La Fiscalía maniobra para salvar a un alto cargo de Bolaños cercado por un audio manipulado que destapo Impacto España Noticias

El audio manipulado que cerca por presunta corrupción a un alto cargo de Félix Bolaños sigue desaparecido. La fiscal del caso ha solicitado a la juez que investiga al director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, que el denunciante aporte de nuevo «el soporte digital con el contenido indicado», la fiscalía de Valladolid dirigida por el cuñado de Oscar Puente, el fiscal Manuel Javato, esposo de la hermana del ministro Sofia Puente.

Un extremo al que se niega la acusación, que rechaza «intervenir en la cadena de custodia» porque se rompería. En su opinión, tras aportarlo podría presentarse una alteración diferente a la que se habría efectuado. En su lugar, pide que se reclame la prueba a la Guardia Civil, que fue quien la aportó en noviembre de 2023.

 El hijo del denunciante, que entonces tenía 12 años, compareció en marzo de 2022 ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega Gonzalez. El juez solicitó a los presentes, excepto a un funcionario, que abandonaran la sala, en el video publicado por Impacto España Noticias en exclusiva, se ve claro la primera presunta manipulación del video y su sonido en el juzgado de Valladolid con la presunta ayuda de Aitor Cubo.

La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño, en el video se ve claramente que el sonido empieza a fallar a la declaración del menor, la sentencia beneficiaba a una extrabajadora del juez Emilio Vega Gonzalez. En el procedimiento participó como fiscal el marido de Sofía Puente, número tres de Bolaños y responsable directo del alto cargo imputado.

 El audio fue presuntamente manipulado con un «ruido rosa» según los peritos informáticos. Al percatarse de que era inaudible e irrecuperable, el padre denunció lo sucedido ante la Guardia Civil.

El progenitor señala a la Dirección General de Transformación Digital al entender que esta es «responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación». La juez ha reclamado en varias ocasiones la prueba, aunque esta no aparece.

En un escrito, la fiscal del caso, Paz Ruiz, ha pedido a la magistrada Susana Trujillano que el denunciante aporte de nuevo el soporte digital con el contenido de su denuncia o, en su defecto, que el juzgado solicite la grabación al Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, donde el menor declaró en un proceso de custodia de menores en marzo de 2022.

«Esta acusación particular no quiere intervenir en la cadena de custodia de la prueba, dado que le sería muy fácil al abogado de la defensa (que ejerce la Abogacía del Estado) poder afirmar que no es la misma copia, que hemos aportado otra copia distinta o que está contaminada».

 «Con el fin de colaborar con la Administración de Justicia y con este juzgado, y que no se perjudiquen más los derechos del perjudicado y víctima, nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil para comprobar si guardan copia íntegra del contenido del pendrive y, efectivamente, así es».

La magistrada Susana Trujillano pidió el dispositivo el pasado diciembre al Decanato. Era la segunda vez que lo reclamaba y eso hizo saltar las alarmas de la acusación, que sospechó entonces de su extravío. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid solicitaba información sobre «los motivos que impiden la remisión del pendrive solicitado mediante oficio el 6 de noviembre de 2024».

La Guardia Civil entregó el pendrive al Decanato el 2 de noviembre de 2023, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario. Este órgano suele remitir las pruebas al juzgado competente de forma inmediata.

Decanato asegura a las partes que dio traslado inmediato al dispositivo y que dejó todo lo relativo a este caso «en el casillero del Juzgado número 7 de Madrid, que recogió todo su contenido, no quedando en esta oficina ningún documento u otro elemento adjunto».

La acusación admite en un escrito remitido a la juez su sorpresa porque se haya extraviado la prueba, ya que el pendrive desaparecido no solo contenía el audio manipulado, «sino que también se grabaron en dicho soporte diez archivos PDF que sí constan en la denuncia y en los autos, por lo que es obvio que el soporte llegó al juzgado y se descargó».

La defensa califica de «intolerables» las manifestaciones del abogado del Estado, que aseguró que «a lo mejor no existía la prueba aportada» y ahora, casualmente, «no aparece».

El procedimiento se encuentra en stand by después de que Trujillano decidiera el pasado 2 de octubre suspender la vista tras 20 minutos de debate entre el fiscal, la acusación y la defensa de Cubo sobre la legalidad de que la Abogacía del Estado se personara en representación del investigado.

La juez no entró en el fondo de la cuestión porque, antes de hacerlo, el abogado del alto cargo del departamento de Bolaños alegó que su cliente no disponía de la copia de la grabación manipulada y, por tanto, se encontraba en situación de indefensión.

 «La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial realizado a petición de la acusación por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (Life).

Manos Limpias denunció el pasado 15 de enero ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el robo del pendrive en sede judicial. El sindicato explica que el dispositivo desapareció del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que investiga al alto cargo del departamento que lidera Bolaños.

En su denuncia, Manos Limpias señala a Trujillano y a la letrada de la Administración de Justicia por «el robo» de la prueba que aportó la Guardia Civil en el Decanato, «que a su vez dio traslado del mismo al juzgado». El texto sostiene que el deber de custodia de documentos y otro tipo de material supone «una falta muy grave disciplinaria» y puede acarrear penas de prisión de hasta cuatro años, según el artículo 413 del Código Penal.

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