La Audiencia Nacional ha tumbado el recurso que pedía archivar la investigación del caso Damco que acorrala al ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. La Sala de lo Penal ha avalado la instrucción que lleva a cabo la Fiscalía Europea por presuntas «comisiones pagadas a políticos para conseguir contratos del gobierno de Canarias» por material para la pandemia del Covid-19.

Estas irregularidades fueron destapadas por Impacto España Noticias en el año 2021, de esas publicaciones nacen las investigaciones en curso.

La empresa señalada por las diligencias facturó 17 millones en dos años gracias fundamentalmente a la pandemia y a los contratos de Canarias. La compañía Damco fue una de las más favorecidas por el Gobierno del Archipiélago y fue recomendada expresamente por el Comité de Gestión de la Emergencia, que presidía el entonces jefe del Ejecutivo canario y ahora miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un escrito fechado este 29 de julio, la Audiencia Nacional detalla que ha recibido dos recursos de apelación contra decisiones del juez de garantías del caso, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge. Uno de los investigados impugnó el decreto de apertura del caso del 7 de febrero de 2024.

Tras ello, el 4 de julio de 2024 se presenta un recurso de apelación. Se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se ha opuesto a su estimación.

Finalmente, tras designar como ponente al magistrado Francisco Javier Vieira se desestima que, como sugería la defensa, «la investigación se ha llevado a cabo sin que hayan existido, ni existan, datos que permitan descubrir la responsabilidad criminal del investigado en relación al cohecho y a la malversación de caudales públicos».

La defensa del investigado por varios contratos de la Sanidad de Canarias en tiempos de Torres aseguraba que se está practicando «una investigación prospectiva», extremo que la Audiencia no comparte.

La defensa hablaba de «simples coincidencias en la tramitación, de anomalías, o de trámites defectuosos en la llevanza (sic) de los expedientes Administrativos de Contratación del Servicio Canario de Salud», de lo que «no puede obtenerse, conforme a las normas de recta razón, una sospecha razonable y lógica de delitos». Sin embargo, la Audiencia aclara que no se sostiene ese argumento en base a las pruebas que obran en el sumario.

La Audiencia recuerda que en el Decreto de apertura del procedimiento se recoge el modo en el que se inició el procedimiento, es decir, «una denuncia presentada por un particular, en la que se denunciaba un delito de fraude de subvenciones llevado a cabo por la empresa Damco Trading & Services SA y otras empresas asociadas, así como el Gobierno de Canarias».

El denunciante apuntó que desde 2021 en adelante, la empresa Damco, a través de su administrador, «pagaba comisiones a los políticos para conseguir contratos del gobierno de Canarias, encargándose de organizar y proveer el material médico con sus empresas o a través de terceros». El propietario de esa sociedad ha sido investigado también por fraude fiscal en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

Precios hinchados
Esa denuncia reflejó que «se vendía el material hinchando los precios del producto, repartiéndose posteriormente los beneficios entre el Gobierno adjudicador, los políticos firmantes y el adjudicatario, y que dicha información había sido publicada en prensa». Igualmente, la Audiencia recuerda que ese decreto recoge las diligencias de investigación practicadas y «las irregularidades relevantes apreciadas» en los expedientes administrativos recabados.

«Con esos datos, no puede en absoluto considerarse como prospectiva la investigación iniciada, al ceñirse a unos concretos hechos denunciados, especificándose incluso por la Fiscalía las irregularidades apreciadas en la tramitación de los expedientes administrativos, cuya valoración corresponderá en un momento posterior, cuando se hayan concluido las diligencias de investigación iniciadas», indica la sentencia.

Igualmente, se subraya que «debe rechazarse que el juez de garantías no sea competente para este procedimiento, al haber un aforado ante el Tribunal Supremo», en referencia al ministro Ángel Víctor Torres.

El fallo citado recoge que «mientras el procedimiento no se dirija o afecte a algún aforado, la investigación debe realizarse por la Fiscalía ordinaria [la Europea] e intervenir el juez de garantías correspondiente». «Sólo si surgieran indicios relevantes respecto a una persona aforada, podrá plantearse la competencia del Tribunal Supremo», ahondan. Desestiman los dos recursos recibidos, no imponen el pago de costas judiciales y confirman el auto del juez De Jorge.

La hemeroteca recoge emails en los que se reflejaba que el comité de crisis liderado por el hoy ministro Torres recomendó a Damco –una empresa similar a Soluciones de Gestión SL a nivel canario–.

«El comité creado por el Gobierno para  la búsqueda de proveedores ha propuesto los pedidos que se adjuntan», expone la directora General de Recursos Económicos de la Sanidad canaria, Ana María Pérez Alonso. Incluía un contrato para la compra a Damco de 600.000 escobillones estériles por 2,4 millones de euros. El Gobierno canario entregó ese y otros documentos a la Fiscalía Anticorrupción y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

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