La UCO entrega al juez un informe sobre el ministro Ángel Víctor Torres en el marco del caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un informe en el que se analizan las actuaciones del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dentro de la investigación conocida como caso Koldo, centrada en la compra de material sanitario durante la pandemia.

El magistrado deberá estudiar el documento para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen la solicitud de una investigación formal ante el Tribunal Supremo, dado que el ministro goza de aforamiento como miembro del Gobierno. En caso de considerarlo procedente, el juez tramitaría una exposición razonada ante el alto tribunal, un proceso que podría prolongarse durante las próximas semanas.

Contratos de mascarillas en Canarias
El informe examina los contratos adjudicados durante la etapa de Torres como presidente del Gobierno de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión, relacionada con el empresario Víctor de Aldama, una de las figuras centrales de la trama. La administración regional encargó a dicha compañía el suministro de mascarillas FFP2 y EPI KN95 por valor de 12,2 millones de euros, de las cuales más de 800.000 unidades resultaron posteriormente inservibles para uso sanitario.

Según la investigación, los precios abonados fueron superiores a los habituales y existieron comunicaciones directas entre responsables del Ejecutivo canario y representantes de la empresa adjudicataria durante la negociación. La Guardia Civil también habría incorporado en el informe diversos mensajes y registros de contactos que vinculan a Torres con intermediarios de la trama.

Posibles ramificaciones y antecedentes
El documento analiza asimismo la trayectoria política de Torres antes de su paso por el Gobierno central, incluyendo su etapa como alcalde de Arucas y posteriormente como presidente autonómico. La UCO habría revisado movimientos contractuales y relaciones con determinadas empresas durante esos años, aunque algunas de esas líneas de investigación podrían estar afectadas por plazos de prescripción.

Otra de las cuestiones investigadas se refiere a un proyecto energético vinculado a la instalación de depósitos de combustible en un puerto canario, en el que intervinieron algunos de los implicados en el caso. La Guardia Civil analiza si hubo comunicaciones directas del ministro con los promotores de esa iniciativa.

Reacción política y contexto
La posibilidad de que el ministro sea investigado ha generado inquietud dentro del Gobierno. Una eventual imputación ante el Tribunal Supremo podría tener consecuencias políticas relevantes, dado que se sumaría a otros procedimientos en curso derivados del caso Koldo.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la trama, Torres negó haber mantenido relaciones con los empresarios señalados en el sumario. No obstante, en el material incorporado a la causa figuran mensajes de texto y correos electrónicos que, según la investigación, acreditarían contactos entre el entonces presidente canario y Víctor de Aldama.

El ministro ha reiterado su tranquilidad y confianza en que el contenido del informe de la Guardia Civil confirmará su inocencia:

“Estoy absolutamente tranquilo y convencido de que el documento dejará clara mi actuación conforme a la ley”, declaró recientemente.

Situación actual de la causa
El juez Ismael Moreno continúa recopilando información de las distintas líneas de investigación abiertas. Una vez analizado el nuevo informe, decidirá si procede o no elevar el caso al Tribunal Supremo o, en su defecto, mantener las diligencias en la Audiencia Nacional.

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