Sánchez prepara las elecciones y busca votos: ya ha nacionalizado a 237.000 marroquíes
Este grupo de más votantes marroquíes podía decidir varios escaños, convirtiéndose en un nicho electoral clave. En las anteriores elecciones generales, los socialistas marroquíes se jactaron del apoyo mayoritario de sus compatriotas a Sánchez
Pedro Sánchez busca ganar las próximas elecciones y sabe que el voto marroquí es suyo. En plena antesala de las próximas elecciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha desde hace tiempo una estrategia electoral sin precedentes, orientada a sumar votos mediante la nacionalización de inmigrantes marroquíes.
Desde 2018, y durante los casi siete años que Sánchez lleva al frente del Gobierno, se han concedido la nacionalidad española a 237.000 ciudadanos procedentes de Marruecos por «buena conducta cívica». Sólo en 2023, el Gobierno dio la nacionalidad a 45.799 marroquíes, predominantemente hombres de 19 años.
Es una cifra que ha transformado radicalmente el censo electoral y que posiciona al voto marroquí como un nicho electoral clave para el PSOE, ya que una de las consecuencias de la nacionalización es la obtención del derecho a sufragio.
Esta política de nacionalización masiva no es fruto del azar. Desde que asumió el poder, Pedro Sánchez ha acelerado la incorporación de nuevos votantes marroquíes, en una maniobra que va más allá de la integración social.
La estrategia tiene un claro objetivo electoral: sumar apoyos en las urnas para asegurar la reelección. Con cada nacionalización, el Gobierno añade nuevos votantes que, en regiones decisivas, podrían determinar la asignación de uno o dos escaños en el Parlamento. Así, el voto marroquí se convierte en un recurso estratégico para ganar elecciones.
Impacto electoral socialista
El impacto electoral de esta estrategia es palpable en diversas regiones de España, especialmente en comunidades como Cataluña. Se estima que en esta comunidad residen cerca de 250.000 marroquíes, de los cuales más de 150.000 tienen derecho a voto.
En elecciones anteriores, la movilización de este colectivo fue determinante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Cataluña cada 75.000 votantes aproximadamente se traduce en la asignación de un escaño, lo que significa que el apoyo de este grupo pudo inclinar la balanza electoral, convirtiéndose en un factor decisivo para el PSOE. Entre esta comunidad, la cuestión del Sáhara, prioridad nacional por excelencia en su país de origen, fue determinante.
Además, durante la campaña electoral, los socialistas marroquíes se enorgullecieron públicamente del respaldo mayoritario hacia Pedro Sánchez. En declaraciones recogidas en medios, se destacó cómo la política de nacionalización y la inclusión de estos nuevos votantes no solo fortalecieron la imagen del Gobierno, sino que también evidenciaron el compromiso del Ejecutivo con aquellos que demuestran «buena conducta cívica».
La realidad electoral es innegable. El incremento de votantes marroquíes se traduce en un cambio significativo en el panorama político español. Con cada nueva nacionalización, el Gobierno de Pedro Sánchez suma un voto más a su favor, consolidando un nicho electoral que podría ser crucial en la próxima contienda electoral. Esta estrategia, que fusiona la política migratoria con objetivos electorales, demuestra una visión pragmática centrada en el cálculo del voto.
El uso espurio y partidista
La política de nacionalización marroquíes, lejos de responder a criterios puramente humanitarios o de integración, Sánchez lo utiliza de forma instrumental para ganar votos. El Gobierno condiciona el reconocimiento ciudadano a intereses electorales.
La nacionalización masiva de marroquíes es una jugada diseñada para asegurar el éxito electoral, sin tener en cuenta el impacto real en la cohesión social y en la defensa de la esencia e identidad de España.
Con esta política, el Gobierno no solo busca integrar a nuevos ciudadanos, sino, de manera muy clara, ganar en las urnas. La transformación del censo electoral a través de estas medidas posiciona al voto marroquí como un elemento determinante que, en regiones clave, podría marcar la diferencia entre uno y dos escaños, redefiniendo así el equilibrio de poder en el Parlamento y asegurando una victoria a toda costa para el Ejecutivo.
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