Pedro Sanchez, en su empeño por satisfacer los dictados del radicalismo ecologista y seguir la hoja de ruta de la agenda 2030, ha decidido proceder con la demolición de la presa de Los Toranes, en la provincia de Teruel.

Esta decisión, tomada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), bajo la dirección de Teresa Ribera, ha generado un rechazo unánime entre los vecinos y expertos que consideran esta acción como un grave error, tanto para las personas como para el ecosistema.

La presa, situada entre Albentosa, Olba y San Agustín, ha demostrado ser un activo valioso para la comarca. No solo permite la generación de energía hidroeléctrica, considerada una fuente de energía verde, sino que también es clave para el regadío, la prevención de incendios y el desarrollo agrícola de la zona.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido anteponer la ideología al sentido común, dejando de lado la ciencia y las necesidades reales de las comunidades locales.

Impacto económico y ambiental ignorado
Los vecinos y alcaldes de la región han argumentado repetidamente que la presa genera 700.000 euros anuales en beneficios y contribuye al desarrollo sostenible del territorio. Asimismo, su papel en la extinción de incendios y en el mantenimiento de los regadíos es incuestionable.

El ingeniero Fernando Garrido, presidente del Jurado de la Comunidad de Regantes El Mijares, ha sido contundente: “Tirarla supondrá un alto coste debido a la necesidad de máquinas, voladuras, etc., pero además, no se ha realizado un análisis de los lodos que están en el fondo del embalse, que muy probablemente contengan tóxicos debido a los vertidos de una fábrica situada aguas arriba. Estos lodos podrían significar la muerte del río”.

A pesar de estas advertencias, el Miteco ha decidido ignorar los riesgos potenciales y proceder con la demolición. Según los datos proporcionados por el Ministerio, España ha demolido 621 azudes y presas en los últimos años, lo que contrasta con la postura de otros países europeos que, aunque sujetos a las mismas directivas comunitarias, han optado por ignorarlas o adaptarlas a sus necesidades.

Garrido añade: “La demolición no es más que una concesión a los ecologistas, y yo soy ecologista, pero no así. Por esta razón, me he dado de baja de Greenpeace. Este debate debería abordarse de forma sensata, sin dejarlo en manos de idealistas”.

El papel de las infraestructuras hídricas en fenómenos extremos
El reciente episodio de lluvias torrenciales en España, conocido como dana, ha puesto de manifiesto la importancia de infraestructuras como Los Toranes. Ingenieros y expertos reunidos en Teruel para debatir la viabilidad de la presa coincidieron en su valor estratégico.

“Las infraestructuras de drenaje y contención, como embalses, canales y presas, son esenciales para mitigar los impactos de fenómenos extremos”, declararon durante una jornada técnica celebrada en la comarca de Gúdar-Javalambre.

La demolición de esta infraestructura no solo aumentaría el riesgo de inundaciones, sino que también afectaría gravemente sectores clave como la agricultura y el agroturismo. Los vecinos temen que, en lugar de promover un desarrollo sostenible, esta decisión condene a la comarca a la despoblación y el abandono.

Ideología frente a ciencia y personas
El caso de Los Toranes es un ejemplo alarmante de cómo la ideología puede imponerse al sentido común y a las evidencias científicas. España ha optado por someterse a los dictados de un radicalismo ecologista que antepone sus dogmas a las necesidades de las personas y a la sostenibilidad real de los ecosistemas.

Fernando Garrido lo resume perfectamente: “Este tipo de decisiones solo benefician a quienes viven en los despachos y no conocen la realidad del territorio. La demolición de Los Toranes no resolverá ningún problema ambiental, pero sí creará muchos para quienes vivimos aquí”.

Una sociedad atrapada en el fanatismo
En lugar de utilizar herramientas científicas y técnicas para evaluar la viabilidad de las infraestructuras hídricas, el Gobierno ha adoptado una postura sectaria, ignorando las necesidades de los habitantes de la comarca y el impacto real de sus decisiones en el medio ambiente.

Es imprescindible replantear este modelo y apostar por un ecologismo racional, que tenga en cuenta las demandas de los territorios rurales y el conocimiento de los expertos. La demolición de la presa de Los Toranes no es solo un ataque al desarrollo sostenible de la región, sino también un símbolo de cómo la ideología está eclipsando a la ciencia y al sentido común.

En un contexto de despoblación y crisis climática, decisiones como esta condenan a las comunidades rurales al olvido y destruyen recursos vitales. Si no se frena este fanatismo, el precio lo pagarán no solo los habitantes de hoy, sino también las generaciones futuras.

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