El Tribunal Supremo ha propinado un duro revés al Gobierno de Pedro Sánchez al anular uno de los decretos más ideológicamente sectarios relacionados con la imposición de la Agenda 2030.

En una sentencia que no solo deslegitima las acciones del Ejecutivo, sino que también destaca la discriminación hacia los empresarios que no respaldan dicha agenda, el Supremo pone en evidencia el uso injusto de políticas públicas para beneficiar solo a ciertos sectores afines a la narrativa de la izquierda globalista del gobierno de PSOE y los comunistas de Sumar.

Este fallo subraya el peligro de imponer ideologías en las licitaciones públicas y cómo este enfoque discrimina a las empresas que no comparten los ideales de la Agenda 2030.

La sentencia del Tribunal Supremo: imposición ideológica de la agenda 2030 y discriminatoria
El Tribunal Supremo anuló el Real Decreto que creó una Comisión Interministerial para desarrollar la inclusión de «cláusulas sociales» en los procesos de contratación pública. Estas cláusulas se diseñaron para favorecer a empresas que aplican políticas en línea con la Agenda 2030.

Sin embargo, la controversia no radica únicamente en el contenido de imposición ideológica de las cláusulas, sino en el procedimiento discriminatorio con el que el Gobierno intentó imponerlas. El Supremo ha señalado que, al crear esta comisión, el Ejecutivo excluyó deliberadamente a los empresarios, limitando la participación a sindicatos y representantes de diferentes ministerios.

Este fallo deja claro que la inclusión de cláusulas sociales no puede imponerse sin un proceso justo de consulta y participación de todas las partes afectadas. Al ignorar a las organizaciones empresariales, el Gobierno de Sánchez no solo vulneró la normativa, sino que puso en práctica una política de «ordeno y mando», donde los actores que no comulgan con la Agenda 2030 fueron sistemáticamente marginados.

El chantaje de las cláusulas sociales: O aplicas la agenda 2030 o te quedas sin subvenciones.
El fallo del Supremo deja claro que imponer estas condiciones de la agenda 2030 que muchos consideran ideológicamente sectarias y, además, sin la debida participación de las organizaciones empresariales crea un entorno de competencia desleal. Al excluir a las empresas que no aplican estrictamente estos criterios, se está promoviendo una política discriminatoria.

Las fuentes empresariales consultadas tras el fallo fueron claras: “El Gobierno cambia las reglas de juego a mitad del partido, sin consultar a quienes realmente llevan a cabo esos contratos”. Fue, por tanto, un intento de imposición de la agenda 2030, un chantaje: O aplicas la agenda 2030 o te quedas sin subvenciones.

El Supremo contra la imposición ideológica
El fallo del Tribunal Supremo no es un simple desacuerdo administrativo, sino un golpe a la imposición ideológica que Sánchez y su equipo han intentado llevar a cabo. El Supremo deja claro que, para implementar cualquier normativa que afecte a las empresas, es fundamental contar con la participación de todos los actores implicados, no solo de aquellos que apoyan la visión del Gobierno.

Al imponer la Agenda 2030 como criterio exclusivo en las contrataciones públicas, el Ejecutivo ha estado limitando injustamente la participación de empresarios que no comparten esa ideología o que, simplemente, no tienen los recursos para adaptarse a ella.

La Agenda 2030: Una herramienta de control gubernamental
La Agenda 2030, defendida fervientemente por el Gobierno de Sánchez, en la práctica, ha demostrado ser una herramienta para imponer una visión ideológica radical y sectaria de la persona y la sociedad que no es compartida por una gran mayoría de la sociedad. Además, las políticas derivadas de esta agenda, como la inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones públicas, se han utilizado para beneficiar a ciertos grupos y castigar a otros.

Este varapalo judicial demuestra que no se puede utilizar el poder del Estado para imponer una agenda que discrimina a quienes no la apoyan. Las empresas que no están alineadas con los principios de la Agenda 2030 no deben ser excluidas ni marginadas, ya que, en muchos casos, son estas empresas las que sostienen la economía local y nacional. Forzar a las empresas a cumplir con criterios ideológicos para poder acceder a contratos públicos es una forma de control que va en contra de los principios de libre competencia y equidad.

Consecuencias para la contratación pública y las empresas
El fallo del Supremo no solo anula el decreto, sino que también impone al Gobierno el pago de las costas del juicio, estimadas en 4.000 euros. Aunque esta cantidad pueda parecer simbólica, el verdadero impacto de la sentencia radica en la señal que envía: no se puede marginar a un sector tan importante como el empresarial en decisiones que afectan directamente su capacidad de competir por contratos públicos.

El fallo del Tribunal Supremo es un golpe significativo para un Gobierno que ha intentado imponer su agenda ideológica y refuerza la percepción de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado una política de exclusión hacia aquellos sectores que no comulgan con su visión ideológica.

Al imponer la Agenda 2030 como un requisito casi obligatorio en las contrataciones públicas, el Ejecutivo ha ignorado a una parte fundamental de la economía española: los empresarios. Este enfoque no solo es injusto, sino que también pone en riesgo la competitividad y la libre competencia, principios esenciales para el desarrollo económico del país.

La insistencia en imponer la Agenda 2030 en todos los ámbitos de la vida pública y privada ha generado una creciente resistencia entre los sectores que se ven directamente afectados por estas políticas. La sentencia del Supremo es un recordatorio de que la imposición ideológica no puede prevalecer sobre los principios de justicia y equidad. Si el Gobierno de Sánchez continúa en esta senda, podría enfrentarse a más varapalos judiciales, lo que erosionaría aún más su legitimidad y credibilidad.

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