Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la okupación es un problema «muy marginal», los datos revelan una realidad diametralmente opuesta.

Según cifras recientes divulgadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las denuncias por okupación han crecido un 55% en términos interanuales durante el tercer trimestre de 2024.

Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, se está convirtiendo en un problema de gran magnitud que afecta a miles de propietarios y pone en entredicho la seguridad jurídica en España.

Cataluña, líder en denuncias por Okupación
Los juzgados españoles han registrado un total de 1.782 procedimientos por okupación durante los primeros nueve meses de 2024. Este dato representa un preocupante incremento respecto al año anterior y refleja un crecimiento sostenido de esta problemática.

Cataluña lidera, una vez más, el ranking nacional con 366 denuncias, más del doble que Madrid, que registró 138 casos en el mismo periodo.

Comunidades como Andalucía (326) y la Comunidad Valenciana (334) también muestran cifras alarmantes, representando junto con Cataluña el 60% de las denuncias. Por otro lado, regiones como Aragón (16), Cantabria (15) y La Rioja (5) presentan los números más bajos, aunque la incidencia de la okupación se extiende por toda la geografía española.

Largos plazos para resolver los casos
Uno de los factores más críticos de este problema es la demora en los procedimientos judiciales. El tiempo medio para resolver un caso de okupación en los tribunales alcanza los 23 meses, y en algunas comunidades supera los 35 meses.

Esta lentitud judicial, que se ha duplicado bajo el gobierno de Pedro Sánchez, deja a los propietarios en una situación de indefensión y fomenta prácticas como la negociación directa con okupas o la contratación de empresas privadas para desalojo.

Más de 15.000 denuncias policiales en 2023
En 2023, el Ministerio del Interior registró 15.289 denuncias por delitos relacionados con la okupación, como el allanamiento de morada o la usurpación del derecho de uso de un inmueble. Sin embargo, solo una parte de estos casos llega a los tribunales, evidenciando las dificultades para abordar este problema desde el sistema judicial.

La falta de una solución efectiva por parte del Gobierno no solo genera inseguridad jurídica, sino que también afecta a miles de familias que ven cómo sus derechos de propiedad son vulnerados mientras las autoridades minimizan la gravedad de la situación.

La manipulación del relato oficial
El empeño del Gobierno de Pedro Sánchez en restar importancia a la okupación no es solo un acto de negligencia, sino una muestra de su intención de imponer un relato ideológico alejado de la realidad. Al calificar este problema como «marginal», Sánchez niega la evidencia de un fenómeno que crece de manera exponencial y afecta tanto a propietarios como a la estabilidad social.

Es inaceptable que los españoles sean gobernados por líderes que prefieren maquillar los datos en lugar de actuar con firmeza para proteger a los ciudadanos. La okupación no solo es un delito contra la propiedad, sino un ataque directo a los derechos fundamentales de los propietarios, quienes se ven desamparados frente a una administración que prioriza su agenda política por encima de la justicia.

La necesidad de una respuesta contundente
La creciente incidencia de la okupación y los prolongados tiempos de espera en los tribunales exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades. Reformas legales que agilicen los desahucios, medidas que fortalezcan la protección de los derechos de los propietarios y una mayor dotación de recursos para los tribunales son pasos imprescindibles para abordar este problema.

Además, es fundamental que la sociedad civil tome conciencia de la gravedad de esta situación y exija a sus representantes políticos una acción decidida. Las cifras no mienten: la okupación es un problema real y urgente que no puede seguir siendo ignorado.

Mientras Pedro Sánchez y su gobierno insisten en minimizar la okupación, los datos demuestran que estamos ante una crisis que afecta de manera directa a miles de familias en España. Este problema refleja una creciente inseguridad jurídica y una inacción gubernamental que deja a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

La okupación no puede ser tratada como una cuestión ideológica ni como un tema secundario. Es momento de que el Gobierno asuma su responsabilidad, deje de manipular la realidad y adopte medidas efectivas para proteger a los propietarios y garantizar el respeto por los derechos de todos los españoles.

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