El caso Koldo amenaza con convertirse en uno de los procedimientos más extensos en la historia de la Audiencia Nacional. Desde que las pesquisas comenzaron oficialmente en octubre del año pasado, los investigadores han recopilado una cantidad abrumadora de pruebas que ya suman 85 tomos de documentación.

Este material incluye registros digitales, documentos en papel y dispositivos electrónicos incautados a los principales implicados en la trama, que involucra contratos irregulares durante la pandemia y posibles sobornos ligados al Ministerio de Transportes cuando estaba bajo la dirección de José Luis Ábalos.

El juez Ismael Moreno, encargado de la instrucción, ha ordenado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice con urgencia todo el material digitalizado.

Entre los efectos bajo revisión destacan 170 dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos móviles, discos duros y tablets, además de numerosos documentos en soporte físico. Según fuentes judiciales, el volumen de pruebas ha retrasado el análisis inicial, pero la digitalización reciente ha permitido avanzar.

El operativo policial, que se ejecutó el 20 de febrero tras meses de seguimiento, incluyó 28 registros simultáneos en varias ciudades como Madrid, Valencia y Murcia.

Entre los objetos incautados destacan grandes sumas de dinero en efectivo, como los 18.220 euros encontrados en casa de Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de la trama, o los 125.310 euros ocultos en una propiedad vinculada al empresario Rogelio Pujalte, acusado de alertar a Koldo García sobre las investigaciones.

En el domicilio de García, exasesor de Ábalos, los agentes encontraron documentos manuscritos que, según las investigaciones, reflejarían pagos ilícitos en efectivo. Estos papeles son considerados piezas clave para probar que la red operaba mediante sobornos relacionados con contratos públicos.

Los registros también dejaron al descubierto el nivel de ostentación de los cabecillas. En la vivienda de Aldama se incautaron relojes de lujo, joyas, armas y vehículos de alta gama. Este empresario habría recibido más de seis millones de euros en comisiones por facilitar contratos durante la pandemia.

 Por otro lado, los registros en las oficinas de MTM 180 Capital y Deluxe Fortune, empresas utilizadas por la trama para canalizar sobornos, revelaron la existencia de nueve discos duros, 11 memorias USB y bolsas repletas de documentación. Estas compañías también habrían servido para gestionar contratos con entidades como Air Europa, lo que ha añadido nuevas líneas de investigación sobre un posible desvío de fondos públicos.

El caso ha dado un giro al involucrar directamente a José Luis Ábalos. El juez Moreno ha remitido al Tribunal Supremo indicios que apuntan a un «rol central» del exministro en la trama, incluyendo el supuesto cobro de hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales. Según las declaraciones de Aldama, parte de estos fondos se habría desviado para beneficiar a empresas cercanas al entorno del exministro.

Otros nombres relevantes también han salido a la luz. Aldama acusa al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero y al dirigente socialista Santos Cerdán de participar en transacciones sospechosas. Este último habría recibido 15.000 euros en efectivo de manos de Koldo García, según se detalla en nuevos documentos aportados a la causa.

Además de las pruebas recopiladas, los investigadores han identificado posibles conexiones con eventos como la visita de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 y el rescate financiero de Air Europa. Estos hallazgos han obligado a ampliar las diligencias en curso, que ya suman más de 10.000 actuaciones judiciales, incluyendo providencias, autos y escritos de acusación y defensa.

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