El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha declarado este viernes como testigo en el Tribunal Supremo (TS) que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le reprochó que el ICAM se enfrentara a la Fiscalía por la nota de prensa sobre Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- e intentó firmar una declaración conjunta para rebajar la tensión, pero se negó.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la declaración de Ribón ha girado en torno a dos puntos. En primer lugar, el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, ha querido conocer su opinión sobre el impacto que la nota de prensa emitida por Fiscalía el 14 de marzo de 2024 tuvo en el principio de confidencialidad y en el derecho a la secreto profesional.

Ribón ha ratificado lo que ya expuso el ICAM tanto en el comunicado que emitió en respuesta a esa nota de prensa como en la denuncia que presentó posteriormente por estos hechos en los juzgados madrileños. Este viernes, a su llegada al TS, ha expuesto que el ICAM actuó al entender que se había podido vulnerar "uno de los principios esenciales sobre los que se construía el derecho de defensa, que es el principio de confidencialidad y el secreto profesional".

"El Colegio seguirá defendiendo el secreto profesional, que no es un derecho del abogado, es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, lo que se está protegiendo es la última frontera para que cualquier ciudadano (...) tenga la absoluta confianza de que las palabras que mantiene o las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte de ese halo de secreto", ha dicho antes de testificar.

El segundo eje de la declaración, según las fuentes consultadas, ha sido la reunión que tuvo lugar el 15 de marzo de 2024 entre Ribón, García Ortiz; la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entre otras personas.

Ribón ha contado que García Ortiz defendió la nota publicada el 14 de marzo por la Fiscalía dando detallada cuenta del intercambio de 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para intentar llegar a un acuerdo.

El decano de los abogados madrileños ha expuesto que el fiscal general reivindicó que esa nota de prensa era necesaria para desmentir lo que consideraba "un bulo", en alusión a la noticia publicada por 'El Mundo' a las 21:29 horas del 13 de marzo donde se decía que Salto ofreció pactar al novio de Díaz Ayuso, cuando fue al revés.

Ribón ha relatado que García Ortiz también afeó al ICAM que hubiera emitido su propia nota de prensa para criticar la reacción del Ministerio Público a las informaciones periodísticas.

En ese comunicado, el colegio profesional tachó "de extrema gravedad la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, de datos concretos de unas diligencias de investigación", al entender que constituía una vulneración de los "principios básicos de sigilo, confianza y buena fe" y ponía en riesgo la "neutralidad" del Ministerio Fiscal.

Además, el jefe del ICAM ha sostenido que García Ortiz les ofreció tanto a él como a Ortega emitir una declaración conjunta para dejar constancia de la relación cordial de sus respectivas entidades con la Fiscalía, así como para manifestar que con la nota de prensa del Ministerio Público no se había socavado ningún principio jurídico ni derecho fundamental.

 El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, declaró el pasado 5 de febrero como imputado que esa reunión --que él ayudo a convocar-- era para "calmar las aguas", tras la difusión de ambos comunicados.

Ribón ha explicado que se negó a esa declaración conjunto y la reunión terminó minutos después. Según ha detallado, fue un encuentro breve pero tenso al que asistieron numerosas personas, algo que dice que le sorprendió.

CHOQUE CON LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Durante la declaración de Ribón, que ha durado hora y media, una de las partes más activas ha sido la Abogacía del Estado, que defiende tanto a García como a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.

De acuerdo con las referidas fuentes, los abogados del Estado han protagonizado un choque con Ribón porque él ha afirmado que, a raíz de la polémica nota de prensa del Ministerio Público, los acuerdos de conformidad entre fiscales e investigados se han resentido, algo que los Servicios Jurídicos del Estado han negado avanzando que aportarán documentación para acreditarlo.

 Asimismo, las fuentes apuntan que la Abogacía del Estado ha interrogado a Ribón sobre la posibilidad de que González Amador y su entorno fueran la fuente de la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 donde el abogado del novio de Díaz Ayuso se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales, si bien el decano del ICAM ha contestado que en esa reunión no se habló de filtraciones, solo del controvertido comunicado.

Las mismas fuentes aseveran que los abogados del Estado han sido tan insistentes en su interrogatorio a Ribón que el juez Hurtado ha tenido que llamarles la atención.

Días después de esa reunión, Ribón --en nombre del ICAM-- presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la Fiscalía por la nota de prensa. A raíz de dicha denuncia, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid figura como una de las acusaciones populares en la causa que dirige el Supremo.

 LA CAUSA CONTRA EL FGE

La declaración de Ribón ha tenido lugar tras la comparecencia ante el alto tribunal las tres personas que figuran como investigadas en el procedimiento: García Ortiz, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe.

Ribón también ha comparecido después de que declararan más de una decena de testigos, incluido Salto; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el ex líder del PSOE de Madrid Juan Lobato; dos jefes de prensa de la Fiscalía y varios periodistas.

González Amador llevó el asunto a los tribunales al considerar que la nota de prensa suponía un delito de revelación de secretos porque contenía datos confidenciales referidos a las negociaciones entre su defensa y Salto para intentar llegar a un acuerdo.

La investigación, que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y después saltó al Supremo, se ha ido ampliando para incluir también el correo electrónico del 2 de febrero de 2024 y la filtración de la existencia de una investigación contra González Amador, noticia que acabó publicándose el 12 de marzo en 'eldiario.es'.

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