incompetencia, estupidez y quizá –a tenor de los montantes actuales de fondos europeos destinados al tema que nos ocupa– de la corrupción que nos acecha por doquier.

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