Dos cargos de Compromís dirigen la nueva asociación de damnificados por la DANA para usarla contra Mazón
Desde el Partido Popular han acusado a Compromís de "politizar el dolor de los damnificados" en un intento de desgastar la imagen del actual gobierno regional
La reciente creación de una asociación de damnificados por la DANA en la Comunidad Valenciana ha despertado una fuerte controversia política. Se ha revelado que dos altos cargos de Compromís están al frente de la organización, lo que ha llevado a algunos sectores a cuestionar su imparcialidad y a señalar un posible uso partidista en contra del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Se trata de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’octubre 2024 (Asociación de Víctimas de la Dana de octubre de 2024). «Queremos llevar a Carlos Mazón y a su Gobierno a los tribunales». La citada asociación tiene como presidenta a Marisol Gradolí, ex asesora de Compromís en la Diputación de Valencia y actualmente en Prensa del Ayuntamiento de Catarroja.
Otro de los referentes de la citada Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024 es Merche Alabau, que, según consta en la web municipal del Ayuntamiento de Valencia es vocal titular por Compromís en la Junta Municipal de Pobles del Sud.
Por lo que respecta a Empar Puchades fue designada por el Gobierno de Joan Ribó hija predilecta de Valencia en 2019. Joan Ribó fue alcalde de Valencia entre 2015 y 2023, también por la coalición nacionalista Compromís, con el apoyo del PSOE.
La asociación y su vínculo con Compromís
La asociación, que en principio se presenta como una entidad de apoyo y defensa de los afectados por la DANA, tiene entre sus principales dirigentes a dos figuras relevantes de Compromís. Este hecho ha levantado sospechas sobre la posible instrumentalización de la tragedia con fines políticos.
Se da la circunstancia de que Escola Valenciana, cuya relación con Compromís es muy buena, recibió entre los años 2016 a 2021 en torno a los 990.000 euros del Gobierno del socialista Ximo Puig.
Desde el partido, han defendido la iniciativa asegurando que el objetivo es dar voz a los afectados y exigir responsabilidades en la gestión de la crisis climática y sus consecuencias. Sin embargo, desde el gobierno autonómico y otras formaciones políticas han acusado a Compromís de tratar de utilizar a los damnificados como una herramienta de oposición a Mazón.
Críticas y reacciones políticas
El gobierno de la Generalitat Valenciana ha calificado esta situación como un intento de deslegitimar su gestión y ha afirmado que las ayudas y planes de reconstrucción se están ejecutando según lo previsto. Desde el Partido Popular han acusado a Compromís de "politizar el dolor de los damnificados" en un intento de desgastar la imagen del actual gobierno regional.
Por otro lado, Compromís ha respondido asegurando que su implicación en la asociación responde a un compromiso con los ciudadanos afectados y que su objetivo es garantizar que se cumplan las promesas de ayuda y reconstrucción. Según los dirigentes del partido, la asociación no tiene una agenda política, sino que busca representar los intereses de los damnificados.
Consecuencias y futuro de la asociación
El debate sobre la legitimidad de la asociación y su vínculo con Compromís continúa abierto. Mientras algunos sectores ven en ella un necesario movimiento ciudadano para presionar al gobierno regional, otros la perciben como una estrategia política disfrazada de activismo social.
En los próximos meses, la actividad de la asociación y sus pronunciamientos serán clave para determinar si efectivamente actúa en defensa de los damnificados o si se convierte en un instrumento de oposición a Mazón. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y el debate político en torno a la gestión de la DANA se mantiene en el centro de la agenda valenciana.
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