El Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un acto de conciliación el próximo 12 de febrero, en relación con la demanda por injurias y calumnias interpuesta por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El empresario reclama una indemnización de 100.000 euros por las declaraciones en las que Sánchez se refirió a él como «delincuente confeso». Aunque el presidente no está obligado a acudir personalmente al acto, si no acude se presentará una querella contra él.

Los hechos que motivan la demanda se remontan a unas declaraciones realizadas por Sánchez en Bruselas, tras el Consejo Europeo, donde vinculó la imputación del fiscal general del Estado con «la pareja de un delincuente confeso».

También afirmó que el empresario «ha defraudado a Hacienda» y «se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia». La juez María del Pilar Anguita Mata, informan fuentes próximas al caso, ha admitido a trámite el caso que se registró el 21 de octubre.

González Amador, quien está siendo investigado por presuntos delitos fiscales relacionados con facturas en la contabilidad de sus empresas, alega que estas declaraciones vulneran sus derechos fundamentales al no existir condena firme.

La demanda se extiende también al ministro Félix Bolaños, a quien reclama 50.000 euros por manifestar que «entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad».

Igualmente, González Amador ha llevado a los tribunales por los mismos hechos a María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, Reyes Maroto, Manuela Bergerot, entre otros. Hasta ahora los cargos del Gobierno que han sido citados al acto de conciliación no se han presentado y, tras ello, la defensa de González Amador ha interpuesto las correspondientes demandas.

Precisamente esta semana, por otro lado, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda civil interpuesta por Alberto González Amador contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta vulneración de su derecho al honor. El demandante reclama 40.000 euros por las declaraciones realizadas por la ministra en el Senado el pasado 12 de marzo.

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