La Sala Tercera del Supremo avanza en la demanda que pide anular el nombramiento de Álvaro García como fiscal general

Nueve días después de que la Sala Segunda (Sala Penal) del Tribunal Supremo decidiera, el pasado 16 de octubre, abrir diligencias para investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secreto, la sección cuarta de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) dictó, el pasado 25 de octubre, una providencia en la demanda de impugnación de nombramiento del fiscal general del Estado, según la cual las partes (demandante, demandado y abogacía del Estado) tienen hasta el próximo 11 de noviembre para presentar sus conclusiones.

La demanda, que pide anular el nombramiento de García Ortiz, fue presentada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) el pasado mes de febrero.

Según la providencia de la sección cuarta, se declara concluso el periodo de prueba y se concede un plazo de 10 días para presentar sus conclusiones, según el artículo 64 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones). Ese plazo vence el 11 de noviembre.

La sección está formada por el actual presidente en funciones de toda la Sala Tercera, Pablo Lucas (presidente de la sección) y los magistrados Pilar Teso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo y José Luis Requero.

Esta sección, aunque no con idéntica composición, ya ha anulado una serie de nombramientos de la Fiscalía General del Estado.

En abril de 2022 anuló el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban como fiscal de sala de Menores a propuesta de la entonces fiscal general Dolores Delgado, en respuesta a la demanda de la Asociación de Fiscales (conservadora) y un fiscal. Delgado insistió en su decisión y le repuso en su puesto apenas unas semanas más tarde. La sección cuarta volvió a anular el nombramiento, en una decisión sin precedentes (dos anulaciones sucesivas).

La sección cuarta anuló también, en noviembre de 2023, otro nombramiento del Gobierno, la designación de la presidenta del Consejo de Estado Magdalena Valerio.

En esas fechas, también dejó sin efecto el ascenso de Dolores Delgado (tras dimitir como fiscal general) a fiscal de sala (máxima categoría de la carrera) al ser designada como fiscal de la Sala Quinta (militar). Y, más tarde, en mayo de 2024, dejó sin efecto el de la misma Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Y, nuevamente, la sección cuarta anuló, en julio de 2024, la ejecución de la sentencia de la sala que en noviembre de 2023 había, según se ha apuntado, dejado sin efecto el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada militar, con el argumento de que el fiscal general del Estado había incumplido los términos de la sentencia.

En apoyo de su demanda, la APIF esgrimió el argumento de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró, en noviembre de 2023, cuando tuvo lugar el nuevo nombramiento de García Ortiz -tras la formación del gobierno de Pedro Sánchez formado después de las elecciones de julio de 2023- no reunía los requisitos de idoneidad para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, una decisión de ocho vocales contra siete.

Con anterioridad, el mismo CGPJ había avalado, en junio de 2022, la idoneidad de García Ortiz para el cargo, según el acuerdo adoptada por mayoría, a propuesta del presidente, Carlos Lesmes.

Los magistrados de la sala cuarta ya han señalado, sobre todo en su decisión de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala del Supremo como ven a Álvaro García Ortiz.

Es precisamente en este último punto la decisión del fiscal general del Estado de no abstenerse en la votación sobre Dolores Delgado donde adquieren sentido los reproches de arbitrariedad y de desviación de poder Pues bien, esta Sala considera, con base en la apreciación de los hechos arriba expuesta, que la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso.

El fiscal general del Estado recusó a los magistrados que firmaron esa sentencia en mayo de 2024 (Lucas, Fonseca, Requero y Luis Díez Picazo), una recusación quela Sala del 61 del Supremo (los cinco presidentes de Sala del Supremo y los magistrados más antiguo y más nuevo de cada una de ellas) desestimaron.

 Vasos comunicantes
La decisión de investigar a García Ortiz en la Sala Penal del Supremo ha abierto otro flanco en esta batalla.

El instructor del Supremo, Ángel Hurtado, decidió enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, a la fiscalía general del Estado para clonar los dispositivos de García Ortiz (ordenador, tablet y teléfonos móviles), sabiendo que el miércoles pasado, día 30 de octubre, era el día en el que García Ortiz estaría presente, información que se desprendía de la agenda sobre la actividad del fiscal general que difunde la FGE. Ese día el fiscal general debía presidir un acto en la madrileña calle de Fortuny, 4.

La clonación comenzó a las 12:20 y acabó a las 23 horas, tanto en la fiscalía general del Estado como en la fiscalía de Madrid, en el despacho de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid, imputada también por el Supremo en la presunta filtración de un correo (caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid).

Aunque se trata de dos procedimientos diferentes -penal y contencioso, respectivamente-, los demandantes aportarán en sus conclusiones tanto la decisión de investigar al fiscal general del Estado del pasado 25 de octubre como la gravísima medida de registro en las fiscalía General del Estado y en de Madrid en apoyo de su posición sobre la idoneidad de García Ortiz para solicitar la anulación de su nombramiento.

Teóricamente, determinar si de lo clonado -la verdadera caja negra de la Fiscalía General del Estado y personal de García Ortiz- surgen los indicios que busca la Sala Segunda no debería ser una tarea ardua.

Se trata de estudiar, según ha establecido el juez Hurtado en el auto correspondiente, la cadena de correos/mensajes telefónicos entre el 8 de marzo pasado y la fecha de ayer, miércoles 30 de octubre (se supone que para conocer aquello que ha pasado después de anunciarse la decisión de investigar al fiscal general del Estado el pasado 25 de octubre).

Y, en paralelo, el plazo del 11 de noviembre para presentar conclusiones en el procedimiento de la Sala Tercera, perfila lo más parecido a una pinza sobre la continuidad de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado.

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